El 28 de noviembre y luego de que el Presidente Gabriel Boric le pidiera la renuncia a Jaime Veas -por ese entonces máxima autoridad de la Dirección de Educación Pública (DEP)- después de la crisis en el SLEP Atacama, el gobierno apostó por nombrar como subrogante a Rodrigo Egaña, un nombre conocido para tomar las riendas de la institucionalidad a cargo del proceso de la desmunicipalización de la educación chilena.

El ingeniero comercial de la Universidad Católica fue el primer director de la DEP entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018, nombrado por Michelle Bachelet. El cargo lo conocía de sobra y hoy, a casi tres meses de haber asumido, repasa junto a La Tercera este periodo, en el que la fragilidad de los acuerdos con los profesores atacameños ad portas de un nuevo año escolar y el allanamiento de la semana pasada al SLEP Colchagua han marcado los últimos días.

¿Qué saca en limpio de su reciente ida a Atacama?

Hay varios temas que aparecen, pero el primero surgió tras una visita a dos establecimientos. Nos dimos cuenta de la gravedad de los efectos de los robos y actos de vandalización que han sufrido establecimientos públicos. Es de una gravedad enorme, ha habido destrucción de vidrios, puertas, bibliotecas, como que les hubiesen pegado con un chuzo. Y todo desordenado adentro, una cuestión vandálica. Había entrado gente e hicieron fiestas o algo así. Ese vandalismo no había sido incorporado en los programas de mantención, entonces se acordó hacer un programa especial para eso, porque los recursos que estaban destinados no van a ser suficientes, porque dos meses atrás esos daños no estaban. Va a tener que haber un esfuerzo adicional a lo que estamos haciendo. La segunda cuestión que vimos fue mejorar la programación de los trabajos en los establecimientos. Ahora queda una superafinada que va a permitir estar en condiciones de iniciar el año académico en todos los establecimientos. La tercera cosa es el convenio de programación de la gobernación. Él desearía poner en discusión en el Gobierno Regional las obras más estructurales. Y la otra cuestión que avanzamos fue afinar licitaciones. Vimos que solo estamos teniendo una dificultad en algunas áreas el sistema de transporte escolar y con la colaboración de la Subsecretaría de Transportes se está solucionando. La visita permitió revisar y afinar tareas que estaban andando.

La inseguridad es una nueva arista en Atacama.

La impresión inicial es que ha habido una situación explosiva a partir de diciembre, de presencia de gente que se mete e instala a dormir. El Colegio de Profesores está consciente de eso. Esto ha sido discutido en la mesa regional de seguridad y se han estado tomando medidas para aumentar la seguridad al exterior y el SLEP ha contratado guardias al interior. Es una situación que se evalúa compleja y tiene efectos por los daños que se generan y sus tareas adicionales. Pero todos los involucrados son conscientes de que no es responsabilidad del SLEP.

A casi tres meses de asumir, ¿cuál es su análisis del proceso de desmunicipalización? ¿Con qué se ha encontrado?

Veo que teníamos algunos problemas de gestiones en la DEP y los estamos reorientando, recuperando una mirada integral y sistémica del proyecto, entendiendo que estamos en mitad del proceso. En los SLEP me he encontrado con situaciones extraordinariamente interesantes y positivas, la mayoría trabaja en mejoras en el ámbito académico y esperaría que se reflejara en indicadores de pruebas generales. Empiezan a haber un conjunto de otras situaciones muy positivas, que es muy difícil de dar a conocer, pero tampoco ha habido una estrategia nuestra. Estamos construyendo eso. Uno ve que este nuevo sistema tiene cosas muy positivas y lo del SLEP Atacama opaca la mirada sobre el conjunto, le puso una nube de contaminación.

Otro foco de preocupación en Atacama que surge en la comunidad educativa es que los profesores hayan puesto en duda el inicio de clases. ¿Qué le parece eso?

La directora del SLEP informó que el miércoles había tenido una reunión larga con la directiva del colegio regional. Ella les planteó que es fundamental que se inicien las clases, que las condiciones mínimas van a estar. Tenemos que ir distinguiendo las tareas de mantención concordadas de las tareas más estructurales o de soluciones definitivas. Al final de la discusión se llegó a que había tres colegios que no iban a poder hacer clases en el recinto propio, sino compartido con otros establecimientos. Si uno ve la gran discusión con el Colegio de Profesores, es el cumplimiento del acuerdo de octubre. Pero si uno ve todos los puntos, en todos hemos avanzado. Que no está todo solucionado es obvio, nunca hemos dicho que todo va a estar solucionado ya, porque hay temas de más largo plazo.

¿Han sido intransigentes los profesores?

No sé si intransigencia. Me topé con un director de escuela y le pregunté cómo había sido la cosa en su caso y me dijo ‘en mi escuela la mitad apoyaba el paro, la otra mitad no, a pesar de reconocer la pertinencia de las demandas. Se paró porque cuando hay una acción colectiva, se para’. Lo que hay que mantener es lo que la nueva directora del SLEP está haciendo: una mesa permanente de conversación. Que vayamos discutiendo temas, que hay solución, que está el apoyo del ministerio, la DEP, que las cosas que aún no se mejoran, mejoren. Estamos en condiciones de pasar a una relación no confrontacional, sino que mucho más dialogante y colaborativa.

El ministro Cataldo reconoció atrasos. ¿Cómo se explican esos atrasos?

Las tareas de mantención tienen que prepararse entre noviembre y diciembre del año anterior para que esas licitaciones puedan subirse a Mercado Público con la certificación de disponibilidad presupuestaria. El mundo municipal no está sujeto a eso y podían contratar en octubre. En los SLEP tenemos esa dificultad. Y en Atacama en específico, a pesar de que en noviembre y diciembre se acompañó al equipo para que esto se hiciera, había una tremenda falla de gestión y dirección. Los SLEP funcionan cuando la gente a cargo hace su trabajo de dirigir. Ese trabajo, que se venía haciendo con lentitud y no con toda la premura que exigía Atacama, ha generado atrasos. Lo que el ministro reconoce es eso. Pero también dice que producto de esa situación se hace el cambio de ley (que faculta el nombramiento de un director ejecutivo suplente en un SLEP con situación crítica).

Pero reducir todo al nombramiento de una autoridad subrogante para iniciar trabajos…

No es para comenzar, es para darle a la gestión un ritmo distinto. Se estaban trabajando en tratos directos, estábamos en permanente asistencia. No es que se parta cuando la nueva directora llega. Es cambio de ritmo.

Si bien hay problemas de arrastre, estos se vienen hablando hace meses, incluso antes del inicio del paro. ¿Qué grado de responsabilidad le cabe al gobierno, a la DEP o incluso a usted mismo?

Dijimos claramente que los apoderados y familias tienen que tener certeza que niños y niñas pueden ir a los establecimientos el 5 de marzo. También hay un tema de actitud. Si seguimos en que las cosas no van a estar o que podemos paralizar, se genera una situación de incertidumbre y ese es un hecho mucho más comunicacional. Pero si decimos ‘vamos a partir y si en algún establecimiento hay algún problema real y complejo, para eso hay equipos directivos que pueden tomar decisiones, pero de que se parte, se parte’... yo no he tenido duda alguna que el 5 de marzo se va a poder partir en Atacama. Pero no he dicho que va a ser todo perfecto. La perfección a veces no existe nomás.

¿Puede asegurar que todos los establecimientos del SLEP Atacama iniciarán sus clases el 5 de marzo?

Que la decisión de la dirección del SLEP es que las clases partan, sí. Esa decisión no se va a cambiar. Si me preguntas si puedo asegurar que así sea, no puedo asegurarlo porque no tengo idea qué va a pasar en el futuro, aunque no tengo dudas de que está la voluntad para que eso ocurra. ¿Puede haber imponderables? Sí.

Se ha dicho que lo de Atacama era una situación puntual, pero en Colchagua se está viviendo otro drama no menor. El proceso no les da tregua.

Lo de Colchagua es una acción que hace la PDI en función de una solicitud de Fiscalía, que está llevando un proceso producto de una decisión que se toma el 2022, de iniciar un sumario de remoción contra el director ejecutivo titular a partir de la constatación de un conjunto de situaciones que podrían ameritar sanciones administrativas y elementos constitutivos de delito. Lo que ocurrió en Colchagua es parte de un proceso que ya lleva un año y medio andando, no es nuevo. Del punto de vista de la opinión pública es otro caso más, pero lo que se hizo, se hizo mal hace dos años, hay informes de Contraloría y la DEP, aunque la situación comunicacionalmente aparece como otro problema.

¿Fue un error insistir en seguir creando SLEP antes de corregir las deficiencias que había?

Cuando uno hace la evaluación general de contexto, no es mala. Hay informes es curso, pero hasta que no se tomen decisiones, tenemos que seguir cumpliendo la ley, no podemos parar el trabajo. La decisión es seguir trabajando en la preparación de nuevos SLEP, entendiendo que hay que introducir ajustes.