El 7 de marzo pasado el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó la prisión preventiva para un joven formalizado por lanzar cuatro bombas molotov, las que incendiaron un carro lanza aguas de Carabineros el 6 de marzo. Esto, en medio de las manifestaciones por la crisis social y pocos días antes que se establecieran las medidas de confinamiento a raíz de la pandemia del coronavirus. Y hoy, tras más de seis meses recluido Santiago 1, el tribunal decidió sustituirla la cárcel por arresto domiciliario total.

El hecho ocurrió en calle Carabineros de Chile con Jaime Eyzaguirre, cerca de Plaza Italia en Santiago.

El imputado fue identificado como Matías Calderón Gallardo (18), quien luego habría escapado del lugar hacia un domicilio de calle Carmen, donde fue detenido por funcionarios del OS-9 de Carabineros.

Según detalló en la audiencia de formalización el fiscal Centro Norte Felipe Poblete, hay videos que muestran al imputado trasladando botellas para confeccionar los artefactos incendiarios. Además, cuenta con tres declaraciones de testigos y una serie de informes policiales.

“Estamos conformes con el cambio de medida cautelar y con la libertad de nuestro cliente. Creemos que estos delitos tienen un contexto, un joven de 18 años, con excelencia académica en un colegio rural, que con esfuerzo logra ingresar al Instituto Nacional y acceder a la educación superior, no es un peligro para la sociedad. Independiente de lo que se discuta en el juicio oral, con claridad a los fines del procedimiento y la comparecencia del imputado, se puede lograr con otra medida cautelar menos gravosa”, dijo su abogado defensor, Ramón Sepúlveda.

El mismo abogado representa a un imputado por quemar la estación del Metro San Pablo, a dos de los 13 formalizados en el caso denominado “Primera línea” y a 15 estudiantes de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), querellados por Ley de Seguridad Interior del Estado.

Sepúlveda agregó que “respecto a los demás casos, creemos que en general tienen poco sustento (las imputaciones) para la gravedad de las medidas cautelares decretadas. En el (caso) de la primera línea, las imputaciones no tienen ninguna prueba que acredite la participación de mis clientes; en el caso de la Cones mucho menos, se presenta una querella por parte del Ministerio del Interior por una protesta en un jardín. Y en la causa del del Metro San Pablo, creemos que la pena no será proporcional a lo que se ha dicho como sustento de la prisión preventiva, ya que es imposible que mi cliente pudiera ocasionar un incendio de las magnitudes que se le imputa".