Entre aplausos y abrazos, durante la tarde de este miércoles 23 de octubre, los jueces y funcionarios de la Corte Suprema despidieron al ahora exministro Juan Eduardo Fuentes Belmar, quien culminó funciones en el máximo tribunal tras cumplir 75 años, edad límite para permanecer en el cargo.
Ese día, los trabajadores se agolparon en los pasillos del Palacio de Tribunales, como habitualmente lo hacen en medio de “rituales” de esta naturaleza, con rostros de alegría y gratitud, lo que implicó una clara diferencia respecto del adiós que dieron a otros dos supremos sólo un par de días antes.
Y es que la forma en que culminaron las carreras en el Poder Judicial de los otrora influyentes jueces Ángela Vivanco y Sergio Muñoz no dio espacio para despedidas oficiales y menos para homenajes institucionales. La primera fue removida en un proceso interno que culminó el jueves 10 de octubre, por diversas irregularidades en su labor en la Tercera Sala, y el segundo tras la aprobación de una acusación constitucional, seis días más tarde, luego de que el Senado diera por acreditado que compartió información reservada de una causa judicial con su hija y por no haber alertado que ella, también magistrada, estaba teletrabajando en Italia fuera de sus jurisdicción.
El escenario sólo propició mensajes en privado de algunos supremos a sus ahora ex colegas, pero corporativamente nada. De hecho, quienes se desempeñan en el edificio ubicado en Compañía de Jesús comentan que ya se dejó de hablar de la situación de ambos en la Corte y que, incluso, no fueron mencionados en las jornadas de reflexión que realizaron este jueves y viernes. “A rey muerto, rey puesto”, indicaron.
Pese a ello, ni Vivanco ni Muñoz han dejado en el pasado lo ocurrido. Como ha podido evidenciar este medio, los dos tienen cuestionamientos sobre las acusaciones que enfrentaron y, acciones más acciones menos, pretenden revertir el escenario.
Muñoz desde la sombra
Si bien los abogados que representaron al exministro Sergio Muñoz ante el Congreso han decidido mantener bajo total reserva posibles arremetidas judiciales producto de su destitución, el otrora poderoso juez tampoco se ha desistido de ninguna de los dos recursos que se presentaron a su favor en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Aquello, comentan en tribunales, porque desde un inicio desde el entorno del abogado se indicó que había una vulneración de derechos tras el accionar del Parlamento. De hecho, Jorge Correa Sutil, quien lo representó, había sostenido que el Estado sería responsable si se llegaba a aprobar el libelo contra su cliente.
Así, un primer escrito presentado por la abogada Ana María Watkins, busca “dejar sin efecto la acusación constitucional colectiva” presentada contra Muñoz y Vivanco, y todos los “perniciosos efectos” que de ella se derivaron, por considerarla “ilegal y arbitraria”.
Esta acción, como el mismo Muñoz comentó a este medio, se presentó “sin su conocimiento”, pero dado que no hubo pronunciamiento en varios días de su parte, la abogada presentó un “téngase presente” ante el tribunal de alzada donde comunicó: “Hasta el momento no consta en autos que el afectado se haya desistido ni haya nombrado a otro abogado para que lo represente, por lo que entiendo que cuento con su aquiescencia tácita”.
Asimismo, durante la jornada del jueves, 13 emblemáticas agrupaciones de DDHH replicaron la acción y también pidieron se declare improcedente la acusación.
Pese a dichas intenciones, abogados que conocen de la materia aseguran que es complejo que puedan acogerse, dado que la jurisprudencia ha establecido que no proceden recursos de protección sobre medidas administrativas. Así, indican, que el único camino que les queda es ir a organismos internacionales.
A la espera de su sentencia
En tanto, Ángela Vivanco y sus abogados están esperando que el pleno de la Corte Suprema emita la sentencia íntegra de la resolución que selló su remoción y que ya estableció que comprometió “gravemente con su mal comportamiento los cimientos del Estado de Derecho”.
Con eso en mano, como ya han adelantado desde su defensa, lo más probable es que pidan la nulidad de la misma. Pero dado que consideran que eso difícilmente podría ser acogido, ya es prácticamente un hecho que llevarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las vulneraciones y vicios que se habrían evidenciado durante el proceso.
Según sostienen desde el entorno de la ex magistrada, la remoción no estaría debidamente fundamentada, en tiempo y forma, ya que hasta ahora, no se les han entregado detalles que argumento concreto respecto del mal comportamiento que se le atribuye.
Además, dicen, durante el proceso no se habrían respetado las garantías básicas de un juicio justo, especialmente -recalcan- en cuanto a la imparcialidad de las autoridades que participaron en la decisión. Esto último, explican, porque en reiteradas ocasiones reclamaron sin éxito respecto de las implicancias que tendrían algunos de los supremos y base a las cuales, a su juicio, no debieron emitir pronunciamiento.
En el mismo sentido, manifiestan que Vivanco no tuvo acceso a una revisión judicial adecuada de las decisiones en su contra, omitiéndose las argumentaciones que tanto ella como sus abogados entregaron.
En paralelo, cabe hacer presente, la ex ministra también prepara su defensa en sede penal, pues también enfrenta las indagaciones que lidera la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, por eventuales delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho. Ahí, aún no ha prestado declaración.