Hasta el Tribunal Constitucional (TC) recurrió, a comienzos de abril, el exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas, para que se declarara inconstitucional la causa que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte sigue en su contra y así impedir su formalización por presuntos delitos de omisión durante el estallido social de 2019.
Y tal como sucedió con el actual jefe de la policía uniformada, general Ricardo Yáñez, el TC decidió declarar inadmisible el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por Rozas, el que había sido acogido a trámite el pasado 24 de abril por el tribunal encabezado por Nancy Yáñez.
El recurso presentado por Rozas -bajo la representación del abogado Felipe Barruel- apuntaba que los hechos de omisión que busca imputar el próximo 1 de octubre la fiscal Ximena Chong no eran constitutivos de delitos. Entre otras cosas, solicitaba que se declarara inconstitucional la causa que está siguiendo la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte.
Pese a eso, el TC sostiene en su fallo que la sala que revisó el requerimiento “ha logrado formarse convicción en cuanto a que la acción constitucional deducida no puede prosperar, por lo que será declarada inadmisible”, esto al considerar que adolece “de falta de fundamento plausible”. En esa línea, sostiene el fallo del pasado 17 de mayo que a juicio de esta sala “resulta claro que el requerimiento se cimenta sobre la alegación de cuestiones que son ajenas al ámbito de competencia material de esta magistratura, en conocimiento de una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad”.
Lo anterior, según explica el mismo requerimiento porque “la argumentación contenida en el requerimiento, más que reprochar el contenido normativo de las disposiciones en examen, frente a la Constitución como parámetro de control, discurre en realidad sobre la improcedencia de que los hechos que se le imputan puedan ser subsumidos en las normas penales sustantivas que fundan la imputación, o en otros términos, la falta de adecuación típica de la conducta del requirente”.
Concluyen, el fallo de la segunda sala del tribunal afirma que las normas cuestionadas “ya fueron aplicadas por el tribunal, pues el Ministerio Público solicitó audiencia para la formalización de cargos en contra de la parte requirente, y se procedió a citar a una audiencia para el día 7 de mayo de 2024. Además, es un hecho público y notorio que dicha audiencia fue reprogramada para el día 1 de octubre de 2024″.
Por acoger el requerimiento, en parte, estuvieron los ministros José Ignacio Vásquez y Marcela Peredo.
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