El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Iquique dictó veredicto condenatorio en contra de los hermanos mexicanos Ricardo y Yolanda Salazar Tarriba en calidad de autores de los delitos consumados de tráfico de sustancias estupefacientes y sicotrópicas y asociación ilícita para el tráfico de drogas, hechos por los que quedaron al descubierto en febrero de 2020.
Se trata de dos sujetos que fueron detenidos tras haber realizado una serie de gestiones para instalar en el norte de Chile al temido Cartel de Sinaloa, la organización criminal internacional que Joaquín “El Chapo” Guzmán lideró hasta 2017. Las operaciones consideraban la adquisición de cocaína en Bolivia para su posterior traslado a Europa.
“A través de la prueba se pudo apreciar que R.S.T. cumplió funciones de dirección y planificación en el establecimiento de esta organización en Chile, mientras que Y.S.T. cumplía funciones de colaboración o apoyo”, señala el dictamen del TOP.
En su resolución unánime dada a conocer este lunes, el tribunal -integrado por los magistrados Franco Repetto Contreras (presidente), Juan Pozo Araya y Carlos Perasso Adunce (redactor)- tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la ocurrencia de los delitos como la participación culpable de los acusados en los hechos.
La resolución indica que se configuró el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y sicotrópicas, respecto de ambos sujetos hoy condenados “toda vez que fue su organización delictiva la que logró la importación de la sustancia ilícita a territorio nacional, participando ambos en su posesión, transporte e intento de exportación a Europa”.
La audiencia de comunicación de la sentencia -que será redactada por el magistrado Perasso Adunce- quedó programada para las 12.40 horas del martes 5 de diciembre próximo.
El tribunal arribó a la convicción, más allá de toda duda razonable, que en el marco de una investigación dirigida por la Unidad de Drogas de la Fiscalía Regional de Tarapacá y desarrollada por la Brigada Antinarcóticos de Iquique, a partir de antecedentes aportados por agentes de la DEA en Chile en febrero de 2020, se logró determinar que ciudadanos extranjeros pertenecientes a una célula del Cartel de Sinaloa tenían la intención de establecer un estructura en Chile, con el objeto de abrir una “línea de salida” de cocaína importada desde Bolivia. La droga se acopiaría en la comuna de Alto Hospicio, para finalmente, haciendo uso de las plataformas portuarias y aeroportuarias, lograr su envío hasta diversos puertos y aeropuertos de Europa.
Mediante el uso de informantes y agentes encubiertos se tomó contacto vía correo electrónico, con un representante de la organización, un empresario presumiblemente asentado en Europa, a fin de generar los primeros acercamientos y verificar la factibilidad, para que la organización utilizara el norte de Chile como plataforma de salida de la droga.
“Luego de estos primeros contactos, y con la finalidad de dar operatividad a las intenciones de esta célula, esta dispone el arribo a Chile, del imputado R.S.T., quien debía montar las redes logísticas y crear los vínculos necesarios para que la organización lograra su objetivo. Fue así como R.S.T. ingresó el 4 de septiembre de 2020 a nuestro país, de manera clandestina, por el sector fronterizo de Colchane, momento a partir del cual comienza a reclutar a una serie de personas para que cumplan las funciones que la organización necesita para lograr sus objetivos, como tomar contacto con proveedores bolivianos, a fin de adquirir la sustancia ilícita que posteriormente será remesada a Chile para su posterior acopio; hacer reservas hoteleras, conocer la situación portuaria y aeroportuaria de nuestro país, recibir remesas de dinero desde el extranjero, recibir las remesas de drogas enviadas desde Bolivia, acopiarlas y trasladarla en los momentos que R.S.T. determine por si o a través de alguna de sus personas de confianza en Chile”, indica el Poder Judicial en una nota de prensa a propósito de la resolución del TOP.
Junto a los informantes y agentes reveladores, R.S.T. reconoce el Puerto Seco de Iquique, visita el Puerto de Iquique, el aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile, y el puerto de Valparaíso.
El objeto inicial de la organización operada en Chile por los Salazar fue internar desde Bolivia, para su posterior acopio en la Alto Hospicio, seis mil kilos de clorhidrato de cocaína, que luego sería enviada en seis remesas en distintos contenedores cargados con productos agropecuarios de exportación, de manera sucesiva, desde puertos chilenos, hasta diversos puertos europeos y, al mismo tiempo, traer a Chile diez millones de dólares para operar toda la logística necesaria. Yolanda llegó a Chile tras complicaciones médicas de su hermano.
El líder de la célula es Morris O’Shea, ciudadano irlandés-mexicano, que reside habitualmente en Barcelona España, hijo de Yolanda y sobrino de Ricardo Salazar. Las operaciones eran financiadas económicamente en gran parte por Patrick Joseph Daly, un ciudadano británico, que actuaba bajo la identidad falsa de Garry James Steele.
Los hermanos fueron detenidos el 10 de marzo 2021 en el aeropuerto Arturo Merino Benítez mientras intentaban hacer abandono del país. Al momento de su detención se le incautó a Y.S.T. dos celulares, un Ipad y dinero en efectivo, mientras a R.S.T. se le incautaron tres teléfonos celulares. Además, en su equipaje encontraron otro teléfono, dinero de distinta denominación y procedencia; y libretas de Y.S.T. que decían relación con los manejos de dinero en Chile, las que fueron incautadas. El operativo comenzó cerca de las 17.00 horas, días antes del cierre de fronteras decretado por el gobierno a causa de la pandemia de coronavirus.
