Rectores rechazan que campus sean espacios vedados para políticos

¿Debe una universidad impedir la realización de charlas de políticos o negar la presentación de ideas que se alejan de sus principios?

Esta semana se abrió una polémica luego de que la Universidad de Concepción negó la autorización al ex candidato presidencial José Antonio Kast para realizar una charla sobre su trabajo de servicio público. El hecho desató la molestia del ex diputado, quien incluso anunció acciones legales contra la casa de estudios por discriminación.

Rectores consultados por La Tercera coinciden en que las universidades deben ser espacios abiertos al debate de ideas de todo tipo y no comparten lo sucedido en la U. de Concepción.

El rector de la U. del Desarrollo, Federico Valdés, sostuvo que "creo que las universidades tienen que estar abiertas a oír las ideas de todos quienes quieran plantearlas respetuosamente. La universidad es el lugar donde deben confrontarse las ideas e imponerse la razón". Y añadió que "nosotros no discriminamos a quienes convidan los alumnos a participar en sus actividades".

Su par de la U. de Talca, Álvaro Rojas, manifestó que "las universidades públicas deben ser abiertas a todas las expresiones, no podemos excluir a nadie". Y explicó que en los distintos campus hay espacios abiertos para la realización de debates y confrontación de ideas y que solo el Aula Magna tiene restricciones al ser un espacio reservado a actividades académicas.

Rojas añadió que "me sorprende que esta situación haya ocurrido en una universidad con tanta tradición". Y recordó que "es parte de la formación de los estudiantes el poder escuchar todo tipo de ideas".

El rector de la U. Central, Santiago González, manifestó que, "en general, las universidades, y nuestra universidad, deben estar abiertas a debatir todas las ideas y permitir que se expresen los distintos sectores y no podemos dejar fuera a alguno porque la universidad tiene una tendencia".

González detalló que en la U. Central sólo están prohibidos los eventos políticos como, por ejemplo, el lanzamiento de una campaña política o actos llamando a votar por algún candidato.

La U. Católica ha estado envuelta en un largo debate respecto del aborto en tres causales y el rector de la institución, Ignacio Sánchez, ha manifestado públicamente su postura contraria a esta normativa. Pese a esto, en la casa de estudios se han realizado debates y actividades donde todas las posturas han estado representadas.

El rector Sánchez dijo que "en los últimos tres años de debate de la ley de despenalización del aborto invitamos a representantes de distintas posturas, incluso distintas a la nuestra, porque nos parecía muy valioso escucharlos y confrontar ideas y que los alumnos y profesores tuvieran ese entorno de discusión".

Sobre la importancia de la expresión de ideas en las universidades, Sánchez resaltó que "yo estoy convencido de que la universidad como concepto debe contar con debates abierto a todos los sectores, con la restricción obvia de no incitación a violencia u odio". Y subrayó que "nuestra universidad está abierta a la expresión política de todos los sectores".

La prohibición de realizar la actividad generó duras críticas por parte de José Antonio Kast, quien a través de Twitter manifestó que "si una universidad le tiene miedo a lo que yo puedo decir en un foro de estudiantes titulado "Servicio Público", esa institución no merece llamarse universidad. Una vergüenza la UdeC".

Además, envió una carta de reclamo al rector Sergio Lavanchy: "Escribo la presente a fin de manifestar mi más profundo repudio al acto discriminatorio y arbitrario del cual han sido objeto un grupo de más de 300 estudiantes de la casa de estudios que usted dirige, quienes han decidido invitarme a fin de entregarles un testimonio sobre servicio público. Desde el primer momento solo se encontraron con obstáculos a la hora de poder reservar un auditorio, y al por fin reservar uno -pagado, vale mencionar- se encuentran con el bloqueo y censura infundados por parte de vuestra universidad", dice el documento.

El plantel sólo respondió a través de un comunicado de prensa en el que manifestaron que "se detectó una falla de procedimiento en el arriendo de dicho espacio universitario y ante ello se procedió a revocarlo, devolviéndose el dinero -35 mil pesos- a quienes lo habían arrendado y ofreciendo las disculpas del caso a los organizadores de la actividad y al señor Kast".

La universidad, además, sostuvo que "la reglamentación interna de la Universidad de Concepción, específicamente el acuerdo del Directorio Universitario del 25 de septiembre de 1998, prohíbe el uso de sus espacios con fines políticos o partidistas". Pese a ello, Kast anunció acciones legales en el marco de la Ley Zamudio.

El abogado de José Antonio Kast, Jorge Barrera, planteó que en este caso "hay discriminación arbitraria, debido a que, obviamente, él fue discriminado por pensar distinto y le fue vetado el ingreso a la universidad, pero esto no ocurrió en el caso de Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Beatriz Sánchez".