A cuatro días de que el Tribunal Constitucional (TC) sesione de forma extraordinaria para revisar la petición del cese de cargo en contra del diputado comunista Hugo Gutiérrez, una inesperada embestida propinaron los abogados que representan a parlamentarios de Chile Vamos. Mediante un escrito piden que los ministros Iván Aróstica y José Ignacio Vasquez retornen a la vista del caso y se declare nula la inhabilidad que expresaron luego de que el parlamentario se querellara en contra de ambos en un caso por presunta corrupción que investiga la Fiscalía Centro Norte.
Este fin de semana el diputado protagonizó un incidente con personal de la Armada mientras lo fiscalizaban a propósito de las medidas sanitarias por el Covid-19. La situación agitó las aguas en el oficialismo, que ha levantado una serie de críticas a la actitud del parlamentario, lo que incluso motivó una denuncia en la Comisión de Ética de la Cámara. A eso, ahora, se suma la petición ingresada hoy por los abogados Jéssica Torres y Emiliano García, que podría significar que sean 10 ministros y no 8 -como hasta ahora- los que definan el futuro del diputado comunista.
“La inhabilitación de ministros por judicatura sin causal jurídica -y tan sólo sobre la base de eventuales efectos de querellas presentadas contra los mismos, luego de iniciado el juicio- conforma un inédito y riesgoso precedente en nuestra historia republicana, por cuanto abre las puertas a que su reiteración termine socavando, por la fuerza, la misión de impartir justicia de los ministros y de una judicatura tan trascendente como el TC, sin perjuicio del concomitante efecto pernicioso de que esta práctica de los litigantes requeridos pretenda extenderse a otras altas magistraturas de la República”, se lee en el escrito.
Los abogados sostienen que una vez los parlamentarios de Chile Vamos solicitan cesar de su cargo al diputado del PC -por subir a Twitter dibujos supuestamente realizados por niños en que se describe un ataque al Presidente Sebastián Piñera- el parlamentario presentó una querella nominativa contra Vásquez y Aróstica por delitos de corrupción acusándolos de dilatar causas de Derechos Humanos en el TC. “Según revelan los hechos descritos, publicitados mediáticamente, pareciera evidente que el señor Hugo Gutiérrez y miembros del Partido Comunista de Chile crearon una situación artificial, orquestada. Específicamente, un ardid procesal, compuesto por múltiples insospechadas querellas, presentadas con posterioridad a que fuera admitido a tramitación el requerimiento de autos, para desmontar la integración legítima de vuestra magistratura”, indican.
El pleno decide
En efecto, el 20 de mayo Aróstica y Vásquez decidieron inhabilitarse de conocer el fondo de la petición, pese a sostener que no hay causal para recursarlos. “A pesar de no existir causal de inhabilidad legal, ni animadversión en contra del señor Hugo Gutiérrez Gálvez, que nos pudiera afectar para entrar al juzgamiento del requerimiento parlamentario para declarar su cesación como diputado, respecto del cual no tendríamos, sino, los antecedentes procesales de hecho y de derecho del expediente, como fundamento exclusivo para pronunciarnos, sin embargo, declaramos que es conveniente inhabilitarnos en esta causa constitucional”, dijeron en ese momento ambos jueces.
Este martes el pleno del TC deberá resolver la petición de los abogados de Chile Vamos. Con todo, el viernes se abrirán alegatos para que finalmente la instancia decida si acoge o rechaza el cese del cargo de Gutiérrez.
El diputado comunista no reconoce al TC, por lo que ha decidido no defenderse en este proceso. Sin embargo, ante el escrito presentado hoy, su abogado Fernando Monsalve, quien presentó la querella contra los jueces Aróstica y Vásquez en sede penal, sostiene que “me parece impresentable y, entiendo que los diputados de gobierno quieran lograr nuevamente una resolución que vulnera cualquier tipo de norma o procedimiento legal mínimo. Hace 3 meses los ministros, mediante escrito público, en el cual demostraban su resquemor con militantes y estructura del Partido Comunista, se inhabilitaron. Los requirentes siguieron litigando, no presentaron nulidad procesal alguna y ahora que al parecer entienden que no cuentan con la prueba mínima aportada para configurar una destitución, pretenden utilizar una artimaña para conseguir retrasar el conocimiento de la causa y que no se decida en base a fundamentos jurídicos constitucionales, sino que en cuanto a opiniones políticas y personales de quien está siendo juzgado”.
Finalmente reclamó que “este juicio ha sido absolutamente impropio de una democracia con mínimas garantías y estamos ciertos que del análisis jurídico constitucional no ha existido ninguna prueba que configure por primera vez en la historia democrática la posibilidad de destituir a un representante popular”.
