Este miércoles 24 de julio fue el último reporte de Gendarmería al Tribunal Oral de Temuco sobre el estado de salud de Héctor Llaitul Carrillanca (56). Tras iniciar una huelga de hambre el 3 de junio -y completar ya 54 días de ayuno-, se informó una importante baja de 20 kilos de peso. Sin embargo, el documento explicita que hasta el momento el interno no presenta molestias.
El fundador de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) comenzó la protesta acusando ser un “preso político” y exigiendo la anulación de una condena de 23 años de cárcel, dictaminada el 22 de mayo pasado.
Pero la sentencia -como autor de delitos de la Ley de Seguridad del Estado, robo de madera y atentado contra la autoridad-, lejos de ser revocada, quedará a firme este lunes, según comentan fuentes del caso. Ese día, vía electrónica, la sala penal de la Corte Suprema informará el rechazo del recurso con que la defensa de Llaitul buscaba anular el juicio oral al que lo llevó la Fiscalía Regional de La Araucanía, tras investigarlo durante meses y detenerlo el 24 de agosto de 2022 en la sureña localidad de Cañete.
Con el fallo del máximo tribunal -que aún no está firmado, pero sí en “estado de acuerdo”- se cierra un importante capítulo en la violencia desatada en la Macrozona Sur. Más de 25 años han pasado desde la fundación de la CAM -en 1998-, y con la privación de libertad del comunero se debilita a una de las agrupaciones radicalizadas que operan entre la VIII y IX Región y que se ha adjudicado cientos de atentados en más de dos décadas.
La caída
“Nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones, persigue delitos”.
Era el 19 de mayo de 2022 y el Presidente Gabriel Boric, quien gobernaba hacía mes y medio, respondía con ese argumento los cuestionamientos del porqué el Ministerio del Interior no se querellaba en contra del líder de la CAM. Esto en el marco de las desafiantes declaraciones de Llaitul que una semana antes había hecho un explícito llamado a “preparar las fuerzas y organizar la resistencia armada”.
Por esa época, la recién instalada administración había llegado al poder llamando a la Macrozona Sur “Wallmapu” e intentando tender puentes con comunidades mapuche radicalizadas. Sin embargo, el 27 de julio de ese año, y tras el arribo de la abogada Lupy Aguirre a cargo de la División Jurídica de Interior, la entonces ministra Izkia Siches invocó la Ley de Seguridad del Estado (LSE) contra Llaitul.
La decisión permitió a la Fiscalía de La Araucanía, liderada por Roberto Garrido, incorporar conductas que sancionaba esa norma especial y que sin su invocación no se podrían haber perseguido, como la apología a la violencia o incitar a la desestabilización de un gobierno. Ya por esa época, además, La Moneda pedía al Congreso autorizar una seguidilla de estados de excepción constitucional que -dicho sea de paso- se mantienen hasta ahora.
A esa altura el fiscal de Alta Complejidad, Héctor Leiva, tenía en la mira al líder de la CAM desde hacía al menos dos años.
Una serie de escuchas telefónicas y seguimientos permitieron probar que el acusado estaba detrás de una serie de atentados. Junto con esto, también se estableció que las acciones de robo de madera, que la agrupación denominaba “sabotajes” contra forestales, eran una hipérbole para esconder actos de delincuencia común.
“Con las diversas probanzas ya aludidas, es posible establecer que el acusado hurtó madera del predio usurpado (...) se puede deducir de los indicios que significan tanto la información proveniente de las comunicaciones de Llaitul con distintos sujetos interceptadas durante la investigación, como de los dichos de las entrevistas que sostuvo con diversos periodistas para distintos medios de información pública”, se lee en el fallo.
Histórico
Dos detectives habían pedido un plato para almorzar en el conocido restaurante “El Viajero” de Cañete, Región del Biobío. Pero no probaron bocado.
Ese 24 de agosto de 2022 desde su mesa ambos policías seguían sigilosamente los pasos de Héctor Llaitul, que -según las interceptaciones telefónicas- había acordado juntarse con unos amigos en el recinto para comer. Una vez que Llaitul bajara la guardia se llevaría a cabo, por parte de la PDI, una de las operaciones más importantes en la macrozona. Eran pasadas las 13:00 horas cuando los policías se levantaron de sus asientos y le exhibieron al histórico líder de la CAM sus placas. “Héctor Llaitul, estás detenido”, le dijeron. El locuaz dirigente se quedó mudo.
Tras la detención se activó el traslado desde Cañete a Temuco, dispositivo que -incluso- incorporó un helicóptero.
Durante el juicio Llaitul renunció a su derecho a guardar silencio y reiteró que estaba siendo víctima de un juicio político. Pero nada de eso pudo eximirlo de una condena a 15 años por conductas sancionadas por la LSE, cinco años por hurto de madera y tres por atentado contra la autoridad. En total, 23 años de presidio efectivo.
Su última chance estaba en la Corte Suprema. Sus abogadas Josefa Ainardi y Victoria Bórquez acusaron que Llaitul fue víctima de vulneraciones a sus garantías. También cuestionaron los testimonios de testigos reservados y que el tribunal oral no haya tomado en cuenta “la pertinencia cultural” del acusado al pueblo mapuche. “Se trata de un integrante del pueblo indígena mapuche, que además es un reconocido activista de los derechos políticos, territoriales y culturales de su pueblo, así como también werkén de la Coordinadora Arauco-Malleco”, alegaron.
Con todo, la sala penal no encontró vicios ni infracciones a la Carta Fundamental en el proceso en que se lo juzgó.
Llaitul deberá enfrentar -entonces- una larga estadía tras las rejas.
