Superintendencia: Las 10 nuevas reglas del juego de la educación superior

Hace unos días comenzó a funcionar la nueva Superintendencia de Educación Superior (SES), institución creada en el marco de las reformas educacionales que impulsó el gobierno anterior y que se suma a otros diez organismos fiscalizadores similares que existen en el aparato del Estado.

La implementación de la SES, que es liderada por el superintendente, Jorge Avilés, ha mantenido expectantes a las casas de estudios, debido a que la entidad contará con amplias atribuciones que cambian significativamente las condiciones que las universidades, centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales deben cumplir.

¿Cuáles son esos requisitos? Entregamos a continuación las diez nuevas "reglas" para las instituciones de educación superior.

La SES podrá exigir y conocer los estados financieros de las instituciones y auditarlos con empresas externas, para hacer un análisis de riesgos de su viabilidad financiera.

La facultad fiscalizadora de la SES le permite irrumpir en los recintos de los planteles, sin interrumpir las actividades académicas, para requisar documentos y examinar operaciones, bienes, libros, cuentas y archivos.

Las casas de estudios están obligadas a entregar a la entidad datos sobre finanzas, listas de socios, operaciones con personas relacionadas y donaciones recibidas. La SES publicará registros de sanciones y de socios de las instituciones en el sitio www.sesuperior.cl

El organismo accederá a datos resguardados por el secreto bancario, previa autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones, y podrá citar a declarar a controladores, propietarios, socios y representantes del plantel cuando detecte infracciones.

Cuando se detecte una inviabilidad financiera que podría amenazar a la comunidad, el superintendente nombrará un administrador provisional o pedir el cierre de la institución. Hasta ahora, este papel lo cumplía el Mineduc.

La superintendencia define qué actos se pueden considerar infracciones gravísimas, graves o leves. Entre las primeras están el uso de recursos para fines distintos a los previstos, la obtención ilícita de la acreditación y la publicidad engañosa.

Según el tipo de infracción, la institución sancionada recibirá desde una amonestación hasta multas que bordean $ 500 millones, y los responsables podrían ser inhabilitados por hasta 15 años para ejercer el cargo de rector o ser integrante del órgano superior. También hay sanciones penales, que van de 541 días a tres años de cárcel.

La SES tendrá que vigilar los contratos de personas relacionadas dentro de las casas de estudios. Según la ley, los máximos organismos de cada plantel, como los consejos universitarios, deberán aprobar o no las operaciones de partes relacionadas que hagan los controladores, autoridades y sus parientes, como cónyuges y convivientes civiles.

Las personas podrán pedir a la SES que intervenga en un conflicto entre ellas y alguna institución. La superintendencia tendrá 15 días para iniciar la mediación.

Otra de las labores de la superintendencia será publicar estadísticas y estudios con la información de las universidades y otros recintos, para que sirvan de orientación al sistema educacional.