El gobierno confirmó que no hará uso de la legislación antiterrorista vigente e informó que la Delegación Presidencial de La Araucanía interpuso una querella por incendio, porte ilegal de arma de fuego, disparos injustificados y asociación criminal contra los responsables del ataque incendiario registrado en Traiguén la madrugada del miércoles.
El ataque tuvo lugar en la localidad de Añiñir, un sector en que residen comunidades indígenas ubicado en la Ruta R-50 que une Traiguén y Ercilla. Encapuchados irrumpieron en la zona portando armas de fuego y procedieron a rociar con combustible la posta rural, la escuela básica, la sede social y la iglesia. Todo fue destruido por el fuego. Además, quemaron una ambulancia y vehículos particulares.
Un lienzo con la firma de la organización Resistencia Mapuche Malleco se encontró tras un hecho que la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, señaló que tiene “características terroristas”.
Contra autores, cómplices o encubridores
Este jueves, la Subsecretaría del Interior informó mediante un comunicado que se “interpuso querella contra quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los delitos de incendio, sancionado en el Código Penal, en grado de desarrollo consumado; porte ilegal de arma de fuego, sancionado en la Ley 17.798 sobre Control de Armas, en grado de desarrollo consumado; disparos injustificados, en grado de desarrollo consumado; asociación criminal, sancionado en el Código Penal, en grado de desarrollo consumado, así como de cualquier otro ilícito que pueda configurarse a partir de los hechos”.
Al respecto, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, sostuvo que “este es un ataque directo al corazón de las personas más humildes de nuestro país”.
“Es un hecho de una violencia que sobrepasa todo lo tolerable y que nos hace ocuparnos inmediatamente de establecer todos los mecanismos posibles para encontrar a los responsables y que paguen por lo que hicieron. Tengan la seguridad de que vamos a agotar todos nuestros recursos para detener a los responsables de estos ataques cobardes”, manifestó la autoridad.
La semana pasada el gobierno dio a conocer su propuesta para ajustar la normativa contra el terrorismo. Los cambios fueron discutidos por una mesa técnica en que participaron asesores de los ministerios del Interior, Justicia y Secretaría General de la Presidencia. La mesa mantuvo sesiones de trabajo con el Ministerio Público para definir la propuesta y usó como modelos de referencia las legislaciones de España, Alemania y Estados Unidos.
Fiscal Valencia: “Chile necesita una ley antiterrorista moderna”
“Quiero hacer en primer lugar la siguiente afirmación: Chile necesita una ley antiterrorista moderna, que nos confiera herramientas para combatir el terrorismo conforme a lo que una sociedad moderna y democrática demanda y eso implica avanzar sin complejos a contar con una ley antiterrorista que tenga esas características”, señaló el fiscal nacional Ángel Valencia, consultado por la querella del gobierno.
La autoridad reconoció que otras leyes han sido usadas con mayor éxito que la actual normativa contra el terrorismo al perseguir penalmente ataques como el ocurrido en Traiguén.
“Hemos tenido dificultades en la aplicación de la ley para poder combatir estos fenómenos. Ustedes han podido apreciar, incluso, que la aplicación de leyes comunes, como por ejemplo la Ley de Control de Armas, resulta mucho más eficaz para perseguir incidentes de esa naturaleza, que la ley antiterrorista con la que contamos”, dijo.
Pese a ello, el jefe del Ministerio Público aludió el carácter terrorista del ataque.
“Conforme a la doctrina comparada, la opinión pública o la ciencia jurídica, prácticamente la unanimidad o una amplia mayoría de los que opinen manifestaría que acciones de esa naturaleza tienen carácter terrorista. Es decir, quemar una iglesia en esas condiciones, quemar una posta rural, quemar una escuela básica, en esas circunstancias normalmente no son delitos comunes”, planteó.
En esa línea, insistió en que “lamentablemente”, la actual legislación “no permite perseguir como acciones terroristas hechos de esa naturaleza de manera eficaz”.
“Chile necesita una ley antiterrorista que permita perseguir fenómenos, hechos de esa naturaleza bajo un marco jurídico distinto al de los delitos comunes”, recalcó, acotando que no era de su competencia “emitir una opinión jurídica respecto de la querella planteada por el Ministerio del Interior”.
