El 22 de enero de 2020, el programa de intervención especializada (PIE) del Servicio Nacional de Menores (Sename) al que pertenecía Ámbar Cornejo (16) ofició al tribunal de familia: se desconocía su paradero y pidieron su búsqueda. Seis meses después, el 6 de agosto, la adolescente fue encontrada asesinada.

Aunque su caso es dramático y la gran mayoría de los niños logran ser hallados sanos y salvos, las situaciones de niños perdidos de planes de resguardo no son tan aislados. Según un informe del Poder Judicial del segundo trimestre de este año, los tribunales de familia registraron, a nivel nacional, 1.299 órdenes de búsqueda de menores que abandonaron el sistema de protección entre abril y el 30 de junio pasado.

De ellas, 338 órdenes de búsqueda se registraron por casos de menores a los que les decretó una medida de protección residencial, 916 son relacionadas a la derivación ambulatoria y 45 ligados a familias de acogida.

En cuanto a las órdenes de búsqueda por jóvenes que estaban en residencias, la mayor cantidad se concentran en Concepción (58), San Miguel (41), Talca (41) y Santiago (37). En el extremo opuesto, Coyhaique y Punta Arenas, que cuentan, respectivamente, con una orden de búsqueda y recogimiento vigente en este período.

“Cada vez que un sujeto de protección hace abandono de una residencia o evade antes de ingresar, el juzgado competente decreta una orden de búsqueda y recogimiento a su respecto. Esto, a fin de que sea encontrado por la institución policial determinada, para poder hacer efectiva, y/o dar continuidad a la medida de protección de internación que se estimó en su oportunidad”, dice el documento.

“Las cifras por sí solas son terribles, porque hablan de niños y adolescentes que están perdidos, expuestos a todos los riesgos imaginables. Pero también reflejan deficiencias a distintos niveles, como por ejemplo la falta de una institución que lidere el proceso de búsqueda”, indica Rafael Rodríguez, jefe del área de estudios de Fundación San Carlos de Maipo.

En ese sentido, señala que la “PDI y Carabineros realizan la misma función en paralelo y con poca coordinación. Por ejemplo, hay diferencias de registros entre ambas policías sobre esta materia, haciendo difícil el análisis de las cifras. Otro problema relevante son los protocolos de búsquedas de menores desaparecidos”.

Al final del informe de la judicatura, se hace la salvedad de que “las jurisdicciones de Valparaíso y Rancagua son las únicas, a nivel nacional, que cuentan con la totalidad de las medidas de protección vigentes registradas. Cada uno de los datos entregados por ambas jurisdicciones corresponden a la realidad proteccional de estas dos regiones”.

Sin embargo, en el resto de las zonas del país “aún no es posible entregar información cuantitativa fidedigna desde el sistema”, ya que “el módulo RUS se encuentra poblado con medidas de protección que a la fecha no están vigentes o que han transitado a otra etapa diferente de la que se muestra”.

En relación a la situación de la red institucional local, este informe del Poder Judicial da cuenta de cambios, principalmente en términos de licitaciones y cierres de residencias, lo que impacta directamente en la cantidad de plazas disponibles para el ingreso de menores que necesitan protección.

Desde el Sename, por su lado, señalan que el abandono de sistema de un menor de edad se puede dar por varias razones. Entre ellas, explican que “puede ocurrir por el hecho de que el tercero que lo tiene a su cuidado se niegue a su entrega, impidiendo que se materialice el referido ingreso”.

Desde la institución aseguran que “se tiene conciencia que el hecho de la separación de un niño de su familia y de su entorno comunitario producido en razón de la dictación de una medida de protección por parte de un juez, puede ser un hecho traumático y estresante para ellos, pudiendo generar en estos el deseo de no querer permanecer en la residencia, que si bien no es un espacio de privación de libertad, sí les genera un desarraigo del entorno potencialmente vulnerador en el que se encontraban inmersos”.

Por eso, indican que “la posibilidad del abandono debe también trabajarse de una forma preventiva con los niños, y particularmente con los adolescentes en las respectivas intervenciones que desarrollan los equipos, a fin de generar la mayor adherencia posible y ambiente de confianza y seguridad al interior de la residencia a fin de evitar situaciones de riesgo vinculadas al abandono, tales como la socialización callejera, el consumo de drogas o la explotación sexual comercial”.