Minutos antes de las 15 horas, la bancada de diputados del PS era la única que estaba esperando a la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), a su llegada al Congreso, donde estaba citada para enfrentar una interpelación promovida por Chile Vamos.
También estaban los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve (PS); de Prevención del Delito, Eduardo Vergara (PPD), y de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo (PC). Sin embargo, no había ningún legislador del partido de la ministra esperándola en las afueras de la sede del Legislativo. Lo más cercano al respaldo de un parlamentario del PPD fue la presencia del diputado René Alinco, quien se sumó casi al final a la recepción. Aunque Alinco ya no milita hace años en el PPD y renunció a su bancada por diferencias políticas, explicó que se asomó a darle su apoyo a Tohá “por amistad” ante la interpelación que Chile Vamos acordó el pasado 26 de abril, en medio de la campaña electoral para la elección de consejeros constitucionales.
Una vez dentro del Congreso, no obstante, representantes de todas las bancadas -incluso algunos opositores, como el mismo diputado interpelador, Andrés Longton (RN)- se acercaron a saludar a la secretaria de Estado. En todo caso, ella siempre estuvo acompañada de un contingente numeroso de ministros, además de su jefa de asesores, Pía Mundaca, quien le iba facilitando documentos y antecedentes ante cada pregunta de Longton.
Antes de comenzar su interrogatorio, el interpelador sorprendió a los presentes al pedir un minuto de silencio por todos los carabineros asesinados en actos de servicio. Ello obligó a legisladores desde el PC al Partido Republicano a ponerse de pie y hacer un reconocimiento transversal a los mártires de la institución.
Por casi tres horas el diputado interpelador intentó acorralar a la ministra en temas como la crisis migratoria, los delitos de alta connotación pública, su agenda legislativa y la violencia en La Araucanía y el Biobío.
Fue en el último punto donde la titular del Interior ratificó que, a juicio del gobierno, hay hechos con características de terrorismo. “El Presidente Gabriel Boric ya ha dicho claramente que en la Macrozona Sur hay acciones que tienen carácter terrorista y, por eso, vamos a modificar la ley. En el intertanto, con la legislación vigente, hemos perseguido esos delitos con mucha fuerza”, dijo la ministra, recordando las palabras que expresó el gobernante tras una seguidilla de ataques que se registraron en el sur en días previos a una visita a La Araucanía en noviembre del año pasado.
Ante la insistencia de Longton, quien le recordó el atentado al molino Grollmus, la secretaria de Estado repitió que tanto el Mandatario y ella reconocen que “hay acciones de carácter terrorista”. Sin embargo, expresó que el gobierno no empleaba la legislación antiterrorista por su escasa efectividad: “Cada vez que se invoca, impide avanzar en los procesos legislativos. Es una legislación que está mal formulada, porque obliga a demostrar el ánimo del que cometió el delito; normalmente se fracasa en eso y delitos gravísimos quedan impunes. De hecho, en los últimos 15 años se han conseguido solo tres condenas por esta ley”.
Además, recordó que ante los problemas que tiene la actual Ley Antiterrorista, los gobiernos de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera fracasaron en impulsar reformas, por ello, dijo que esperaba que este tercer intento logre un acuerdo.
Al término de la sesión de interpelación, Tohá precisó que la reforma a la legislación antiterrorista se materializará a través de un proyecto nuevo en el segundo semestre de este año, en vista de que, además, es parte de los compromisos de la Mesa de Seguridad, suscritos en enero pasado, instancia de la que la derecha se restó debido a los indultos que concedió Boric a condenados del estallido social y a un exfrentista a fines de 2022. “Es un proyecto de ley nuevo. Hay que hacer una nueva propuesta para superar los obstáculos y desacuerdos que hubo en los dos intentos anteriores”, dijo.
Igualmente, remarcó que el reconocimiento de actos de terrorismo no es un consenso nuevo del oficialismo. “El Presidente es nuestro Presidente y cuando habla, habla a nombre de todos nosotros. Es un criterio que respaldo, soy su ministra del Interior, señalando que en La Araucanía y en la Macrozona Sur hay harto que tiene carácter terrorista. Se dijo meses atrás, no debiera ser motivo de novedad ni de consulta”, dijo.
Carabineros y migraciones
Tohá también fue requerida respecto del apoyo del gobierno a Carabineros. “No hay ninguna duda del respaldo a Carabineros. Una policía respaldada no es una policía deliberante, que le dice a la fuerza política; la fuerza política tiene que tener capacidad de ponerse a la altura y ver necesidades que hay para detener el delito”, explicó. “A quienes nos interesa tener policías fortalecidas, debe ser dejado de lado el uso político de Carabineros”, enfatizó la ministra del Interior.
Asimismo, dijo que hay “acciones legislativas, de recursos y políticas en las cuales no hay ninguna ambigüedad respecto del apoyo de las policías. Cada día que pasa, instituciones que enfrentan los delitos están más fuertes, cada día hay más condiciones desde el punto de vista material para desarrollar su labor”.
En materia migratoria, el diputado Longton le enrostró “la falta de convicción de este gobierno, que antes de llegar promovió una migración descriteriada”.
Ante ello, Tohá respondió que fue el expresidente Piñera quien llamó con “puertas abiertas” a extranjeros y que los problemas que se evidencian hoy tienen que ver con la falta de control del gobierno anterior. “Han ido bajando los números y aumentando la capacidad de control de las fronteras”, dijo la ministra.
En relación a las expulsiones, Tohá añadió que “la capacidad del Estado de realizarlas es muy inferior en relación a los decretos que se hacen”. Y precisó que durante este año ya ha habido 143 expulsiones, “ha habido un cambio significativo por adaptarse a la nueva medida que el Congreso aprobó”.
Al final de la sesión, desde el PC a la DC dieron un respaldo cerrado a la secretaria de Estado y se votó un proyecto de acuerdo que buscaba manifestar al Presidente Boric su preocupación por “la incapacidad demostrada por el gobierno para llevar adelante su mandato de resguardo de la seguridad y el orden público interior”. Esa declaración, sin embargo, se rechazó por 69 votos en contra, 55 a favor y ninguna abstención.