Se le apareció marzo al ministro Cataldo: los pendientes de un mes (y año) crucial para el Mineduc

No sólo el inicio de clases preocupa -y ocupa- al ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC). Como si la crisis educativa en Atacama y las complejidades propias que dejaron los incendios en las escuelas y liceos de la Región de Valparaíso no fueran suficientes, el secretario de Estado debe asumir como propias tareas pendientes de su cartera, algunas asumidas durante su gestión y otras hacia atrás, pero que son parte de los compromisos del gobierno que ahora deben retomarse una vez terminado el receso del verano y todo lo que ello implica. Al titular del Mineduc se le vino marzo encima.

Entre Atacama y Valparaíso estará puesta, principalmente, la atención del Mineduc durante la primera semana de clases de un nuevo año escolar. Lo más inmediato es lograr que en el norte efectivamente se concrete el retorno, algo que nadie se atreve a asegurar, menos después de que el viernes dirigentes de los profesores anunciaran una huelga de hambre, lo que obligó al ministro a extender su estadía en la región, hasta donde llegó el jueves pasado.

En la cartera, haciendo oídos sordos a las amenazas de los docentes, aseguran que 58 establecimientos del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama comenzarán sus clases normalmente este 5 de marzo, que 14 lo harán con medias jornadas para que la otra mitad del día se desarrollen trabajos de mantención, y otros seis recintos deberán tener un ingreso diferido de máximo una semana. ”Son casos en los que han habido robos recientes como las cañerías de agua (...) Por eso decidimos desplazar el comienzo del año escolar”, expresó ayer Cataldo.

En Valparaíso, en tanto, el desafío está en cómo atender a una población educativa dañada y, en algunos casos, con sus establecimientos afectados por los incendios.

Pero, además, el ministro debe hacerles frente a los problemas propios de un sistema que el año pasado seguía mostrando consecuencias -graves- de la pandemia, la que ya había agudizado ciertos inconvenientes.

“Tenemos pendiente tener un ministro de Educación como tal”, resume, tajante, Francisco Jeria, presidente del directorio de Educación 2020, quien contextualiza que la gestión de Cataldo ha estado marcada por las contingencias. “Necesitamos un ministro que sea capaz de sacar la cabeza de los problemas y conducir una agenda de educación, legislativa y programática que apunte a los pendientes del sistema. Si nos vamos de contingencia en contingencia… al final del día necesitamos un ministro y no un bombero”, ironiza, antes de añadir que “el sistema no aguanta más sin revertir tendencias bien preocupantes”.

Parte de esa tarea fue abordada ayer en el lanzamiento de la campaña “Volvamos a clases” en la que el titular de Educación se autoimpuso la meta de recuperar la asistencia de escolares a niveles prepandemia, cercanos a un 90%.

“Requerimos resolver los problemas”, coincide Juan Pablo Valenzuela, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. El académico resume que, dentro de otras cosas, Cataldo debe poner el foco en la asistencia escolar, en la transformación de aprendizajes, una reforma del sistema de desarrollo profesional docente y buscar una ley de trayectorias directivas.

Más allá del ruido que Atacama ha generado, la tarea más urgente de Cataldo es la indicación sustitutiva que el Mineduc debe ingresar para modificar la Ley 21.040 de Educación Pública, que ha estado al centro de las miradas. Desde la cartera aseguran que éstas serán presentadas este mes y Cataldo se ha aventurado en asegurar que será durante la primera quincena. Sus equipos, de hecho, se encuentran trabajando hace un buen tiempo en la redacción de estas indicaciones, proceso durante el cual se han reunido con diversos actores para escuchar opiniones. La idea, reseñan en la cartera, es impulsar medidas administrativas para mejorar el funcionamiento del Sistema de Educación Pública.

“Estas medidas consideran los diagnósticos y recomendaciones del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, el mundo académico, la sociedad civil, los y las parlamentarios, y actores vinculados a los SLEP, con el objetivo de mejorar la implementación del nuevo sistema”, aseguran en el ministerio, donde apuntarán a tres objetivos: mejorar la gobernanza del nuevo sistema, mejorar la gestión administrativa y financiera de los SLEP, y mejorar el proceso de traspaso del servicio educacional desde los municipios.

En gobernanza el Ejecutivo se focalizará en fortalecer las capacidades y funciones de la Dirección de Educación Pública (DEP) para reforzar su rol de coordinación y conducción estratégica. En gestión administrativa y financiera se buscarán medidas para flexibilizar y agilizar ciertos procesos. Finalmente, en el mejoramiento del traspaso se busca acompañar a los municipios con medidas que apuntan a la obligatoriedad de planes de transición, con metas y objetivos.

Para Juan Pablo Valenzuela, quien ha tenido la oportunidad de dar su opinión al Mineduc en esta materia, lo esencial es apuntar a mejorar la gestión. “No puede volver a pasar otro Atacama”, cree. Asimismo, ve marzo como tope para presentar las indicaciones. “Es una señal muy relevante que ese proyecto se ingrese la primera quincena, porque, por más que tengan urgencia, requieren de debate y perfeccionamiento y, si es exitoso, vamos a tenerlo de aquí a fin de año. Debiese estar listo antes de que comiencen a funcionar otros SLEP que reciban establecimientos”.

Desde Educación 2020 Jeria ve urgente abordar esto: “Si no se hace ahora ya va a empezar el ciclo electoral y cualquier discusión va a ser mucho más difícil”.

El experto recuerda que su institución ya organizó instancias con el Mineduc junto a otras organizaciones educativas para dar su punto de vista sobre esta materia. “Hemos mantenido una comunicación menos fluida de lo que nos hubiese gustado, se comprometieron a mandar cosas y no se hizo. En enero se organizó un encuentro donde parte del equipo del Mineduc presentó una partecita de las cosas que estaban preparando, la menos controversial: la orgánica y gobernanza del sistema, que no es la prioridad que debería tener la agenda de transformaciones inmediatas”.

Así, Jeria cree que las indicaciones debiesen apuntar a transformar a los SLEP. “No es una superintendencia o una agencia más, tienen que ser ágiles, tener capacidad administrativa de resolver problemas. No puede ser que te demores un año en arreglar algo. Está bien que el MOP pase por un proceso, pero si un colegio necesita reponer un pabellón tiene que tener un tratamiento mucho más ágil”, se extiende, además de añadir que hay que evitar que los SLEP hereden los “pecados” de la educación municipal, como, por ejemplo, traspasando la infraestructura antes que el servicio educativo.

Ha sido la -hasta ahora- gran promesa inconclusa del gobierno en materia educativa. Y es que uno de los bastiones de la campaña presidencial de Gabriel Boric no ha sabido de avances. O no al menos para la ciudadanía, que ha visto cómo el tono, además, ha ido bajando, lo que ha valido críticas de quienes se suponían aliados.

Asimismo, la fecha de presentación de la propuesta se ha postergado en más de una oportunidad. La última promesa del subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, fue que a fines de 2023 habría novedades, algo que no se concretó. De hecho, todo lo contrario, toda vez que un nuevo plazo fue instalándose de parte del Ejecutivo, donde las visiones en torno al Crédito con Aval del Estado están quebradas: por un lado, hay quienes señalan que hay que transparentar que es algo que no se podrá concretar y, por otro, quienes insisten en la idea e intentan apurarla. Con todo eso también convive Cataldo.

“El gobierno ha señalado que el compromiso de presentar un proyecto de ley que contemple un nuevo mecanismo de financiamiento que reemplace los actuales sistemas de créditos, incluido el CAE, sigue vigente, y que será presentado antes de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2025″, señalan desde la cartera, donde aseguran que en estos dos años se ha trabajado de manera interministerial “de forma de generar un diseño técnicamente robusto”.

Como sea, desde Educación 2020 Jeria señala que es tiempo de “cerrar ciertos capítulos, como el CAE o la deuda histórica. En el gobierno le han bajado el volumen y sólo quedan algunos meses para plantear una agenda legislativa y hay transparentar cuáles serán los proyectos donde se pondrá la prioridad y al resto decir, ‘pucha, no vamos a poder hacerlo’”. Y añade: “Si no se cierran esos capítulos seguiremos generando bolas de nieve. Nadie se sorprendería si el gobierno dijera ‘no vamos a poder cumplir con el compromiso del CAE’”.

En 2022 y en 2023 el Ejecutivo se comprometió a ingresar un proyecto de reparación de la deuda histórica “antes de diciembre” de cada año, pero eso no ha ocurrido, lo que tiene en pie de guerra al Colegio de Profesores. Y, por cierto, con la soga al cuello al secretario de Estado.

Sobre todo porque luego del paro de profesores de 2023 el Mineduc, inicialmente con el exministro Marco Antonio Ávila y luego con Cataldo, se vieron forzados a entregar respuestas al petitorio de ocho puntos de esa movilización, dentro de los cuales estaba la deuda histórica.

“Este proyecto de ley será ingresado al honorable Congreso Nacional una vez que termine el proceso de tramitación de la Ley de Presupuestos que se realizará este año, en el mes de diciembre, y que contará con un proceso prelegislativo anterior, en el que se considerará la participación del Colegio de Profesores y Profesoras”, decía la propuesta de Ávila del 2 de agosto. Tras el cambio de gabinete, Cataldo insistió con una propuesta para destrabar el paro donde señalaba sobre la deuda histórica que “este proyecto de ley será ingresado al Congreso en diciembre de este año”. Una carta en el mismo tenor escribió hacia fines de agosto de 2023, donde insistía en que durante el año pasado se ingresaría el mentado proyecto de ley.

Pero, a pesar de todo, el proyecto hasta hoy no ha sido ingresado, aún cuando en el Mineduc insisten que la reparación de la deuda histórica es un compromiso de gobierno. De fechas, eso sí, nada se sabe. Ni nadie se atreve a comprometerlas, pero el 10 de enero, hace casi dos meses, la cartera aseguraba que seguían trabajando “con urgencia para informar prontamente los contenidos de esta propuesta de reparación”.

“Este año se ingresará un proyecto de ley que contemplará un pago reparatorio para la totalidad de docentes afectados, en un plazo definido en el mismo proyecto. El proyecto de ley considerará comenzar el pago de esta reparación a los casos más urgentes”, insisten en la actualidad desde el Mineduc, desde donde detallan que se definirán los criterios para identificar los casos urgentes junto al Colegio de Profesores. Eso sí, aclaran que el inicio del pago será progresivo, “ajustándose a las capacidades fiscales actuales”.