Durante la jornada de este lunes, la segunda sala de la Corte Suprema acogió un requerimiento presentado por la defensa del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y ordenó a la Corte de Apelaciones de Santiago tramitar la causa contra los jueces que revocaron su sobreseimiento. Esto luego de que el pasado 15 de junio el tribunal de alzada declarara inadmisible el recurso de amparo presentado por el comunista, en el marco de la batalla judicial que existe por el Conjunto Armónico Bellavista.
Como dan cuenta los diversos antecedentes que se acumulan en este procesos -que se inició producto de dos querellas presentadas contra el jefe comunal, quien rechazó la solicitud de recepción de obras y emitió una orden de demolición del inmueble-, Jadue recurrió contra los ministros Carmen Gloria Correa y Juan Muñoz Pardo, y del abogado integrante Rodrigo Montt Swett, por haber revocado la determinación con que el 3° Juzgado de Garantía de Santiago declaró por terminado el proceso penal en su contra, dando pie a iniciar un juicio oral por los delitos de prevaricación y negociación incompatible por tráfico de influencias.
A juicio de la defensa del imputado, lo resuelto en ese entonces habría constituido una vulneración “al debido proceso, y en concreto habría forzado a nuestro representado a asistir a una audiencia de preparación de juicio oral, atentando contra su libertad personal, cuando en derecho lo que corresponde, en virtud del artículo 247 es el sobreseimiento de la causa”.
Sin embargo, lo definido por máximo tribunal vuelve a presentarse como una ventana para el excandidato presidencial, ya que una sala no inhabilitada del tribunal de alzada capitalino tendrá que analizar el recurso contra los citados ministros.
“La situación descrita constituye uno de los supuestos previstos en la Constitución Política, en cuanto se alude a una presunta afectación a la libertad personal del amparado, por lo que su mérito deberá decidirse al conocer del fondo de la acción deducida”, manifestaron en la resolución.
Al respecto, los abogados de Jadue, Ciro Colombara y Aldo Díaz indicaron que “como el Ministerio Público ya investigó y cerró el caso, porque no hay delito ni irregularidad alguna, valoramos mucho el fallo de la Corte Suprema, porque permitirá que este caso artificial impulsado por la Inmobiliaria Bellavista y por un ex concejal, termine definitivamente al constatarse que se les pasó el plazo para presentar acusación y que no es posible subsidiar a un litigante negligente”.
En el mismo sentido, añadieron que “es un caso de lawfare, es decir, de utilización política de una investigación penal”.
