Tomas de terreno en Quilpué: el foco que puso en alerta al Ministerio Público

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La fiscalía de la zona se encuentra estudiando el fenómeno de las usurpaciones de tierra. Foto: Agenciauno

La Fiscalía Regional de Valparaíso actualmente investiga ocho causas relacionadas a este ilícito. Y justamente una de estas se encuentra vinculada al crimen por encargo de Concón.


El homicidio por encargo que terminó con la vida de un empresario en Concón puso la atención de la PDI y del Ministerio Público en la existencia de una disputa por un terreno en Quilpué. El pleito, que fue judicializado civilmente, hizo que tanto la víctima, Alejandro Correa, como el imputado por ser el presunto autor intelectual de su homicidio, Hernán López Fuentes, se enfrentaran en el 1er. Juzgado de Letras de Quilpué. Pero lo que pareciera ser un conflicto puntual entre dos personas por unos predios, en realidad es un fenómeno que preocupa a las autoridades de la zona.

Tanto es así, que la Fiscalía Regional de Valparaíso mantiene ocho investigaciones abiertas por tomas ilegales de terrenos. Todas estas indagatorias se han originado por denuncias recibidas entre marzo y junio de este año. Cuatro de ellas fueron recibidas en Carabineros, dos en el juzgado de garantía de la zona y las otras dos restantes por otras instituciones que luego las derivaron al Ministerio Público. Algunas de ellas, actualmente, están siendo indagas por la Bicrim de la PDI y otras por la SIP de la policía uniformada.

De esas ocho indagatorias, una tiene que ver con Correa. Fue el 14 de mayo, cuatro días antes de fallecer, que denunció en la fiscalía local de Quilpué que “terceros ingresaron a terrenos de mi propiedad y están marcando sitios y comenzando a construir. Ingresaron con una máquina retroexcavadora y comenzaron a hacer caminos interiores”.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, aborda esta situación y explica cómo están operando las personas vinculadas a estos delitos:

La mayoría de estas denuncias corresponde a usurpaciones no violentas de terreno; esto significa que un grupo de personas llega a un sector que no tiene cierres perimetrales e instala viviendas de manera irregular. Se trata de delitos que, en general, no se denuncian ni se advierten por la policía durante su comisión, por lo tanto, no hay flagrancia que habilite la intervención inmediata. Algunos terrenos corresponden a particulares y otros a bienes nacionales de uso público.

Claudia Perivancich, fiscal regional de Valparaíso

Una de las sospechas que existe tanto en el Ministerio Público como en la PDI, a raíz del caso de Correa, es que habría indicios de grupos organizados dedicados a estas ocupaciones, las cuales después venderían los predios a terceras personas. Incluso, en la causa que indaga el homicidio por encargo, el fiscal Stefan Kramar aseguró que el imputado López hacía negocios de rellenos sanitarios irregulares y que cuando existían problemas con “legítimos contradictores”, se encargaba de “sacarlos del camino”. Agregó también que la disputa civil entre ambos fue utilizada por López para distraer a Correa mientras planeaba el sicariato.

En esta línea, el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, asegura que “durante este año y después de la crisis social se incrementó, a partir del verano, las ocupaciones ilegales de terrenos en algunas comunas de la región”. Este fenómeno, dice, se dio en el litoral central, San Felipe, Viña del Mar y Quilpué. Martínez también afirma que estas ocupaciones son motivadas por grupos organizados. “Se ha detectado que hay bandas de delincuentes que han organizado tomas para luego, en teoría, venderlas a ciertos compradores con sus divisiones hechas en formas artificial e irregular”, dice el intendente.

Por eso, comenta que desde la intendencia están atentos a estos hechos para realizar desalojos con la policía conforme a la ley y, también, para que las personas que realizan estos hechos por necesidad de una vivienda, puedan hacerlo oficialmente a través del Serviu.


El caso de la esposa desaparecida

El imputado Hernán López se casó en 2003 con Rosa Huerta Saavedra. Seis años después, su señora desapareció. En aquel año, la Brigada de Homicidios de la PDI fue la encargada de investigar la causa, pero no se logró dar con su ubicación.

El caso se encuentra en manos de la fiscal de Viña del Mar, Vivian Quiñones, y fuentes ligadas a la indagatoria comentan que tras la detención de López, la familia de Huerta pedirá que se reactive el caso, ante estos nuevos antecedentes de su marido.

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