Robo del siglo: los cuatro “cabos sueltos” que quedan por aclarar

Una misteriosa incautación, atribuida a la PDI, de una bolsa con dinero que uno de los líderes de la banda había pedido custodiar; la eventual participación de un carabinero (según declaró uno de los guardias de la empresa de transporte de valores Esertval); el destino del millonario botín, cuánto falta por recuperar y dónde lo guardaron. Estas son algunas de las interrogantes que aún no se aclaran en el atraco más cuantioso del que se tenga registro en Chile.

El 19 de septiembre de 2017 un grupo de personas se llevó $16 mil millones en efectivo desde una empresa de transporte de valores en Independencia. Esa vez, los guardias que custodiaban el dinero dijeron haber sido víctimas del hecho, pero en marzo de este año reconocieron que fueron parte de la planificación del asalto. La policía ya tenía sospechas de su participación y sus declaraciones aportaron para confirmar quiénes eran el resto de los integrantes de la agrupación.

Carabineros, sin embargo, ya sabía quiénes estaban detrás del atraco desde mucho antes. Declaraciones judiciales, interceptaciones telefónicas y seguimientos realizados por la policía uniformada desde noviembre de 2017 sirvieron para ir recabando las principales pruebas para detener a los presuntos responsables el martes pasado. Incluso, sobre la base de información entregada por Gendarmería, se confeccionó un mapa-perfil de 11 de los 16 imputados en el caso, quienes alguna vez fueron compañeros de celda en la cárcel. Y si bien hay una gran parte del caso resuelta, existe otro tanto sobre el cual aún hay más dudas que respuestas.

El 16 de febrero de 2018, luego de obtener una orden judicial, Carabineros intervino una llamada telefónica realizada por la pareja de uno de los líderes de la banda, Manuel Díaz, alias el “Guatón Nolo”, a una amiga. En ella, y según se recoge en un informe policial, se enteraron de un incidente entre “Díaz y un tal ‘Matías’, quien, de acuerdo con la conversación, había guardado parte del botín y unas pistolas por encargo de Nolo en su casa, donde supuestamente llegó la PDI, quienes habrían incautado dinero y armas. Ello motivó una fuerte pelea entre Díaz y ‘Matías’, a quien habría amenazado de muerte junto a su madre ‘Ana’”.

En esa conversación telefónica se estaban refiriendo a Ana Salinas, quien declaró en la PDI el 1 de febrero sobre esta situación. Detalló que en octubre de 2017 “comencé a trabajar como empleada, en la casa de ‘Nolo’. En diciembre ‘Nolo’ fue a mi casa donde me entregó una bolsa; desconozco qué contenía, solo que pesaba tanto como un galón de gas de cinco kilos, señalándome que lo guardara hasta nuevo aviso”.

Dijo que el 15 de enero de 2018 “llegaron a mi casa dos sujetos quienes se identificaron como detectives, señalándome que estaban investigando el robo del siglo y venían a buscar la bolsa. Estas personas vestían terno. Me pidieron el carnet y les pedí que se identificaran, mostrándome entre sus chaquetas una cadena con un tipo de identificación. Luego escribieron mis datos en un papel en blanco que tenía unas letras que decían PDI y les hice entrega de la bolsa de nylon. No firmé nada”.

Indicó que ese mismo día llegó a su casa “Nolo, quien me señaló que en el camino a mi departamento se había cruzado con unos funcionarios de la PDI, tal vez eran los mismos que me habían pedido la bolsa. Nolo se enfureció”. La investigación busca aclarar qué fue esta presunta diligencia, pues no figura en los registros oficiales de la causa.

Una de las líneas investigativas fue la de los sospechosos y su arista patrimonial, por lo que el OS-9 desarrolló múltiples diligencias tomando declaración a testigos y haciendo seguimientos de personas, para identificar los millonarios bienes obtenidos por los imputados luego del robo.

Uno de los sindicados como parte de los líderes de la banda, Manuel Díaz, apodado el “Guatón Nolo”, según Carabineros, en marzo de 2018 compró un vehículo marca Ford a nombre de un tercero, pagando $ 9,5 millones con billetes de $ 10 mil, los que estaban en fajos elasticados de $ 1 millón. “Producto del análisis patrimonial a Manuel Díaz, fueron individualizados vehículos, propiedades y sociedades adquiridas y creadas con posterioridad al robo de Esertval, sin que existan ingresos de parte del imputado capaces de justificar semejantes gastos”, dice el documento. Por ejemplo, compró tres inmuebles, entre ellos una parcela en Algarrobo, y cinco vehículos, incluido un BMW y un Mercedes Benz. Aparte de comprar otros cuatro más a través de una sociedad y de transferir varios otros autos del año a su pareja.

Otro de los que registra compras de bienes de alto valor es el imputado Claudio Pino Morales, alias “El Pino”. En julio de 2019 compró un bien raíz en San Miguel por casi $ 100 millones, pagando al contado el pie de casi $ 10 millones, año en que no registra ingresos declarados. En esa misma fecha, su pareja compró en la misma comuna otra propiedad por $ 97 millones y pagó al contado $ 9,7 millones. Además, se compró dos casas en Puente Alto y cuatro autos, entre ellos, dos Porsche y un Chevrolet Camaro.

Aún están contando el dinero y bienes incautados para establecer cuánto falta por recuperar.

Durante la investigación, Carabineros estableció que un “desconocido le señaló a un agente encubierto, y testigo reservado de esta investigación, que Fernando Muñoz habría tenido participación en el robo y que habría custodiado el dinero con posterioridad a la comisión del delito. Este sujeto Muñoz mantendría una discoteca en avenida San Pablo donde ocultaron dinero”.

Además, dijeron que hay antecedentes que vincularían a un hermano de este Fernando Muñoz con integrantes de la organización. Según la declaración de una testigo que vendió su auto, ese hermano se lo compró por casi $ 10 millones pagados en efectivo, “la mayoría en billetes de $ 20.000”, a nombre de Domingo Lillo, uno de los detenidos por el robo del siglo.

Otra mujer declaró que esa misma persona este año le compró su auto en casi $ 7 millones, también pagados en efectivo.

Asimismo, a través de escuchas telefónicas se determinó que otro de los detenidos por el atraco, Claudio Pino Morales, mantiene contacto con Fernando Muñoz.

El 30 de marzo de 2020, funcionarios del OS-9 y el fiscal Marcelo Cabrera le tomaron declaración al guardia de la empresa de transporte de valores afectada por el robo, Jesús Bravo. En su testimonio el imputado fue detallando uno a uno el rol que jugó cada integrante de la banda. Dijo que Pablo Cordero Valenzuela, alias el “Dolape”, lo conocía desde 2016 y que fue uno de los que participaba activamente en las reuniones donde se planeó el robo.

“Cuando participé de la primera reunión escuché al Dolape decir que estaba esperando a su amigo Luchín para hacer el robo de la empresa, ya que andaba afuera, y para la segunda reunión ya estaba el Luchín (Carabineros confirmó que había llegado de París)”, declaró Bravo.

Y añadió: “Recuerdo que en la segunda reunión el Dolape le dijo a todos los que estaban que harían pruebas de ruta, con velocidad lenta y rápida, en esa reunión también escuché que participaría un carabinero que iba a estar con radio y que avisaría sobre la activación de alarma a la central de Carabineros”.