En el Juzgado de Garantía de Antofagasta se desarrolló este martes una audiencia en que el Ministerio Público solicitó la ampliación del plazo en la investigación por fraude al fisco y otros delitos en los líos de plata por los convenios con entidades estatales de las fundaciones Democracia Viva, Fusupo, Fibra y TomArte.
El tribunal resolvió acceder a la petición de la Fiscalía de Antofagasta y ampliar el plazo de la investigación en 45 días.
Desafuero de Pérez entre los temas pendientes
La petición del Ministerio Público se fundamentó en 12 diligencias pendientes que se señalaron con detalle, dentro de las cuales se incluye la solicitud de desafuero en trámite respecto de la diputada oficialista Catalina Pérez.
El tribunal al momento de resolver tuvo en consideración la complejidad de los hechos investigados, que el plazo legal es de 2 años que se cuentan desde la formalización, el número de imputados formalizados y las diligencias que se encontraban pendientes que hacían plausible el plazo de 45 días que fue solicitado y finalmente acogido.
El tribunal fijó audiencia para el próximo 5 de febrero para revisar la situación cautelar de la imputada Lorena Cisternas y para el 10 de marzo para debatir apercibimiento de cierre de la investigación.
El Ministerio Público optó por agrupar las pesquisas que siguen en torno Democracia Viva y las otras tres fundaciones, siendo tres los principales imputados: el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, el otrora mandamás de la ya disuelta entidad Daniel Andrade y la concejala Paz Fuica.
Desde que se comenzó a indagar el caso, la diputada Pérez ha sido cuestionada por su rol y grado de conocimiento en las presuntas irregularidades en el traspaso de $426 millones hacia la fundación. Andrade era su pareja en ese entonces y el funcionario del Ministerio de Vivienda que autorizó el monto, fue Carlos Contreras, que se desempeñó como su jefe de gabinete.
