La extracción de la jibia con “línea de mano”, usada principalmente por pescadores artesanales, fue validada hoy por el Tribunal Constitucional (TC). Tras una intensa deliberación, según fuentes de La Tercera, los ministros rechazaron el requerimiento presentado por la empresa pesquera Landes -representante de los industriales- y determinó que la normativa que establece que la jibia solo puede capturarse únicamente con sistemas empleados por pescadores artesanales está ajustada a la Constitución.

Quienes conocen del veredicto sostienen que el rechazo del requerimiento fue por ocho votos contra dos. La presidenta, María Luisa Brahm, y los ministros Iván Aróstica, Juan Jose Romero, José Ignacio Vásquez, Pía Silva, Gonzalo García y Nelson Pozo estuvieron -bajo distintos argumentos- por rechazar el recurso de Landes. En tanto, los jueces Cristián Letelier y Miguel Ángel Fernández habrían acogido las pretensiones de la industria pesquera.

El 11 de julio se realizaron los alegatos virtuales. En la oportunidad la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) defendió hoy ante el TC la plena aplicación de la Ley de la Jibia. El jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría, Luis Orellana, argumentó ante los ministros del TC que la Ley de la Jibia es totalmente válida y constituye una obligación de la repartición cumplirla y hacerla cumplir.

“La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en conformidad con la Constitución, y en el ejercicio de sus atribuciones, ha velado en todo momento porque los armadores industriales acaten lo dispuesto en la Ley N° 21.134 (de la jibia), como asimismo ha apoyado a aquellos que han buscado los mecanismos jurídicos para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha ley, esto es, extraer jibia utilizando potera o línea de mano”, afirmó.

La situación tenía en vilo a varios pescadores artesanales, quienes miraban con recelo la embestida en el TC. El 19 de enero el Gobierno había promulgado la ley que regula la captura de jibia de forma artesanal “con potera y línea de mano”, dejando de lado a la gran industria y sus técnicas de arrastre. Pese a todo, el TC hoy dio por zanjada la discusión y tildó de ajustada a la Carta Fundamental la ley.

La sentencia del TC y los argumentos de cada juez se darán a conocer en las próximas semanas.

Matías Guiloff, abogado y profesor de derecho, quien formó parte del equipo de profesionales que representó a los pescadores artesanales sostuvo que “este es un fallo crucial desde la perspectiva del rol institucional del Congreso y del propio Tribunal Constitucional. Aún cuando todavía no conocemos su contenido, el rechazo del requerimiento da cuenta que el tribunal reconoce el rol que le incumbe al legislador en la adaptación de las actividades económicas a las circunstancias de los recursos en que recaen. Además, y por el otro lado, con este fallo el TC demuestra que no está disponible para que los afectados por cambios legales recientes acudan a el a revivir la discusión legislativa, buscando que el tribunal les conceda lo que no obtuvieron en ella”.

Los pescadores artesanales del Bio-Bío, Maule y Valparaíso decidieron unirse y se hicieron parte de la causa representados por el abogado Carlos Cáceres Burgos, socio del estudio Cáceres y Cáceres. “Hoy se marcó un hito relevante para la sustentabilidad de la pesca nacional ya que se conoció que el Tribunal Constitucional rechazó por ocho votos contra dos el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la pesquera Landes, que buscaba dejar sin efecto la aplicación de la llamada Ley de la Jibia”, dijo el profesional que fue quien litigó ante el TC.

“Valoro decisión del TC de rechazar de manera tan contundente el requerimiento de la pesquera Landes. Sin conocer el mérito de la sentencia que se dictará en las próximas semanas, estimo que ella contribuye a legitimar la institucionalidad, ya que niega que la norma fundamental consagre el derecho a la inalterabilidad normativa, por conveniente que esta pueda ser para los intereses de las partes”, expresó. De todas formas, recalcó, “este no es el final del conflicto, y que ahora será la Excelentísima Corte Suprema quien deberá zanjar la controversia”.