A fines de octubre de 2022 el Presidente Gabriel Boric nombró al ingeniero civil industrial Mauricio Farías como nuevo superintendente de Educación, la máxima autoridad a cargo de fiscalizar que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte el ente.

Con eso en la mira, el superintendente tuvo que actuar de oficio cuando el viernes 3 de noviembre se supo que un estudiante agredió violentamente a un profesor de un colegio municipal de San Ramón, dejándolo inconsciente y con múltiples fracturas. Ese hecho no fue denunciado por nadie formalmente. “La lectura es que la gente ha ido conociendo la superintendencia, pero falta. Hay denuncias como esta que no nos llegan y sí deberían. No todos los sostenedores están capacitando a sus trabajadores en temas de convivencia. Tiene que haber conocimiento de la normativa”, dice.

La semana pasada, La Tercera daba cuenta que las denuncias por agresiones contra profesores mantienen los registros de 2022 y que otras han aumentado. ¿En qué quedan esas denuncias?

Son analizadas y tratamos de ir resolviendo sin necesariamente pasar a la fase de fiscalización, es decir, se habla con el establecimiento para que se solucione la denuncia antes de llegar a la fiscalización, o acciones de mediación cuando hay tensiones muy fuertes. Si detectamos incumplimientos, se pasa a fiscalización y si hay evidencia, pasa a un proceso sancionatorio, incluso con inhabilidad del sostenedor o el cierre del establecimiento. Pero en la mayoría de los casos llegamos a soluciones antes de ir a fiscalizar, aproximadamente dos tercios.

¿Es eficiente el sistema?

Es un tema que estamos discutiendo. El ministro de Educación anterior y este nos han pedido revisar las sanciones. Tenemos un espacio de mejora en ver cómo hacer más responsables a las personas más que a los establecimientos. Estamos trabajando en mirar otro tipo de sanciones, a los equipos directivos o si se puede apuntar a una amonestación. En el sector público se pueden reducir remuneraciones, por ejemplo. Las multas no nos agradan, creemos que hay otras sanciones que no afectan el financiamiento de educación. Estamos trabajando para generar esos mecanismos. Y queremos potenciar la prevención más que la sanción. Las sanciones son procesos complejos, burocráticos y tensos en que las comunidades quedan heridas.

¿Las sanciones que hoy existen son adecuadas?

En algunos casos las sanciones movilizan cambios de conductas, pero en otros no es suficiente. De lo primero y sin ir más lejos, los procesos de selección y discriminación que había antes fueron bajando bastante. Sí creemos que hay mecanismos que podrían ser mejores, como los de acompañamiento.

¿En qué puede terminar una denuncia de oficio como la presentada por la agresión al profesor de San Ramón?

Ese caso lo conocimos por medios de comunicación. No digo que sea el caso, pero si hay un incumplimiento muy marcado, vamos directo a la sanción. En casos graves, donde hubo un delito y asumiendo que el establecimiento no sigue protocolos de actuación, eso podría tener una sanción menos grave o grave. Las multas van desde la amonestación a multas entre 1 y 50 UTM (leves), 51 a 500 UTM (menos graves) y 501 a 1000 UTM (graves).

Acorde a las denuncias de este año, ¿diría que están trabajando en un ambiente adecuado profesores y estudiantes?

Siempre hay espacios de mejora. Hay que ser bien claros. Uno mira la prensa y son los más complejos, pero en general uno ve que los establecimientos están funcionando, que hay buen ambiente, que hay más claridad de los límites. Pero hemos visto conductas violentas y hay que decir que eso no es aceptable. Todos somos responsables. Es clave que las comunidades educativas se capaciten, que los estudiantes conozcan la responsabilidad penal juvenil y sus límites. Los establecimientos deben enseñar y denunciar, es importante que las comunidades no traspasen estos límites. Si no se capacita, es muy fácil que niños y adolescentes se equivoquen. Y lo mismo para los apoderados.

Dice que son temas puntuales, pero, ¿qué pasa con los liceos emblemáticos?

Es un tema bien interesante. En general fiscalizamos, pero la pregunta principal es cómo lo resolvemos. En trabajo en terreno los municipios han valorado bastante lo de clarificar la normativa, de cómo enfrentar una solución pacífica de conflictos y se han ido a capacitar. La lectura es que se están produciendo elementos positivos. El conflicto es un tema más grande y es absolutamente necesario avanzar en estas soluciones intersectoriales, pero eso toma tiempo.

¿Están bien apuntadas las políticas públicas sobre violencia en contexto escolar?

Ante fenómenos nuevos y complejos necesitamos acciones más profundas y coordinadas.

¿Quedaron desactualizadas esas políticas tras la pandemia?

Lo que pasa es que las sociedades se van desarrollando y son fenómenos que van cambiando y mutando, y tenemos que cambiar la forma de actuar. Son fenómenos complejos que requieren miradas y una articulación fina. Pero estos son temas que vienen de antes de la pandemia y no hubo solución, y ahora trabajamos entre todos los sectores en buscar esas soluciones. Esto seguirá pasando: aparecerán otros fenómenos y tendremos que estar muy atentos a ver cómo los resolvemos.