La Corte Suprema confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta del 14 de septiembre de 2023 que rechazó el recurso de protección presentado por Democracia Viva para poner “correcto término” al convenio de la fundación con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta.
El recurso de la entidad fundada por Daniel Andrade, exmilitante de Revolución Democrática y expareja de la diputada Catalina Pérez, acusaba “ilegalidad y arbitrariedad” en la acción del Minvu que dio término anticipado a los millonarios convenios entre la fundación y la repartición estatal.
La decisión fue adoptada por la Tercera Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Sergio Muñoz, Adelita Ravanales, Mario Carroza, Jean Pierre Matus y la ministra suplente Dobra Lusic.
“Se confirma la sentencia apelada”, señala el escueto fallo de la Corte Suprema.
La Corte antofagastina había sostenido que “al no haberse acreditado la existencia de un derecho indubitado y al no configurarse un acto ilegal y arbitrario, corresponde rechazar el recurso”. El tribunal de alzada consideró que el Minvu actuó “dentro de la esfera de sus atribuciones”, ya que el mismo convenio autoriza a poner término anticipado al contrato.
En su apelación, Democracia Viva hizo hincapié en “la necesidad de que un acto administrativo sea emitido conforme un debido proceso administrativo”, acusando que no fueron notificados de los antecedentes técnicos que fundamentaron el acto que dio término a los convenios por $426 millones para proyectos de mejoras en campamentos de la región nortina.
Asimismo, aseguraban que “resulta arbitrario y discrecional fundar los incumplimientos alegados en documentos emitidos por la misma autoridad administrativa que dicta el acto de resolución o sancionatorio, los cuales, conforme el tenor de los actos impugnados, habrían sido establecidos vía memorándum, oficios u otros documentos, todos emitidos o por funcionarios dependientes de la Seremi-Minvu de Antofagasta o por funcionarios del Serviu Antofagasta, servicio dependiente de la misma repartición”.
A fines de junio Daniel Andrade pidió al Minvu poner “término anticipado” a los contratos y la Seremi del Minvu de Antofagasta, en tanto, solicitó la restitución de $391.768.516, luego que pusiera fin, mediante a una resolución, a la relación acordada entre ambas partes. En la resolución se ponía término al convenio y se ordenaba la restitución de los dineros y la liquidación del contrato.
Montes valoró pronunciamiento
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, destacó que el pronunciamiento del máximo tribunal “confirma que la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta actuó dentro de sus atribuciones al poner término anticipado de los convenios con Democracia Viva y ordenar la restitución de los recursos transferidos”.
“Es importante precisar que el fisco ya ha resguardado $294 millones, que fueron embargados por la justicia desde la cuenta bancaria de Democracia Viva, y el Consejo de Defensa del Estado nos representa en la demanda que solicita la restitución de los $97 millones restantes, además de la querella en contra de los responsables por el delito de fraude al fisco en este caso”, añadió, indicando que insistirán para que los dineros sean devueltos “no importa cuánto tiempo demore este proceso”.
Montes aseguró que no van a “descansar hasta que todos los recursos sean reintegrados y respondan frente al país los que cometieron actos de corrupción con los dineros destinados a las familias más necesitadas”.
“Requerimos de todos los fondos para avanzar en el Plan de Emergencia Habitacional y cumplir la meta de entregar 260 mil viviendas durante el mandato del Presidente Gabriel Boric”, señaló el titular del Minvu.
