Este lunes se desarrolló la cuarta jornada de formalización de la abogada María Leonarda Villalobos Mütter y su pareja Luis Alberto Angulo Rantul, junto al penalista Luis Edgardo Hermosilla Osorio, en el marco del llamado caso Audio.
A Villalobos, Angulo y Hermosilla se les imputan delitos tributarios que habrían generado un perjuicio a las arcas fiscales estimado en más de $1.000 millones, además de soborno y lavado de activos.
Tras evaluar los antecedentes, se esperaba que la jueza del 4° Juzgado de Garantía de Santiago Mariana Leyton entregara su decisión respecto a la medida cautelar de prisión preventiva que solicitó para los tres la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente en coincidencia con los querellantes: el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la representación de los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini.
La audiencia, sin embargo, fue prorrogada para una quinta jornada este martes, en que se escucharán los descargos finales de los intervinientes.
Los argumentos de las defensas
La audiencia en la sala C 503 del quinto piso del Centro de Justicia de Santiago partió con la intervención de las defensas.
El primero de los defensores en intervenir fue Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano de Luis Hermosilla. El letrado cuestionó la imputación de delitos tributarios detallados en la querella del Servicio de Impuestos Internos y desestimó las acusaciones de lavado de activos asociada al uso de su hermano de una línea de crédito de Factop. Según el defensor, su representado pagó altos intereses al recurrir a un factoring que funcionaba en regla y resultó empobrecido.
El abogado defensor sostuvo una áspera discusión con la jueza, que le recordó que ella estaba dirigiendo la audiencia y le exigió precisiones respecto a sus argumentos.
Por otro lado, Juan Pablo Hermosilla, criticó al Ministerio Público por las alusiones que se hicieron sobre el exministro Andrés Chadwick.
A su vez, Alejandra Borda, representante de Leonarda Villalobos, la imputada que grabó la reunión que destapó el caso, afirmó que su defendida tenía una condición de víctima.
Borda hizo ver que encargaron pericias que determinaron el uso irregular de Factop de talonarios de cheques con la firma de Villalobos.
La defensora aseguró que Villalobos reunió para “enfrentarse a quienes tenían absoluto poder y control del delito, se atrevió a grabar a personas que parecían intocables y gracias a su valor hoy al menos se ha descubierto la estafa de la que fueron víctimas muchísimas personas”.
El miércoles 21 de agosto, en el primer día de la audiencia, el tribunal accedió a la petición que hizo el Ministerio Público, en acuerdo con las respectivas defensas, de fijar las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional para Renato Robles Iturriaga y Patricio Mejías Esparza, funcionarios de la Tesorería General de la República y el SII, respectivamente, imputados por cohecho al presuntamente haber recibido pagos irregulares por información y gestiones solicitadas por los otros tres imputados.