El Covid-19 provocó graves alteraciones en materia de educación, desde las formas de enseñanza hasta las consecuencias de aprendizaje y socioemocionales que provocaron las clases a distancia tanto en alumnos, docentes y directivos. Si en algo coinciden los expertos es que el impacto es innegable no solo en el presente, sino también en las huellas que dejará el coronavirus con miras al futuro.

Con el objetivo de paliar en parte estas consecuencias, el Ministerio de Educación que dirige Marco Antonio Ávila, junto con aportes de expertos y el Consejo Asesor de Convivencia, elaboró una política de reactivación educativa integral que será presentada en la Escuela Básica Melvin Jones de Pudahuel este martes 10 de mayo, y que será la hoja de ruta que guiará a la educación en este gobierno y ojalá el próximo, según aspira la cartera.

‘Seamos Comunidad’ es el nombre escogido para esta medida que se proyecta como un proceso a largo plazo, con una fase inicial entre 2022 y 2023 que tiene como foco responder a los efectos inmediatos de la crisis sanitaria, para luego, acorde a lo que explican desde Educación, proyectar en el mediano plazo transformaciones sistémicas y, en el largo, consolidar un cambio de paradigma educativo. Es, hasta aquí, quizás la más ambiciosa medida de las nuevas autoridades educativas, que buscará articular recursos y políticas en dimensiones prioritarias.

Esta política, según han trabajado en la cartera, propone abordar los efectos de la pandemia en las comunidades educativas desde una mirada sistémica, con un enfoque interseccional y participativo. Para ello, se pondrá a disposición del sistema educativo un conjunto de recursos y conocimientos, organizados y financiados por el Estado.

A la vez, según detallan desde el ministerio, se promoverá una gestión descentralizada con alto protagonismo de las comunidades escolares en el diseño de sus planes estratégicos de reactivación integral.

Esta política tendrá cinco ejes: bienestar, convivencia escolar y salud mental; fortalecimiento y activación de aprendizajes; revinculación y garantía de trayectorias educativas; plan nacional de transformación digital y conectividad; plan nacional de infraestructura.

Para esto, hay a su vez cinco acciones prioritarias que se buscan desarrollar como primera etapa en el corto plazo. Son, en concreto, lo que se ha identificado como lo más inmediato o urgente, mientras que las tareas relativas al mediano y largo plazo están en proceso de definición, pero, según se ha ideado, se enmarcarán en los cinco ejes antes mencionados.

En concreto, una de las acciones inminentes de la política será la intervención territorial en convivencia escolar. Esto será un programa comunal de atención en crisis, el que se va a implementar durante 2022 en las 60 comunas del país en las que se observan mayores situaciones de violencia escolar, con la asesoría de universidades con experiencia e investigación en convivencia escolar. Esto considerará cuatro focos: redes comunales de convivencia escolar; fortalecimiento de las capacidades de los equipos de convivencia de los establecimientos de la comuna, encargados comunales, provinciales y regionales; apoyo directo a comunidades educativas; e intersectorialidad. Su implementación está planificada para iniciar a mediados de junio y tendrá una inversión, para este año, de $1.500 millones.

La segunda acción apunta al fortalecimiento del programa de salud mental y que el propio ministro ya mencionó hace algunos días. En este sentido, se implementará un dispositivo especial de salud mental escolar, para lo que se ampliará la cobertura y campo de acción del Programa Habilidades para la Vida en comunas y escuelas. Este plan incluye una serie de herramientas, como consejería a trabajadores de la educación o instrumentos de detección de estudiantes con necesidades de salud mental. La meta del Mineduc para 2022 es pasar de 25 a 100 comunas con atención en enseñanza media y para ello se ha dispuesto un presupuesto de $11.000 millones.

Como tercera medida, Educación realizará un proceso de acompañamiento y mediación pedagógica respondiendo a las particularidades educativas de cada estudiante, con el aporte de la comunidad. Para esto busca implementar un Programa Nacional de Tutorías con el apoyo de estudiantes de pedagogía, el que busca reunir este año a 10 mil tutores para atender a 50 mil estudiantes del sistema.

Para concretar el plan, se trabajará en conjunto con algunas facultades de educación de diversas universidades del Consejo de Rectores de Chile -Cruch- (actualmente se están haciendo los respectivos convenios) para que los estudiantes hagan esas tutorías en el marco de sus distintas prácticas. En esta materia, de hecho, hay altas expectativas, toda vez que desde el Mineduc quieren remarcar que hay que movilizar a la sociedad para ayudar en la recuperación de aprendizajes.

En ese sentido, el ministro Ávila señala que “esta política es un compromiso de trabajar en conjunto para superar este desafío histórico. Pero no bastará solo con el esfuerzo que hagamos desde el gobierno y desde las y los trabajadores de la educación. Es necesario que hagamos un pacto también con las familias”. Y añade: “Nos necesitamos entre todos y todas, necesitamos ser comunidad. Solo así saldremos adelante. De esto depende el futuro de los niños, niñas y jóvenes y el futuro que ellos y ellas construirán”.

La cuarta acción es la Estrategia Nacional de Lectura y Escritura. Así, se enviará a los establecimientos educacionales las orientaciones metodológicas y didácticas para priorizar el aprendizaje de la lectura y la escritura en primer ciclo de educación básica, haciendo uso de los materiales de Leo Primero y de los textos de estudios de primero y segundo básico. Para segundo ciclo, en tanto, se implementará un programa de desarrollo de competencias lectoras y de escritura en estudiantes no lectores, mientras que para los estudiantes migrantes se propondrá una estrategia de desarrollo de la lectura y escritura de español como segunda lengua. Asimismo, para educación de párvulos se incorporarán estrategias educativas específicas. En esta acción también se prevé una inversión, la que se está definiendo.

Finalmente, el quinto pilar es el Plan de Reparación y Recuperación de Espacios Educativos 2022-2023, que es la inversión de 10 mil millones de pesos anunciada en conjunto con lo relativo a salud mental a fines de abril para infraestructura de colegios. El plan beneficiará a establecimientos educacionales públicos que presenten riesgo de suspensión total o parcial del servicio debido a problemas de esta índole. Además, en aquellas comunas donde hay falta de cupos para estudiantes, el plan dispondrá de recursos para habilitar salas u otros espacios.

“Es un buen inicio, para poder hacer una reactivación de los aprendizajes es clave trabajar la salud mental de los estudiantes y que la infraestructura sea acorde. Esto, además debería venir acompañado de la atención de la salud mental de los profesores y un cierto trabajo en los recursos didácticos que deberían utilizar los docentes”, evalúa Nibaldo Benavides, director (S) del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional de la Universidad de Talca. Esto, argumenta, porque el aprendizaje socioemocional “es fundamental y para esto obviamente hay que trabajar los indicadores de desarrollo personal y social en los estudiantes”.

Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020, concuerda: “Un plan de reactivación de aprendizajes es muy importante y debe ser abordado de modo integral, partiendo por la necesaria reconstrucción de vínculos. El sentirse acogido y como parte de un ambiente protegido, donde hay un nivel de bienestar socioemocional en la comunidad que permite el desarrollo de los aprendizajes”. Además, dice que si se quiere avanzar en reactivar los aprendizajes, esto requiere un contexto de bienestar socioemocional “para todos los actores de las comunidades educativas, no solo para niños y niñas”. A lo anterior suma que los aprendizajes se aborden desde una perspectiva integral y que se avance a través de estrategias de innovación.