Este jueves se escribió un nuevo episodio en el marco de la investigación por convenios presuntamente irregulares entre fundaciones y organismos de gobierno.
Y es que la ex jefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, Verónica Serrano, llegó hasta la fiscalía nacional para prestar testimonio por segunda vez en torno a la causa por Democracia Viva.
El Ministerio Público indaga el traspaso de $426 millones, en tres contratos, desde Vivienda a la ONG ligada al partido Revolución Democrática. En ese sentido, el ente persecutor indaga el rol de Serrano.
A las 14.56, portando una carpeta y cargando una mochila, la tía del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi (Revolución Democrática), enfrentó a la prensa y entregó algunas declaraciones. “Ustedes van a ver mi declaración luego, supongo”, dijo ante las consultas.
Asimismo, se le consultó si “apuró” los convenios con Democracia Viva. Respondió: “Al igual que en todo Chile”. Luego se le consultó si hubo “algo” que le llamara la atención. “En ese minuto nada, solo que estábamos más atrasados. Empecé a trabajar en el Ministerio de Vivienda en junio y había una atraso en porcentaje alto en ejecución presupuestaria. Ejecutar el presupuesto no significa solamente gastar plata sino que significa llevar atención a los campamentos. Por lo tanto, no se estaba haciendo la tarea y esa fue mi preocupación”.
Al ser requerida sobre si hizo algún “reparo” en la entrega fondos, respondió: “No, porque yo no elijo las fundaciones”. “Que conste que los convenios los firman las regiones, los seremis. Yo no tengo facultad sobre su decisión. No tengo ningún vínculo, ninguno, ninguno, sobre la decisión que se tomó sobre Democracia Viva, ni sobre ninguna fundación”.
“Que conste que Antofagasta tenía un atraso superior al de todas las regiones”, agregó.
La arquitecta declaró en calidad de testigo el pasado 29 de noviembre en dependencias de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, en la comuna de Independencia, y ahí se limitó a exponer cuál fue su rol en los cinco meses en que fue parte del Ministerio de Vivienda (Minvu).
“Respecto a los convenios suscritos por la fundación Democracia Viva, a lo largo de mi gestión se asignó un presupuesto anual en torno a los $ 40.000.000.000, sumándose a eso alrededor de 85.000 personas viviendo en campamentos y el aumento de campamentos a nivel nacional. No podría dar mayores detalles, ya que eso se maneja a nivel regional con la respectiva Seremi”, sostuvo esa vez ante los detectives.
Así las cosas se espera que hoy el ministro de Vivienda, Carlos Montes, preste testimonio por el mismo caso.
