Tren de Aragua: Corte de Arica confirma sobreseimiento de defensores públicos imputados por recibir identidades de testigos protegidos

La Corte de Apelaciones de Arica rechazó este martes un recurso de apelación presentado en contra de la resolución del Juzgado de Garantía de Arica, que decretó el sobreseimiento definitivo de cuatro defensores penales públicos imputados por el Ministerio Público como autores del delito de violación de secreto al solicitar y acceder a la identidad de testigos reservados, agentes encubiertos y víctimas protegidas que figuran en una investigación en contra de integrantes del denominado clan “Los Gallegos”.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada desestimó la procedencia de la apelación, tras establecer que los defensores se limitaron a ejercer su función pública de forma minuciosa, velando por el derecho constitucional a la defensa efectiva de sus representados.

“Que, del mérito de los antecedentes se desprende, tal como concluyó acertadamente el juez de primer grado (…) aparece de manifiesto la inocencia de los imputados, toda vez que su actuar, en la audiencia de 13 de septiembre del año en curso, como en los momentos posteriores a la misma, se limitaron a ejercer su función pública de forma minuciosa, velando por el derecho constitucional a la defensa efectiva de sus representados, conducta que por lo demás, estaba amparada por una resolución judicial que accedió a sus peticiones”, sostiene el fallo.

Por lo tanto, la Corte de Apelaciones, en su fallo, resuelve que “se confirma la resolución apelada de treinta de octubre del año en curso, pronunciada (…) por el Juzgado de Garantía de Arica”.

Los profesionales de la Defensoría Penal Pública fueron imputados luego de retirar un sobre con la identidad de 57 testigos reservados del Ministerio Público. Lo anterior, ocurrió tras la resolución del juez Héctor Barraza, quien ordenará, en septiembre pasado, entregar los nombres de 57 testigos protegidos a las defensas de los imputados del clan Los Gallegos.

La acción del juez motivó que el Ministerio Público abriera una investigación penal de oficio para determinar eventuales delitos relacionados con la entrega de información confidencial.

Esto, a pesar de que, en ese entonces, la Corte de Apelaciones dio lugar a orden de no innovar que pidió la Fiscalía de Arica mediante un recurso de protección presentado en favor de testigos protegidos con identidad reservada en la causa.