Siguiendo el modelo italiano: lo que se sabe de la “Fuerza Especial” que se pretende crear en Gendarmería

Tras los complejos episodios en materia de seguridad que se han registrado los últimos días, el Presidente Gabriel Boric encabezó este jueves la sesión del Gabinete Pro Seguridad que se desarrolló en La Moneda. Y en medio de fuertes cuestionamientos -tanto de oposición como de sectores “aliados”-, anunció un paquete de medidas con miras a reducir homicidios y frenar y desarticular el ingreso y operación de bandas de crimen organizado.

Entre ellas, dos acciones que apuntan directamente al sistema penitenciario. Confirmó que se construirá una cárcel especial para albergar a sujetos ligados a la criminalidad organizada, y también que se creará un equipo especial en Gendarmería para custodiar de manera efectiva a esos reclusos.

Este último, como indicó el Mandatario, constituirá una “Fuerza Especial” al interior de la institución hoy comandada por Sebastián Urra, y tiene como fin contar con funcionarios capacitados para enfrentar las amenazas y dificultades que supone trabajar con población penal de altísima peligrosidad.

Serán gendarmes, dijo, “que trabajarán en las cárceles de alta seguridad bajo un régimen especial”, por lo que detalló que se requerirá de la aprobación de un proyecto de ley para su materialización.

De acuerdo con fuentes consultadas por La Tercera, el mencionado equipo especializado tendrá una dotación específica, una formación diferenciada y remuneraciones más acorde a la gestión de reos de complejos perfiles criminológicos. Como, por ejemplo, funciona el modelo en Italia, que desde 1997 cuenta con el Gruppo Operativo Mobile (GOM) que tiene por finalidad el manejo de reclusos y detenidos del crimen organizado.

Se requiere la discusión de un proyecto de ley, comentan fuentes conocedoras del asunto, porque hay que fijar un sistema de selección interna en la institución y, entre otros asuntos, establecer una denominación orgánica. Además, dado el nuevo estándar, las autoridades estimaron necesario que quede regulado por ley el funcionamiento del sistema penitenciario de máxima seguridad, pues hoy sólo está establecido en una resolución interna de Gendarmería.

Actuales funcionarios de la institución podrán postular a la nueva unidad, pues se requiere de experiencia, aunque será sometidos -comentan desde el Ejecutivo- a estrictos mecanismos de selección. Según agregan las mismas fuentes, la modificación operará como una suerte de “incentivo a generar competencia en la carrera” funcionaria.

Consultado sobre los lineamientos generales que seguirá la nueva disposición, el ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, comentó que “se trata de un grupo especial al interior de Gendarmería que estará dedicado a administrar los centros de alta y máxima seguridad. Llevarán el control de los centros, velarán por el funcionamiento y también tendrán a su cargo los traslados”.

Dadas las características de rol que desempeñarán, agregó, será recomendable que quienes integren este equipo roten en los cargos cada tres años, “porque son trabajos de mucha presión y de muy alta demanda. Tienen que estar altamente capacitados, tener una formación especial y, para que sea atractivo, remuneraciones mejores con asignaciones especiales”.

Junto con esto, la fórmula a aplicar hará necesario, como explicó Gajardo, la fijación de nuevas normas de confidencialidad para así proteger, por ejemplo, las identidades de los funcionarios que son parte de la unidad, pero también el tenor de las compras que se realicen para el desarrollo de sus labores.

“La idea es que no sea posible rastrear quiénes trabajan en los módulos de máxima seguridad, lo que hoy es muy sencillo. La idea es que eso no pase y proteger a estos funcionarios en estos roles más complejos que lo usual para Gendarmería”, comentó.

Arribaron a estas determinaciones, subrayó el ministro (s), recogiendo los planteamientos de las diferentes asociaciones de funcionarios y también recogiendo recomendaciones de PAcCto, Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado.

Si bien, en general, las nuevas medidas fueron vistas con buenos ojos, entre los funcionarios de Gendarmería hay opiniones disímiles.

“Nos enteramos el día de hoy de esta noticia y nos parece muy bien que se construyan nuevas cárceles, lo veníamos señalando. Esto claramente nos ayuda, aunque también se requiere atención en otros recintos (...) Respecto del nuevo personal, concordamos en que se requieren funcionarios que estén bien entrenados, que cumplan con los requisitos y que tengan las medidas de seguridad adecuadas para ellos y sus familias. Esto es un avance, indudablemente, pero no podemos dejar de plantear que el sistema requiere una discusión amplia”, planteó Mario Benítez, segundo director de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP).

Sostuvo, en el mismo sentido, que esperan ser escuchados en el camino. “El llamado del gobierno es a que todos los actores actúen de forma unida para enfrentar la criminalidad organizada, y nosotros, los oficiales de Gendarmería, somos quienes más conocemos cómo funciona y debe funcionar la institución y su personal. Aquí nadie sobra”, indicó.

Desde la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (Ansog), eso sí, evidenciaron una postura más crítica y pidieron al gobierno abordar la problemática de fondo.

“La autoridad debe centrar sus esfuerzos en resolver el problema de sobrepoblación o hacinamiento de la población común y no del interno que deba cumplir condenas o prisiones preventivas en recintos especiales, los cuales cuentan con capacidad actualmente. De esta forma, queda de manifiesto que el problema se centra en una deficiente administración del sistema penitenciario, el cual no ha logrado satisfacer, de forma integral, los actuales desafíos de seguridad”, aseguraron en un comunicado.

Piden, de esta forma, que se robustezca el actual Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, “de manera tal que esta norma respalde la operación de los recintos y del correcto control de la población penal, sin desatender la normativa que resguarda los derechos humanos de las personas bajo nuestra custodia”. Solicitan que se defina en la ley la dotación mínima de funcionarios que debe tener un recinto para asegurar que los objetivos institucionales se cumplan a cabalidad.