Contrarreloj se realizará una importante reunión al mediodía de este lunes en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Y es que hasta ese lugar llegarán los dueños de las 250 hectáreas en las que está enclavada la denominada “megatoma de San Antonio”, en la que habitan más de 11.000 personas y que cuenta con una orden de desalojo visada por la Corte Suprema que debería concretarse este jueves 27 de febrero.

Si bien en primera instancia el lugar para este encuentro es en la sede del ministerio que dirige Carlos Montes, en calle Arturo Prat, esto podría cambiar por motivos de seguridad. Y es que el tema tiene bajo alta tensión a quienes habitan este asentamiento irregular, desde que el máximo tribunal visara la expulsión forzosa de las 4.136 familias con el propósito de devolver el paño a la inmobiliaria que es la propietaria de dichos terrenos.

Con todo, quienes participarán de la cita aseguran que lo más importante para que esta negociación sea exitosa es primero conocer cuál es la última tasación de estas tierras, es decir, qué valor le dan al metro cuadrado. Información dada a conocer por La Tercera este sábado daba cuenta de un nuevo análisis que será expuesto por las autoridades del Minvu este lunes.

Junto con esto, los dueños quieren también que el Ejecutivo transparente cuánto dinero tiene para ayudar a estas cooperativas -que sería la modalidad de financiamiento para que los habitantes puedan quedarse en el lugar- y qué dará el Estado a cambio -otros terrenos, por ejemplo- como garantía de cumplimiento. Sin eso, dicen desde el entorno de la contraparte del Gobierno, no será posible arribar a un acuerdo.

¿Cuánto vale el terreno?

Los dueños del terreno en disputa aún no saben detalles de cuánto es el avalúo que maneja el gobierno respecto a las 250 hectáreas, aunque fue el propio alcalde de San Antonio, Omar Vera, quien dio luces de esta tasación en una entrevista que dio la semana pasada en radio ADN.

“El Serviu tasa el predio en 0,58 UF por metro cuadrado, mientras que los propietarios piden 0,69 UF. Esa brecha es la que se debe negociar”, explicó en conversación con radio ADN.

En efecto, si ambas tasaciones se enfrentan hay bastante diferencia. Aunque la cifra entregada por el jefe comunal corresponde a una evaluación antigua por parte del Ejecutivo y no la nueva con la que cuenta a partir del viernes y que será presentada durante la jornada de este lunes.

Aun así, en términos prácticos, teniendo en cuenta el valor a 0,58 UF el metro cuadrado, el Serviu estaría valorizando los terrenos de la toma en US$ 59,3 millones, mientras que la tasación privada de la inmobiliaria da un total de US$ 70,8 millones. Con esto, la reunión partiría con una diferencia de valores de US$ 11,25 millones.

Dueños inquietos con el “sistema de cooperativas”

El ministro Carlos Montes ha estado trabajando en las últimas semanas para buscar una solución que evite el desalojo y, si bien ya se ha sostenido que no existe posibilidad de que el Estado adquiera los terrenos, sí ha defendido la alternativa de que se creen cooperativas que agrupen a los pobladores como vía para regularizar su situación.

Desde el punto de vista de quienes son propietarios de este paño, es -justamente- esta situación la que más los inquieta. Esto, ya que cuando se generan estas operaciones de cooperativa, en términos generales, el Estado aporta un monto a los cooperados para que puedan llevar adelante las gestiones tendientes a la adquisición de un terreno, a la construcción, etcétera, etcétera.

Bajo esa lógica, entonces, una de las interrogantes que se intentará despejar este lunes es si va a existir algún aporte estatal para llevar adelante la compra. Lo otro es saber si el Estado va a actuar como un aval, garante, o va a empeñar una garantía de alguna naturaleza, como por ejemplo entregar un terreno fiscal como prenda.

No es inminente el desalojo

Durante este domingo, en entrevista con radio Agricultura, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, puso paños fríos, en el entendido de que, de no lograrse un acuerdo, el desalojo no se ejecutará de una sola vez sino que será de forma paulatina. Esto último ya que se habla de cómo deberá trasladarse contingente de Carabineros desde Santiago a la Región de Valparaíso para apoyar las labores de expulsión.

“En general, la Corte lo que ha hecho en esos casos es que ha mandatado al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Desarrollo Social, al municipio respectivo y a Carabineros para desarrollar los desalojos con ciertos estándares. Esos estándares deben garantizar los derechos de las personas que se encuentran dentro de esos establecimientos, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, como niños, personas con discapacidad y adultos mayores”, sostuvo.

Junto con esto explicó que el primer traslado de estas personas debe ser a un lugar de transición, hasta que la autoridad les informe sobre algún proyecto o alternativa para que puedan postular a una vivienda.

Ahora, en el caso de San Antonio -explicó el subsecretario- hay un factor muy particular, y es la gran cantidad de personas que habitan ese asentamiento irregular

”Es una toma que, por su tamaño, no se puede intervenir simplemente. Al ser 10.000 personas, solo imagine la cantidad de fuerza pública que se necesita para eso. Por ello, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en su última resolución, si bien ha fijado la fecha para el 27 de febrero, ha señalado que el desalojo debe realizarse de un modo razonable y programado. Es decir, la Corte entiende que no se puede llevar a cabo de inmediato”, sentenció.