Sólo un 28% de los funcionarios del Poder Judicial trabaja presencial a dos años de iniciada la pandemia

El 13 de marzo de 2020, el pleno de la Corte Suprema trató un tema hasta entonces no habitual, debían decidir la forma en la que el Poder Judicial operaría bajo la nueva realidad: una pandemia mundial. Esa jornada, el Ministerio de Salud reportó 7.499 nuevos casos de Covid-19, diez días después del primer contagio registrado en el país y a dos desde que fuera declarado como emergencia mundial. A dos años de eso poco más de un cuarto de los funcionarios del Poder Judicial trabajan de manera presencial, el resto lo hace remoto, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros rubros.

En ese pleno de marzo de 2020 se definió lo que se entendería por teletrabajo en el Poder Judicial y sus primeros lineamientos para operar. Días después, el Gobierno decretaría Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe. “Asegurar en la medida de lo posible la continuidad del servicio judicial, con altos estándares de calidad, acceso a la justicia y protección efectiva a los derechos fundamentales de todas las personas”, señala el auto acordado de aquel entonces.

A 863 días del cambio en la manera que funcionan los tribunales, y según cifras del Poder Judicial, de los 13.900 funcionarios que trabajan en los diferentes tribunales y cortes del país, el 61% de ellos lo hace de manera telemática, otro 28% realiza sus funciones de manera presencial, un 10% de los funcionarios tiene licencia médica y el 1% está “sin labores”.

A nivel nacional, la jurisdicción que menos personal tiene trabajando presencial es Antofagasta. Ahí, de los 620 funcionarios sólo el 14,7% acude a tribunales. En contraposición, Talca es el lugar que más funcionarios trabajan de manera presencial, con un casi 40%. Lo anterior llama la atención, ya que las medidas restrictivas por la pandemia cada vez son menores. A lo que se suma, además, que todos los integrantes del Poder Judicial siempre han sido considerados trabajadores esenciales y por ende fueron priorizados en los procesos de vacunación.

Desde el comienzo de la pandemia y de las adecuaciones que realizó el Poder Judicial, tanto el Ejecutivo como el Legislativo comenzaron a tramitar la regulación que permitiría a los tribunales adecuar sus procedimientos a la nueva realidad. De esta manera, el 1 de abril de 2020 se promulgó la Ley Nº 21.226, la que realizaba cambios jurídicos para permitir el funcionamiento telemático, junto con eso -entre otras cosas- modificó los plazos en causas de juzgados de letras, familia, trabajo, garantía, oral en lo penal, entre otros.

Ya el 2021, la misma Corte Suprema determinó en el del 16 de marzo, que las medidas sanitarias adoptadas por el Poder Judicial, se establecían “mientras dure la emergencia sanitaria dispuesta por la autoridad competente en el país”. El 28 de marzo de este año, el Ministerio de Salud prorrogó la alerta sanitaria por el Covid-19 hasta el 30 de septiembre de 2022, fecha por la que se regiría el Poder Judicial. Por ende, de no volver a extenderse dicha alerta aquello podría significar cambios en el funcionamiento de los tribunales.

Sin embargo, el 30 de noviembre de 2021, se promulgó la Ley Nº 21.394 que genera una reforma al sistema de justicia luego del estado de excepción. En ese sentido, la nueva ley promueve el funcionamiento de manera excepcional de los tribunales y a “privilegiar las vías remotas como la forma regular y ordinaria en que debe prestarse el servicio judicial, reduciendo al mínimo las ocasiones de contacto presencial a través del uso de las tecnologías disponibles, por un plazo máximo de un año contado desde la entrada en vigor de la ley”.

Mauricio Olave, presidente de la Asociación de Magistrados y Magistradas (ANMM), asegura que esperan “que la virtualidad no provoque o acentúe deterioros en las condiciones de trabajo. Es un tema que ha preocupado a los gremios del Poder Judicial y al que seguiremos atentos”. ¿Cuándo regresar de manera completamente presencial? El dirigente sostiene que “es difícil adelantarlo mientras persistan las restricciones de la autoridad sanitaria por la pandemia, en un escenario cambiante y de alguna manera incierto”.

El abogado penalista y académico de la Universidad de Chile, Miguel Schürmann, señala que considerando que “una parte relevante de la población, especialmente en las cortes superiores del sistema existe población de riesgo, los incentivos para seguir trabajando telemáticamente son altos”.

En la Defensoría Penal Pública, desde un comienzo han sido críticos con el funcionamiento telemático de la justicia. Pablo Aranda, jefe de la unidad de estudios de esa institución, afirma que “sabemos que hay una ley, que esto está regulado, pero que es absolutamente perfectible. Es deseable transitar hacia un punto de equilibrio respecto a la justicia presencial”.

Los cambios en el funcionamiento en el Poder Judicial han implicado modificaciones en los diferentes tribunales y cortes, incluso en la Suprema. En el máximo tribunal la situación es variable, si bien todas las audiencias se realizan de manera telemática, igualmente hay ministros que asisten de forma presencial e ingresan a la audiencia virtual desde la misma sala. Según conocedores de la situación en las altas esferas del Poder Judicial actualmente son aproximadamente 13 los supremos que asisten de manera presencial. Hay días en que las salas están completas y otras en las que no. Uno que siempre está presente es el presidente, Juan Eduardo Fuentes, y la vocera Ángela Vivanco.

A nivel de tribunales de alzada, en la Corte de Apelaciones de San Miguel, actualmente hay cinco salas funcionando, de las cuales sólo una lo hace de manera presencial, aunque litigantes igualmente pueden acceder a la audiencia de manera remota. En cuanto a los ministros, tres de 19 son los que asisten diariamente al tribunal de alzada.

En la Corte de Apelaciones de Santiago existen 13 salas, desde el 18 de abril son cinco las que sesionan presencialmente. Además se sumó recientemente una nueva sala que funciona completamente virtual y con jueces de la Corte de Apelaciones de San Miguel, con el fin de disminuir los retrasos generados por la pandemia.

A diferencia de lo que ocurre en la Suprema, donde no existe un sistema de turnos rotativos para asistir presencialmente, en los tribunales de primera instancia sí. Éstos, según lo estipula la normativa, siempre deben disponer de un lugar para que imputados o intervinientes puedan ir y conectarse a las audiencias, lo que requiere de personal que disponga estos lugares. Junto con eso, la atención a público se mantiene.

En cuanto a los juicios orales, se realizan de manera telemática, salvo que se trate de algún “caso grande”, explica un funcionario, por lo que existe una forma de funcionamiento híbrida. Además, todo va a depender de la instancia en la que se encuentre el juicio, por ejemplo, los alegatos son de manera virtual, pero las pruebas y testigos lo hacen de manera presencial en algunos casos.

A dos años de los cambios en el Poder Judicial, el balance respecto a las ventajas y desventajas de las funciones de manera remota, son variadas. En lo que sí hay una opinión unánime, es que las audiencias virtuales permiten facilitar el acceso geográfico a los tribunales, es decir un abogado de Arica puede participar de un juicio en Punta Arenas. En definitiva, se puede estar en más de una audiencia el mismo día en diferentes partes del país.

“Esto también puede mejorar la eficiencia del sistema, por el dinamismo que una serie de audiencias de este tipo pueden llegar a resolverse. Las audiencias telemáticas funcionan plenamente en la mayoría de las que contemplan los procesos, especialmente en aquellas previstas para la comparecencia solo de abogados”, explica Schürmann.

El representante de los magistrados por su parte sostiene que “los beneficios son evidentes. El principal avance es el mayor acceso a la justicia que se logra porque la virtualidad permite la comparecencia de personas que se hallan en lugares apartados superando las dificultades de traslado, aunque ello supone también que contar con una adecuada conexión a internet se vuelve una necesidad básica”.

Pero también existen desventajas reconocidas, el académico de la Universidad de Chile explica que estas dificultades se “presentan en audiencias previstas para recibir testimonios, en donde la inmediación se puede ver mermada por la distancia o por una erosión de las garantías para que dichos testimonios no sean influenciados mientras son prestados”. De hecho, en abril del 2021 la Corte Suprema acogió un recurso de nulidad al establecer que un testigo fue ayudado a declarar mientras la hacía mediante videoconferencia.

El jefe de la unidad de estudios de la Defensoría asegura que “hay ciertas audiencias que son de trámites para avanzar el proceso cuya tramitación telemática no genera problemas, pero sí cuando hay audiencias complejas, de juicio oral donde tienen que declarar imputados, testigos, peritos es complejo hacer justicia de manera telemática, porque se despersonaliza el acto de justicia”.

Junto con eso, Aranda concluye que uno de los mayores problemas existentes son las fallas en la conexión o el no contar con los dispositivos idóneos, aunque lo más complejo para ellos es que no existe una comunicación personal y presencial con los imputados que defienden. Esto porque al ser audiencias virtuales, el abogado defensor se comunica en la misma sesión con su cliente, quien está en una sala del recinto donde esté detenido, mermando la interacción.

A propósito del masivo atraso de causas, se espera que junto con otros rubros que han retornado a sus labores, los tribunales hagan lo propio con los resguardos de una pandemia con la que todos han aprendido a vivir.