La comisión de Salud del Senado sesionó la mañana de este martes con la finalidad de analizar el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, con el objeto de fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores y aumentar las multas y períodos de suspensión de los emisores.
Fueron invitados a la sesión la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el superintendente de Salud, Víctor Torres, la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, y el director de Fonasa, Camilo Cid.
“Todos sabemos que el tema de las licencias médicas es un tema grave y estamos haciendo exigibles nuevos requisitos para emitir licencias médicas, porque dadas las investigaciones hemos detectado que hay personas que en virtud de los convenios que tiene Chile de homologación de títulos, bastaba con que iniciaran actividades en Chile para que pudieran emitir licencias médicas y no estaban sometidos al mismo control o al mismo nivel de requisitos de ejercer la actividad por ejemplo en el sistema público con el otorgar beneficios de la seguridad social”, señaló la ministra Aguilera.
En esa línea, se propone que solo puedan emitir licencias los profesionales inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales que mantiene la Superintendencia de Salud y que hayan aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom).
Denuncias
El pasado 9 de diciembre, en el 14º Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó a una treintena de personas que constituyeron una red de venta de licencias. Siete médicos extranjeros quedaron en prisión preventiva esa jornada y otros 21 imputados quedaron bajo arresto domiciliario total. Entre los profesionales formalizados figura Samir Rivaldo, titulado en Barranquilla que se estableció en Chile y llegó a otorgar una licencia cada 150 segundos.
El director de Fonasa detalló la presentación de 40 querellas en contra de médicos por delitos relacionados con este ilícito, por un total de 136.018 licencias médicas presentadas entre 2018 y 2019, y un monto estimado total de pagos por subsidios por incapacidad laboral de $24.854.673.160.-
Cid informó que existen 17 causas vigentes en distintas etapas de investigación, que están siendo permanentemente monitoreadas por el Fonasa, recordando que corresponde al Ministerio Público la exclusividad en el ejercicio de la acción penal. De las 40 querellas, dijo, 13 han sido terminadas por decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación por estimar que no tiene antecedentes suficientes para probar la comisión del delito.
A juicio de Cid, la pandemia de coronavirus, con la masificación de lo trámites en línea, abrió un espacio para “que se produjeran estas verdaderas asociaciones ilícitas que se escapan a la normalidad y capacidad de control existentes”.
Asimismo, el director de Fonasa dijo que tras el alza de otorgamientos de dineros en los años de pandemia, se ha “observado una cierta estabilización del gasto”.
Las multas que se proponen
La propuesta del Ejecutivo, detallada por la ministra, establece que en los procedimientos administrativos sobre licencias médicas regulados en esta ley, se podrá decretar provisoriamente la suspensión de la emisión de licencias médicas para el profesional investigado, cuando existan antecedentes que permiten presumir la ausencia de un acto médico que justifica la emisión de la respectiva licencia médica.
Además, establece multas que aumentan de 7,5 UTM a 140 UTM en caso de una primera infracción y de 60 UTM a 600 en los casos de tercera reincidencia.
El presidente de la comisión, senador Francisco Chahuán, valoró la exposición del Ejecutivo y las propuestas que hizo la ministra.
“Están en la línea correcta. Este proyecto lo vamos a votar de manera rápida. Yo creo hay acuerdo transversal”, indicó.
Senadores piden sanciones ejemplificadoras
“Dados los montos que hay detrás, dado lo fuerte que es este problema para el sistema de salud, debemos tomarnos muy en serio el tema de la fiscalización y tomarnos muy en serio el tema de las sanciones para quienes están detrás del uso fraudulento. Incluso hay países que tienen penas de cárcel para quienes mal utilizan las licencias, porque lo consideran estafa. Tenemos que dar señales potentes, no puede ser simplemente un maquillaje”, afirmó el senador Felipe Kast.
A su vez, el senador Iván Flores aseguró que es “absolutamente insuficiente el hecho de que a una persona que emite una licencia falsa se le condicione la mantención en el registro de emisores”.
“En el primer caso estamos hablando de siete millones de pesos de multa y aquí hubo un fraude de cientos de miles de millones de pesos”, expuso el legislador.
“No estoy de acuerdo con las multas, son absolutamente insuficientes y yo diría hasta ridículas”, recalcó.
Flores sentenció que “el que se le diga a una persona la vamos a sacar del registro, posiblemente, es completamente dispar y ajeno a lo que está pasando”.
“Los médicos que se demostró que estaban vendiendo licencias, esas personas deben de perder la licencia médica por vida, solo así vamos a poder frenar un delito que le cuesta al Estado cientos de miles de millones”, dijo, acotando que los responsables de esa situación de nacionalidad extranjera deberían ser además expulsados del país por ese delito.
Por su parte, el senador Juan Luis Castro, dijo que, en la línea de lo planteado por su colega, espera que se llegue a la “suspensión del ejercicio profesional” de médicos que incurren en este tipo de prácticas delictivas.
Además, apuntó a la necesidad de contra con instrumentos para sancionar a las personas que compran los permisos laborales y pidió al Ejecutivo recoger estos aspectos para mejorar el proyecto.
Desde el Minsal indicaron que las sanciones a compradores serían analizadas, pese a que no se contemplaron en el marco de esta iniciativa orientada a grandes emisores.