Antes de las 13.00 de este viernes, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, llegó hasta el Centro de Justicia de Santiago.
El motivo de su arribo se debe a la audiencia de cautela de garantía solicitada por su defensa, luego de que el miércoles por la noche la Policía de Investigaciones frenara su salida del país en el Aeropuerto de Santiago. Su destino era Venezuela y, según señaló, fue invitado por el gobierno de Nicolás Maduro para participar de una instancia internacional relacionada a los municipios.
La PDI alertó a la fiscal Giovanna Herrera, quien a su vez se comunicó con el abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda. La persecutora le señaló que si el viaje se concretaba, pediría una orden de detención. La fiscal planteó que el alcalde está a un mes de su formalización por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). Así las cosas, Jadue desistió de viajar.
Posteriormente, quien fuera precandidato del Partido Comunista a La Moneda, acusó un “abuso brutal” y anunció acciones legales. Esto, dijo, debido a que no contaba con medidas cautelares que le impidieran salir del país.
A su llegada a tribunales, acompañado de su abogado, el alcalde exigió “un mínimo de respeto” y evadió las consultas de la prensa. A su vez, adelantó que no hablaría con los medios a la salida.
Audiencia
En la audiencia, desarrollada en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, el abogado defensor del alcalde relató los hechos y aseguró que el llamado de la fiscal fue una “amenaza ilegal”. En la conversación, afirmó el profesional, la fiscal Herrera argumentó con que “no hay tratado de extradición con Venezuela”. El abogado criticó la presunción de la fiscalía sobre una posible fuga de Jadue a Venezuela previo a su formalización. En ese sentido, dijo que desde que conocen de la formalización, Jadue ha viajado cinco veces, dos de ellas a Venezuela. Dichos viajes ocurrieron en noviembre y diciembre de 2023.
“Creemos que se han vulnerado varios derechos y garantías legales y constitucionales consagradas por nuestro sistema de justicia”, dijo el defensor privado, quien señaló que lo que hizo la PDI fue una “retención o detención ilegal”.
En la audiencia fue el fiscal regional de la fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien planteó los argumentos del Ministerio Público. Armendáriz defendió la “alerta temprana” emitida el 1 de abril respecto a Jadue y mediante la cual la Policía de Investigaciones reportó al Ministerio Público del viaje del alcalde. Además, el fiscal regional asumió la total responsabilidad de lo ocurrido. “Quiero dejar constancia, su señoría, que lo actuado por la fiscal Giovanna Herrera es por instrucciones de este fiscal regional que soy su superior jerárquico y por ley tengo mi cargo en la tramitación de las causas. O sea, quiero ser claro en eso, es una actuación llevada entonces por una orden directa de quien habla”, señaló.
“La fiscalía en caso alguno ha coaccionado ni avisado ni impedido ni amenazado ni privado a nadie que haga uso de su libertad ambulatoria. Simplemente se conversó con el abogado de la causa, que él mismo ha señalado que es frecuente, son recurrentes las conversaciones con la fiscal. Se señaló la situación indicándole, dándole a conocer que frente a este nuevo escenario la fiscalía estaba evaluando la posibilidad de solicitar un aumento de la intensidad de las cautelares”, agregó el persecutor.
El abogado Ramón Sepúlveda pidió en la audiencia que se declare por el tribunal “que se han vulnerado normas del Código Procesal Penal y garantías legales y constitucionales” y, además, que se aperciba al Ministerio Público a informar, justificar y dejar sin efecto la alerta sobre su representado y declarar que no tiene prohibición de salir.
Antes, en una entrevista con 24 Horas, el jurista dijo que presentarían una querella contra la fiscal Herrera. Además, señaló que recurrirán al fiscal nacional, Ángel Valencia, para que se realice un sumario administrativo y se evalúe la remoción de la fiscal Herrera y del fiscal regional. “Creemos que la fiscal Herrera ha perdido la objetividad y también el fiscal regional respecto a esta investigación”.
Tras un receso, a las 15.00 horas, tomó la palabra la jueza Katherine Román para señalar que rechazaba la petición de la defensa del jefe comunal.
“Esta jueza cree que no ha existido, por lo menos, no se ha fundamentado, no se han entregado antecedentes suficientes que permitan a esta jueza estimar en esta audiencia que ha existido vulneración a la igualdad ante la ley”, sostuvo, indicando, también que “no existen antecedentes para estimar una discriminación”-
Román expuso que la acción de la fiscal no constituye una afectación la libertad personal de Jadue.
“A mi entender, entonces, no existe ninguna afectación de las garantías en que ha fundamentado la defensa sus argumentaciones”, agregó la jueza.
Tras conocerse la decisión de la magistrado, el Ministerio Público informó que levantó el secreto de la causa y que estaba en condiciones de formalizar en el acto al alcalde. Por ello, el fiscal Marcelo Cabrera, solicitó anticipar la audiencia fijada para el 29 de mayo. La defensa del alcalde se opuso y la jueza Román desestimó la solicitud explicando que no era posible acceder “por cuestiones de disponibilidad estructurales, organizativas y de jueces”.
