El pasado 25 de mayo, en un operativo en el centro de Concepción, la Policía de Investigaciones, en coordinación con la Fiscalía del Biobío, concretó la detención de 10 sujetos vinculados a la organización criminal internacional venezolana Tren de Aragua. El grupo traía a mujeres desde el extranjero para explotarlas sexualmente. A sus víctimas les imponían una “multa” de $3 millones 500 mil, que tenían que pagar. Las obligaban a tener sexo sin preservativo y restringían su libertad.
El Ministerio Público solicitó ampliar su detención y ayer inició su formalización. Fueron imputados por delitos de trata de personas, tráfico de drogas y posesión de armas.
Este martes, el juzgado de Garantía de Concepción estableció la medida cautelar de prisión preventiva para nueve de los imputados por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad en la sociedad.
El fiscal Patricio Aravena logró acreditar, mediante pruebas de escuchas telefónicas, la participación de los seis hombres y cuatro mujeres liderados por Luis Felipe Franco Ceballos en los delitos de la banda. Cada uno cumplía roles específicos en la organización criminal, como el traslado de las mujeres desde Venezuela y su ubicación en una vivienda en la que eran obligadas bajo amenazas a ejercer el comercio sexual.
Además, mantenían una cadena de distribución de drogas a domicilio, mediante comunicación telefónica.
Se fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación.
Fueron cerca de 300 funcionarios de la PDI los que participaron en el operativo. Se intervinieron 16 inmuebles con orden de ingreso de registro e incautación de evidencia en forma simultánea.
Se está indagando el vínculo de este grupo con los responsables del homicidio del suboficial mayor de Carabineros Daniel Palma. El prófugo por el crimen Carlos Cortez Flores, alias “Carlitos Nike”, de acuerdo a la investigación del caso, hablaba de traer a compatriotas a ejercer comercio sexual y según los testimonios que ha podido recabar la policía, estableció lazos con el mundo delictual en la Región del Biobío. Asimismo, uno de los sujetos formalizados por el crimen previo al homicidio, Luis Lugo Machado, residía en Concepción, donde estuvo detenido por porte ilegal de armas y microtráfico de drogas.
“En el caso del asesinato del suboficial mayor Palma, que ocurrió en la comuna de Santiago, una de las personas que están detenidas o están involucradas tenían actividades en el sur de Chile. No corresponde, para asegurar el éxito de las diligencias, que entregue detalles de lo que estamos haciendo en el sur para desbaratar esa red pero quiero que la ciudadanía tenga claro de que están todos nuestros mejores esfuerzos destinados a poder desbaratar una red de esa naturaleza”, aseguró consultado por el tema el fiscal nacional, Ángel Valencia, en una actividad en Santiago durante la mañana.
La décima persona formalizada quedó con arresto domiciliario total, según resolvió el juez de Garantía de Concepción Rodrigo González-Fuente Rubilar al culminar la segunda jornada de audiencia. El magistrado estimó que en esta etapa procesal, no existían antecedentes suficientes para vincularla al delito de posesión de arma de fuego, por lo que no se acogió la solicitud de prisión preventiva.
