Romy Vargas, madre de conscripto fallecido en Putre insiste en que caso debe ser visto por la justicia civil

La tarde de este lunes se desarrolló una nueva sesión de la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados a propósito del caso de los conscriptos de la Brigada Motorizada N°23 Huamachuco, de la IV División de Putre del Ejército, que presentaron problemas respiratorios en una marcha de entrenamiento que se desarrolló a 4.000 mil metros sobre el nivel del mar en el extremo norte del país el sábado 27 de abril.

En la sesión en el Congreso Nacional en Valparaíso, estuvo presente Romy Vargas, la madre de Franco Vargas, el conscripto que falleció en esa marcha.

Al exponer ante los legisladores, Romy Vargas insistió en su llamado a que el caso sea indagado por el Ministerio Público y no por los tribunales militares.

“¿Cómo puede seguir la mentira de que aquí no ocurrió nada malo y estuvo todo perfecto? Si hubiera sido así, no hubiera ocurrido esto. Yo espero un castigo ejemplar a estas personas que no saben ser instructores, porque un buen instructor tiene la capacidad de ver qué resistencia tienen los niños. No los sobrepasa para que pierdan así la vida. Eso no corresponde. Ellos tienen que pagar con cárcel todo el daño que provocaron. A mí me destruyeron en vida. Aquí estoy luchando porque lo único que me queda en mi vida es que mi hijo tenga justicia”, expresó Romy Vargas.

En su intervención, la mujer recordó lo ocurrido el 18 de mayo de 2005, cuando 45 soldados de las compañías Andina y Mortero del Regimiento Reforzado N°1 de Los Ángeles, perdieron la vida expuestos al viento blanco en las cercanías del volcán Antuco, en la Región del Biobío. El comandante del batallón, Patricio Cereceda, ordenó una caminata de 20 kilómetros desde el refugio Los Barros hasta La Cortina, y la mayoría no contaba con la indumentaria necesaria para enfrentar temperaturas en torno a lo -10 grados.

Cereceda fue el único oficial condenado en ese caso por dos ilícitos: cuasidelito de homicidio e incumplimiento del deber militar. Fue, también, el único sentenciado a ir a prisión. Su pena fue de cinco años y un día de cárcel. Estuvo en Punta Peuco hasta noviembre de 2011, cuando la Corte Suprema le otorgó el beneficio de libertad condicional. Había cumplido tres años y nueve meses privado de libertad.

“Clamo, por favor, justicia civil. Porque aquí no sirve una justicia militar. Ya sabemos en el caso Antuco que no hubo una condena real. Yo necesito que mi hijo tenga justicia y los niños afectados. Aquí todavía tenemos consecuencias graves. Un niño la semana pasada se intentó suicidar. Nos enteramos de amenazas de muerte de estos tipos. No pueden quedar impunes”, recalcó Romy Vargas.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se querelló en este caso indicando que a 45 de los 250 conscriptos que estaban en la localidad de Pacollo, sus superiores los habrían sometido a golpes de pies y puños, en cualquier contexto y momento. El trato cruel, de acuerdo al INDH, incluyó dejarlos dormir solo una hora, insultos, tener que alimentarse con las manos o dejarlos sin acceso a medidas de higiene.

En modo telemático. participó de la sesión el exconscripto Cristopher Pakarati.

El joven recordó la marcha y afirmó que le negaron hacer el recorrido de ocho kilómetros con una ropa adecuada.

“La pasamos mal en el tiempo que estuvimos en el servicio. No fuimos tratados como corresponde”, comentó.

Pakarati explicó a los diputados que él marchó cerca de Vargas y lo escuchó pedir ayuda. Igualmente afirmó que carecieron de implementos y atención médica acorde a la instrucción.

“No nos dejaron ocupar ropa adecuada para poder hacer esa marcha. No tuvimos atención médica, nada, ni exámenes. Si estábamos resfriados, no sé, nos costaba respirar, o algo así por el estilo, durante ese fin de semana, desde el jueves. Es complicado el tema, somos varios que estamos afectados. Yo todavía estoy con tratamiento psicológico y con tratamiento médico”, contó el exconscripto.

El joven insistió en reproches al trato de sus superiores.

“Que cuando estemos en descanso o durmiendo, que nos pateen la cabeza, independiente que tengamos un casco, nos dañaba obviamente. Si un compañero era más débil, se caía, lo recogían, lo zamarreaban y lo volvían a tirar en el suelo. Esos no son tratos como para una persona, como le hicieron a mi compañero Franco Vargas”, manifestó.

“Yo escuchaba como él pedía ayuda, que no podía más y con mis compañeros que estábamos ahí en ese momento, no nos dejaron ayudarlo, a nosotros, que éramos sus compañeros, no nos dejaron ayudar”, aseguró sobre Vargas.