El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco dará a conocer este viernes si condena o no a Martín Pradenas en el segundo proceso que debió enfrentar por las acusaciones que hizo el Ministerio Público responsabilizándolo de siete delitos de carácter sexual en contra de seis mujeres.
Este jueves se desarrollaron las réplicas de los alegatos de cierre de los intervinientes. Por 20 minutos expusieron los abogados de la Fiscalía de La Araucanía y la defensa y por siete minutos los representantes de los querellantes.
La investigación partió tras el suicidio de la joven estudiante universitaria de 20 años Antonia Barra, el 13 de octubre de 2019. Su familia encontró entonces en su teléfono mensajes en los que afirmaba que había sido violada por Pradenas. Ese relato motivó a otras mujeres a denunciar que habían sido víctimas de agresiones similares por parte del sujeto. La familia también inició acciones judiciales.
En el desarrollo del juicio oral, el segundo luego que la Corte Suprema anulara el primer proceso, tanto el Ministerio Público como los abogados querellantes insistieron en la culpabilidad de Pradenas y la necesidad de una condena.
“Los depredadores sexuales ocultan su verdadera naturaleza”
“Los depredadores sexuales ocultan su verdadera naturaleza, rasgan vestimentas de la normalidad y la cordialidad, eso es un hecho concreto, no andan con un cartel que dice ‘soy un depredador sexual’ por la vida”, afirmó el fiscal Jorge Calderara ante el trío de magistrados del tribunal que preside la jueza Rocío Pinilla.
“La defensa planteó en el alegato de apertura que este era un caso de sesgo. Si existe una víctima, sí es plausible, con dos víctimas tal vez puede ser, pero estamos hablando de seis víctimas que no tienen mayor relación entre sí. Algunas reconocen haber sido compañeras de estudios años atrás. Todas con problemas psicológicos surgidos a partir de estos episodios y en tal caso, plantear sesgo frente a tal cantidad de evidencia, convierte la teoría del sesgo confirmatorio en la teoría de la conspiración. Una teoría de la conspiración, que, a nuestro entender, no resiste el más mínimo examen”, argumentó el persecutor.
“Este proceso le dio una oportunidad al Estado de Chile es una oportunidad para crear jurisprudencia y hacer que nuestra sociedad tienda hacer que el comportamiento humano tenga respeto a un bien jurídico que es fundamental, cual es la libertad, la libertad de las mujeres para caminar con seguridad, la libertad de las mujeres para estudiar con seguridad, para divertirse, para consentir actividades sexuales. En definitiva la libertad de las mujeres para vivir en forma digna y segura, eso es lo que está en juego. El día de hoy, hacia allá deben ir todas las políticas que se fijan dentro del Estado de Chile. En base a ello y para garantizar a las mujeres a la posibilidad de vivir en forma segura, la fiscalía dentro de los fines posibles de penas, insiste en un veredicto condenatorio”, cerró el fiscal Calderara.
Defensoría: investigación carece de estándares para superar presunción de inocencia
Por su lado, cuestionando la forma en que se plantea la aplicación de la perspectiva de género en el caso, el defensor penal público Marcelo Pizarro indicó que “desde esta perspectiva, ni el querellante, ni los acusadores logran desvirtuar lo que se planteó en su oportunidad, falta de diligencia reforzada, distancia de sesgos confirmatorios y una investigación que carece de los estándares mínimos para superar la presunción de inocencia legal”.
“De ir a establecer más allá de toda duda razonable la culpabilidad de mi representado, por lo mismo mantenemos la petición de absolución”, cerró el defensor de Martín Pradenas.
Al final de la audiencia se le dio la oportunidad para que Martín Pradenas se dirigiera al tribunal, lo que se hizo en forma reservada, solo para los intervinientes.
Para este viernes, a las 09.00 horas está fijada la audiencia de lectura de veredicto que dará a conocer el juez Ignacio Rau.
De ser considerado culpable por los siete delitos Pradenas se expone a una pena de más de 40 años de reclusión. En el juicio anterior, con las mismos elementos probatorios, fue condenado a 20 años de reclusión. Esa sentencia fue anulada por la Corte Suprema al considerar “falta de imparcialidad” en uno de los jueces que emitió el fallo.
Finalizada la audiencia de este jueves, el fiscal a cargo del caso, Miguel Ángel Rojas, explicó que culminó el juicio en todas sus etapas.
“El acusado ejerció un derecho que está considerado legalmente de señalar sus palabras finales. En caso alguno entendemos que eso modifica la valoración probatoria. En la incorporación de prueba que presentó el Ministerio Público, a nuestro entender da pie para sostener que cada uno de los hechos que imputamos en nuestra acusación, ocurrieron de la forma que señalaron cada una de las víctimas y la prueba presentada por la defensa, en ningún caso las desvirtúo. Lo importante es que sus dichos en nada alteran los medios probatorios y la información que fue incorporada a lo largo del juicio y haciendo presente que solamente se refirió a uno de los casos, omitiendo lo que sucedió. Dando razones en cuanto a los otros cinco hechos que fueron imputados en nuestra pretensión desde un comienzo de la investigación”, afirmó Rojas al ser consultado por los planteamientos del imputado en su intervención de este jueves.
