Tal como ocurrió hace apenas nueve días con el Instituto Profesional (IP) Los Lagos, este jueves la Superintendencia de Educación Superior (SES) tomó la misma decisión en torno al Centro de Formación Técnica (CFT) del mismo nombre: solicitarle al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial de la casa de estudios y, en consecuencia, que se designe un administrador de cierre para la institución, previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación.
Cabe recordar que el dueño de ambas instituciones es la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin), que tiene entre sus directores y representantes legales a Diego Ancalao, el primer detenido por los líos de platas derivados de los convenios entre distintas instituciones del Estado y algunas fundaciones. Originalmente era la Corporación Kimün la que tenía bajo su administración las nueve sedes a nivel nacional del IP y Centro de Formación Técnica (CFT) Los Lagos, pero el 17 de julio fueron vendidas, según se lee en el Diario Oficial, “a la Fundación Para el Desarrollo y Liderazgo Indígena o Fundelin, para quien compra, adquiere y acepta su representante don Diego Alexis Ancalao Gavilán”.
“A propósito de una investigación iniciada en 2022, se evidenció un continuo deterioro en la posición financiera y patrimonial de la institución”, dicen desde el ente fiscalizador, donde detallan que las infracciones corresponden a un incumplimiento de sus compromisos financieros, administrativos y laborales “como resultado de un importante déficit económico acumulado, morosidades cuantiosas, falta de proyecciones realistas y ausencia de un controlador solvente”; incumplimiento de los compromisos formativos asumidos, sin poder garantizar la prestación del servicio educativo en el mediano plazo afectando el derecho a la educación de los y las estudiantes”; e icumplimiento grave de los estatutos y otras normas internas que regulan a la institución.
“Al igual que la solicitud de revocación del reconocimiento oficial del Instituto Profesional Los Lagos, dispuesta el pasado 12 de septiembre, esta medida permitirá avanzar prontamente a la designación de una nueva administración que facilitará el desarrollo de los procesos académicos pendientes y la reubicación de las y los estudiantes que aspiren a concluir sus estudios en otras instituciones de educación superior”, agregan desde la SES.
Mientras, el superintendente José Miguel Salazar ahonda: “De ser aprobada esta solicitud, el administrador será el encargado de generar las condiciones para que los estudiantes de ambas instituciones puedan terminar sus carreras, ya sea en su actual casa de estudios o en aquellas con las que se establezcan convenios de reubicación”. Y concluye: “El cierre de una institución es un proceso largo, que sólo concluye cuando el último estudiante del plantel intervenido culmina sus estudios, garantizando así el derecho a la educación de todos quienes hoy están matriculados en estas instituciones”.
