Tren de Aragua: Pleno de la Corte de Apelaciones de Arica instruye investigación contra juez que ordenó entregar lista de testigos protegidos

En una sesión extraordinaria realizada este viernes, el Pleno de ministros de la Corte de Apelaciones de Arica instruyó una investigación administrativa contra el juez que ordenó entregar la lista de testigos protegidos en la causa contra el clan Los Gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua en la región del norte.

La indagatoria en contra del magistrado Héctor Barraza busca establecer la forma en que se desarrolló la audiencia en la que el juez accedió a la solicitud de las defensas de entregar la identidad de los testigos reservados, agentes encubiertos y víctimas protegidas que figuran en la causa contra la organización criminal.

La decisión fue adoptada luego de que el ministro visitador del Juzgado de Garantía, José Delgado, se constituyera para verificar el procedimiento desarrollado durante la audiencia de cautela de garantías desarrollada el miércoles 13 de septiembre pasado, en la que se ordenó la entrega de la información sensible a la defensa de los imputados.

Con esos antecedentes, el Pleno acordó pedir informes al juez Barraza y al Comité de Jueces de ese tribunal. Así las cosas, durante la jornada de este viernes se reunieron de manera extraordinaria para instruir la investigación de carácter administrativo contra el magistrado.

Una vez finalizada la reunión del Pleno, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, Claudia Arenas González señaló: “Al mismo tiempo se ordenó al Comité de Jueces del Juzgado de Garantía para que, en el uso de sus facultades, determine si abre una investigación administrativa a los funcionarios y al administrador del tribunal para determinar si hubo algún tipo de responsabilidad o infracción en la forma en que se cumplió la resolución dictada por el juez Barraza, que autorizaba el acceso a las defensas al nombres de los testigos protegidos o agentes encubiertos”.

La Corte de Apelaciones de Arica ya había revocado el jueves la decisión del magistrado, tras emitir una orden de no innovar, luego de la presentación de un recurso de protección por parte de la Fiscalía regional.

Esa misma jornada, además, el Juzgado de Garantía de Arica ordenó a los defensores penales públicos devolver los antecedentes de los testigos protegidos, información que estaba en su poder tras la orden del juez Barraza.

La Defensoría Penal Pública tenía un plazo de 24 horas para hacer la devolución, sin embargo, a las pocas horas de la orden emanada del tribunal informó que los sobres con los antecedentes de los testigos protegidos habían sido ya devueltos.

Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, acusó al juez de Arica de “incumplimiento de deberes funcionarios” y anunció el envío de antecedentes a la Corte Suprema -por instrucción expresa del Presidente Gabriel Boric- para que sea el máximo tribunal el que dirima posibles sanciones en contra del magistrado.

En paralelo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, ordenó la apertura de una investigación penal contra todos quienes resulten responsables por la posible divulgación de antecedentes que ponen en peligro a informantes e incluso agentes encubiertos de la policía que participaron de las diligencias.