Reforma a Fonasa incluirá plazos de atención máximos para todas las patologías

Una garantía de oportunidad explícita, tal como hoy ocurre con las 85 patologías del Auge/GES, tendrían todas las enfermedades y prestaciones contenidas en el plan de salud de Fonasa. Eso, una vez en régimen la reforma al seguro público que está impulsando el gobierno, y que pretende ser enviada el Congreso el próximo 6 de enero. Entre otras cosas, la reforma fijará plazos de atención máximos para las distintas enfermedades, a partir de variables clínicas como severidad del cuadro, pronóstico y riesgo de secuelas en los pacientes.

Para ello, un consejo asesor, apoyado por expertos, estará encargado de analizar varios cientos de patologías, agrupándolas en cuatro categorías de complejidad, cada una con un plazo tope de resolución. Luego, las semanas o meses que determinen los especialistas para la atención de cada grupo quedarán plasmadas en un decreto con fuerza de ley.

Con esto se busca acotar las prolongadas esperas que aquejan a los usuarios del seguro público y que mantienen a casi 1,8 millón de personas aguardando una atención médica (ver nota secundaria). Fonasa atiende a 14 millones de personas en Chile, mientras las isapres suman 3,4 millones de beneficiarios.

"En esta ley se establecen plazos, porque se pretende disminuir radicalmente las listas. Hoy, la espera para una cirugía No Auge puede llegar a tres años y para una interconsulta de especialidad son dos años. Eso se va a disminuir de manera muy importante, porque una vez fijado el plazo, si la persona no recibió la atención, adquiere el derecho legal a ser derivado a otro centro", explicó el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

La próxima reforma pretende, según dijo el Presidente Sebastián Piñera a La Tercera, mejorar el acceso, calidad y dignidad de la salud. "Esto se va a hacer con una reforma profunda a Fonasa y también a las isapres, creando un plan universal de salud para todos, que le asegura a todo el mundo un plan básico de salud y, por encima de ello, podrá haber planes adicionales", dijo.

El nuevo Plan de Salud Universal incluirá prestaciones preventivas, atenciones de urgencia, el Auge/GES y el resto de las prestaciones del sistema, además de cobertura para medicamentos e insumos y un seguro catastrófico. Salud estimó que el nuevo plan costará $ 70 mil mensuales por persona, unos $ 30 mil más que lo que hoy gasta Fonasa.

Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, planteó que un plan universal "debería garantizar ciertos estándares de calidad, protección financiera y oportunidad, de forma similar al GES. Sin embargo, por razones financieras y de capacidad real de atención, estos serán diferentes para diversas patologías, pero es importante disponer de un sistema de fijación objetivo transparente y que dé garantías a todos de ecuanimidad".

El proyecto, además, transformará a Fonasa en un verdadero ente asegurador de sus afiliados. Por ello, la entidad quedará habilitada para generar diversas redes de prestadores, según criterios geográficos y de especialidad, que estarán a cargo de atender a los pacientes del seguro público.

Así, en caso de que el hospital de referencia no cumpla con una atención en el tiempo establecido, el paciente podrá exigir ser derivado a un segundo prestador de la red definida, para recibir la prestación.

Bajo esta premisa, las redes de Fonasa -que serán conocidas de antemano por los afiliados- se ampliarán: en primera instancia la atención corresponderá al hospital regional base, luego al pensionado del propio recinto, a continuación los hospitales institucionales y universitarios y, finalmente, a las clínicas privadas. Se ha dispuesto, eso sí, que los privados que establezcan convenio con el seguro público deberán cobrar el mismo valor que gastan los hospitales en atender las patologías, estableciéndose un monto fijo por soluciones médicas o "paquetes de atención", que incluirá todas las prestaciones que se requieran para dar de alta al paciente.

"Fonasa tendrá la potestad de organizar su red y ofrecer a los prestadores que quieran entrar a esta, pero al mismo precio que paga en el sector público, porque queremos financiarlo adecuadamente y no generar un escape de recursos hacia los privados", añadió Mañalich.

Según se ha estimado, el Plan de Salud Universal tendrá una cobertura del 80% y más. "Esta ley, además, mejora la cobertura financiera en medicamentos, insumos y copagos. Por ende, se hace cargo de las dos situaciones más dramáticas para las personas, que son el gasto de bolsillo y las largas esperas", acotó Mañalich.

En paralelo, la cartera trabaja en actualizar los costos reales del quehacer de los hospitales, dado que los valores no han sido reajustados y están, mayoritariamente, subvalorados, lo que redunda en el déficit hospitalario que afecta al sistema.

"El solo hecho de tener una ley no hará que las cosas cambien. Hay que modernizar Fonasa y también su gestión, la de los prestadores, y sincerar los costos reales de salud, además de definir variables para contenerlos, porque tenemos un sistema público tremendamente endeudado", sostuvo Victoria Beaumont, directora ejecutiva de la Fundación Politopedia.

Rafael Caviedes, antiguo director de Fonasa y expresidente de la Asociación de Isapres, urge por la modernización del servicio. "Han transcurrido más de 40 años desde que se creó Fonasa y la medicina y las necesidades de salud de la población han cambiado (...) Se debe pasar a un sistema que no se pague por prestación, sino que por soluciones médicas integrales".

En esto coincide Sánchez, quien propone avanzar a la "paquetización" de las soluciones médicas, para que se financien ya no las atenciones aisladas que un paciente requiere desde su diagnóstico hasta el alta, sino la resolución completa de la patología, con un costo predefinido. "Tiene que haber un plan de salud universal diseñado de tal manera que permita orientar el modelo de atención. No puede ser un listado de prestaciones, sino que debe ser estructurado en base a soluciones de problemas de salud".

Según el cronograma del gobierno, el proyecto de ley -que tendrá suma urgencia- podría demorar 18 meses en tramitarse, requiriendo otros seis para los decretos. Así, se prevé que en 2022 los usuarios de Fonasa puedan acceder al Plan de Salud Universal.