El pasado 19 de enero, Gamal Massú, fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Occidente, solicitó una audiencia para reformalizar al alcalde de Buin, Miguel Leonardo Araya Lobos.
Esto, en el marco de la investigación que se inició por una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) a partir de una denuncia anónima sobre “funcionarios fantasma” en el municipio.
Originalmente el CDE se querelló en contra de Sebastián Salas un extrabajador a honorarios de la Municipalidad de Buin que en paralelo cumplía labores a jornada completa en una empresa y su hermana, Amanda Salas, que también se desempeñaba en el municipio. Luego, el Ministerio Público, al formalizar la causa hace ya dos años, la extendió también contra el alcalde.
Contraloría en su momento sancionó al alcalde por haber visado los decretos de pago a Sebastián Salas, pese a que el trabajador no realizaba los trabajos por los que estaba contratado.
En la solicitud de la audiencia de reformalización, la fiscalía da cuenta de “la necesidad de agregar hechos a los ya comunicados”.
Según el documento, además del delito de fraude al fisco en el que habrían incurrido los tres imputados, la autoridad municipal será formalizada por la responsabilidad que tendría como autor de otros dos delitos en calidad de consumados: enriquecimiento ilícito y lavado de activos, indicando como fecha de comisión de esos presuntos ilícitos los años 2017, 2018 y 2019.
El Juzgado de Garantía de San Bernardo fijó la audiencia para el miércoles 6 de marzo, a partir de las 9.00 horas, en sus dependencias.
El concejal Ariel Gómez, que ha fiscalizado de cerca la denuncia, señaló que la Municipalidad de Buin no es parte del proceso. Según explicó, al solicitar información en las sesiones del Consejo Municipal, le han indicado que aportarían todos los antecedentes que la justicia requiriera.
