En el Juzgado de Garantía de Iquique, se realiza este martes la audiencia de formalización de la investigación contra nueve personas, entre ellos el exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada.
Los otrora funcionarios del Gobierno Regional de Tarapacá son investigados por la adquisición con precios abultados de cajas de alimentos que fueron en ayuda de la población durante la pandemia del Covid-19 en 2020 y 2021.
El Ministerio Público les imputa delitos de fraude al fisco por más de mil millones de pesos.
El fiscal de Iquique, Juan Zepeda, pidió la prisión preventiva de Quezada y de siete de los demás imputados, Lilian Soledad Plaza Bravo, Lorena Andrea Barrientos Ramírez, Juan Carlos Ayala Brito, Ximena Andrea Ciudad Varela, Jorge Ignacio Venegas López, Dimitri Andres Díaz Neira y Ricardo Alexis Percic Becerra.
El persecutor no solicitó esa medida cautelar para el exjefe de Administración y Finanzas de la Intendencia de Tarapacá, Jhonny Muñoz, dada su colaboración con la indagatoria.
Quezada, ingeniero comercial de profesión, se desempeñaba como jefe de gabinete del diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Renzo Trisotti cuando asumió como intendente en 2018. En el primer gobierno de Sebastián Piñera, entre 2012 y 2014, fue gobernador provincial de Iquique y anteriormente se desempeñó como secretario regional ministerial de Hacienda en la región, entre 2010 y 2012.
Tras los alegatos, el Tribunal desestimó la prisión preventiva para los imputados. Sin embargo, el persecutor Juan Zepeda, solicitó otras medidas cautelares, entre ellas, el arresto domiciliario total y el arraigo nacional. Solo para Jhonny Muñoz se solicitó arresto domiciliario nocturno.
Las defensas se mostraron en desacuerdo con lo solicitado por la fiscalía, proponiendo otras medidas, como la firma mensual de los imputados.
En tanto, el Juzgado de Garantía de Iquique, fijó la medida de arraigo nacional para todos los imputados. Mientras que el arresto domiciliario nocturno solo se determinó para Muñoz, Quezada y Plaza, entre las 22 y las 6 horas.
Asimismo, se estableció un año de plazo para la investigación.
