En el primer punto de la tabla de la Cámara de Diputados de este martes se encuentra para ser votado el proyecto de Ley de Seguridad Privada. La revisión de la iniciativa se da luego de 14 años desde que fue ingresada y busca regular el trabajo de las empresas y de quienes ejercen labores de protección en lugares y eventos privados.

El proyecto está en tercer trámite constitucional y data del 2009 cuando fue ingresado por el entonces gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. En esta oportunidad fue integrado en el conjunto de los 31 proyectos del fastrack acordado entre el Congreso y el Ejecutivo para impulsar una serie de legislaciones respecto a la seguridad.

La iniciativa sobre la Ley de Seguridad Privada llegó hasta el tercer trámite constitucional luego que durante los últimos tres meses avanzara en las comisiones de Seguridad y Hacienda del Senado. En la Cámara Alta, el pasado 11 de octubre, se aprobó por unanimidad la iniciativa.

El proyecto -que cuenta con urgencia por parte del Ejecutivo- ha sido impulsado por la Subsecretaría de Prevención del Delito. El titular de esa cartera, Eduardo Vergara, sostuvo que actualmente el país “no cuenta con una ley de seguridad privada, lo que existe es una regulación dispersa en distintas leyes, decretos, reglamentos y manuales, pero no existe una unificación ni la existencia de una ley de seguridad privada”. Por lo mismo, destaca la importancia de aprobar esta normativa.

Cambios a la seguridad privada

Lo señalado por la autoridad va en la línea con lo que busca la iniciativa, que regula y estandariza el trabajo de la seguridad privada, es decir, de aquellos guardias de establecimientos privados, pero que cuentan con acceso de público, como los centros comerciales, tiendas, eventos masivos, entre otros.

El mismo proyecto establece que actualmente serían 264.535 personas las que están acreditadas para ejercer labores de seguridad privada que forman parte de las 2.609 empresas que prestan estos servicios. Industria que, además, moviliza US$500 millones al año, según se expuso ante el Congreso.

Uno de los cambios más sustanciales que introduce el proyecto es “promover el rol coadyuvante y complementario” de los guardias privados con la seguridad pública, estableciendo obligaciones, por ejemplo, de denuncia de delitos en un plazo máximo de 24 horas, conservar las pruebas del hecho, así como individualizar a los autores de un delito.

En esa línea, el subsecretario Vergara explica que lo anterior permitirá que la seguridad privada “colabore con la seguridad pública y en consecuencia nos permita avanzar en la agenda de seguridad del gobierno que tiene que ver con aumentar la eficiencia como también la equidad en la seguridad. En otras palabras, cuando se hace un buen trabajo en seguridad privada se complementa y potencia la seguridad pública, para que nuestras policías y el Estado esté donde más se le necesita”.

Junto con esto, también se cambia el criterio y el procedimiento para establecer aquellas entidades que estén obligadas a contar con un guardia de seguridad. Actualmente sólo se exige en aquellos lugares en los que se almacena una caja con dinero de 500 UF. La propuesta, establece nuevos protocolos a considerar: la ubicación de la tienda, el valor de los productos que maneja, el monto de las transacciones, entre otros.

Además de eso, ahora será la Subsecretaría de Prevención del Delito la que se encargará de certificar a los guardias y vigilantes privados, algo que hasta ahora realizaba Carabineros. La misma institución también tendrá más facultades como la posibilidad de suspender o revocar dichas funciones, además de clausurar lugares en los que se falte a la normativa.

En esa línea, los requisitos para acceder a este tipo de funciones también aumentarán, estableciendo prohibiciones a quienes no puedan desempeñar estas labores y obligaciones, por ejemplo, de portar cámaras corporales. A lo que se suma la distinción de capacitaciones del personal según el tipo de riesgo.

Finalmente, el proyecto también aumenta las sanciones estableciendo una gradualidad de hechos: leve, grave y gravísima, sanciones que irían desde las 0,5 UTM ($31.980) a las 13.500 UTM ($863.460.000).

Una extensa discusión

Pero el proyecto de ley se llega a votar en la Sala de la Cámara de Diputados luego de 14 años. Fue el 5 de agosto de 2009 que la iniciativa fue ingresada por el entonces ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma. Desde entonces avanzó en la Cámara Baja, siendo enviada al Senado el 2021. En mayo de 2023 finalmente la iniciativa se aceleró y llegó hasta esta instancia.

Este lunes, la Comisión de Seguridad de la Cámara votó y discutió la última parte del articulado de la normativa, luego de una serie de modificaciones que realizó el Senado. Si bien existieron ciertas discrepancias en la redacción del proyecto, finalmente fue despachado de esa comisión.

Tras aquello, el subsecretario Vergara destacó el trabajo transversal en la tramitación y aseguró que el proyecto “ya ha recibido la recomendación favorable por parte de la comisión, viene con una aprobación unánime y estamos a sólo horas de que este proyecto se someta a la votación de la Sala. Si conseguimos la votación favorable en pocos días el país podría contar con una ley que regule la seguridad privada”.

El diputado Andrés Longton (RN), presidente de la Comisión de Seguridad sostuvo que “es necesario renovar la legislación que tiene que ver con nuestros vigilantes o guardias que complementan muchas veces la labor de nuestras policías y son tremendamente importantes para resguardar la seguridad de los chilenos. Cuando tenemos un marco establecido y regulado como corresponde, eso va a dar certeza a la ciudadanía que vamos a tener personas que nos protejan, pero debidamente regulados mediante una legislación completa, porque lamentablemente en la actualidad estaba dispersa. Longton concluyó que los guardias “por fin tendrán una legislación que los proteja”.

Tras la votación en la Sala de la Cámara Baja este martes, la normativa podría ser despachada o enviada a Comisión Mixta.