En el Ministerio de Educación, así como en el resto del gobierno, hay incomodidad con el paro nacional de 24 horas del Colegio de Profesoras y Profesores definido a mediados de junio y convocado para este 26 de julio. Y es que si a inicios del mandato el cuerpo colegiado era uno de sus aliados más relevantes, poco a poco los docentes han ido tomando distancia de la cartera. Y de quienes antes escuchaban loas, en la actualidad se han acostumbrado a recibir más críticas que otra cosa. La posposición del pago de la deuda histórica por segunda vez, dicen en el entorno de los profesores, fue lo que terminó de colmarles la paciencia.
En rigor, la paralización de esta jornada es el primer gran gallito entre el Mineduc y el Colegio de Profesoras y Profesores, no solamente porque el gremio ha advertido que al paro de 24 horas de este miércoles se sumará otro de 48 horas entre el 2 y el 3 de agosto, sino porque por primera vez los docentes pararán a nivel nacional durante este periodo de gobierno, con amenazas ciertas de, en caso de no ser escuchados, hacer de este cese de actividades una medida indefinida. Antes sólo hubo movilizaciones regionales, como la marcha de mediados de junio en la Región Metropolitana.
Encima, la movilización irrita en el Ejecutivo porque la paralización de una cantidad importante de profesores golpea directamente al Plan de Reactivación Educativa del Mineduc. Sin docentes no es posible hacer clases y, con ello, los alumnos son los que terminan resintiéndolo. Esa es la lectura generalizada. “No es recomendable en un escenario pospandemia, donde tenemos que recuperar brechas de aprendizaje. Es un día menos de clases. Podemos seguir avanzando sin perder clases”, subrayó el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en radio Cooperativa.
Acorde a estimaciones del propio cuerpo colegiado, serán más de 120.000 los profesores que participarán del paro. Lo anterior, porque según sus sondeos habrá “muchísimas organizaciones” de trabajadores de colegios particulares subvencionados que también se plegarán a la paralización, que, por ejemplo, en Santiago comenzará a las 10.30 horas en Plaza Baquedano para comenzar a marchar por la Alameda hacia el poniente.
Antes de eso, en todo caso, Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, llegó ayer hasta La Moneda para entregar una carta al Presidente Gabriel Boric, en la que el directorio nacional recordó los puntos que, a juicio de los colegiados, el gobierno ha incumplido y que los llevó a convocar esta movilización. Dicen, derechamente, que el Ejecutivo los empujó a tomar esta decisión.
“Durante más de un año el Colegio de Profesoras y Profesores ha tenido el más amplio diálogo posible con las autoridades del Ministerio de Educación sobre las medidas urgentes que requiere el sistema escolar de nuestro país para enfrentar la crisis que vive”, se lee en el escrito, que enumera ocho necesidades: reparación de la deuda histórica, plan concreto para enfrentar la violencia escolar, pago de bonos de retiro atrasados, solución a los servicios locales de educación pública, cambios al modelo de financiamiento de la educación, fin al agobio laboral docente, revisión de la jornada escolar completa y pago de la mención a profesores diferenciales y de párvulos.
Sin embargo, seguía la misiva, “después de todos estos meses de jornadas y mesas de trabajo, no se ven respuestas concretas ni resultados plausibles. Hay buenas intenciones y bonitas declaraciones, por cierto, pero no llegamos a la materialidad que las escuelas y liceos del país necesitan, con urgencia, hoy mismo”. Por ello, continuaba el escrito, “lo emplazamos a usted como máxima autoridad de la nación a tomar cartas en el asunto en materia educativa y movilizar las gestiones y recursos necesarios para que estas demandas tengan respuesta y salida inmediata”.
“Las profesoras y profesores de Chile no olvidan que buena parte de estos planteamientos fueron asumidos directamente por su persona cuando era candidato presidencial y esperan que en el alto cargo que ostenta honre su palabra y avance decididamente con la justicia que merecen profesores y profesoras...”, agregaba la carta, en la que, además, piden una reunión directa con el Mandatario.
Tras hacer entrega del texto de dos páginas, Díaz ahondó que como gremio han tenido conversaciones “hace más de un año, tenemos toda la disposición a dialogar, pero no podemos seguir dialogando eternamente (...) Sin embargo, las conversaciones se quedan en que ‘compartimos lo que estamos hablando’, pero no hay respuestas concretas”. Y añadió: “En la cuenta pública de 2022 el Presidente se comprometió ese año a enviar un proyecto de ley para reparar la deuda histórica. Lamentablemente, hasta el día de hoy ese proyecto no ha llegado al Congreso. Y este año, el 1 de junio de 2023, se comprometió nuevamente que a la brevedad iba a reparar la deuda histórica de los casos más urgentes y ante esa situación aún no tenemos respuestas”.
Según conocedores del entorno de La Moneda, perder definitivamente a los profesores como aliados es un golpe que se quiere evitar, pero también hay conciencia de la dificultad cada vez más creciente de cumplir con todos los puntos del petitorio, incluso con aquellos que prometió el propio gobierno.
Por ejemplo, durante la jornada de martes la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la paralización, indicando que si bien el gobierno “se ha comprometido a conversar con el Colegio de Profesores y buscar una fórmula para tratar de avanzar en esa temática (deuda histórica) que es de larga data”, esto no es algo que se pueda resolver automáticamente, “menos en las condiciones actuales en que no hemos tenido reforma tributaria”. Y añadió: “Nosotros pediríamos que se priorice más bien las mesas de trabajo que como gobierno estamos dispuestos a tener para que se converse de ese tema y otros temas que interesan al magisterio y a nosotros también como gobierno”.
Con todo, desde el Mineduc la subsecretaria Arratia señala que la movilización fue informada al ministerio el 27 de junio, “incluso antes de que diéramos respuesta por escrito a las ocho demandas priorizadas por el magisterio”. Respecto al paro, añade la autoridad, la cartera “tiene a disposición todos los recursos para el funcionamiento del sistema educativo a nivel nacional, en primer lugar, garantizando la alimentación escolar que entrega Junaeb, y por otro lado, poniendo a disposición recursos didácticos que son parte del plan de reactivación educativa, y que abarcan el currículum nacional”.
Asimismo, recuerda que a los sostenedores, como administradores de los establecimientos educacionales, les corresponde dar cumplimiento adecuado del calendario escolar. “Es importante señalar también que el sistema tiene mecanismos para la recuperación de clases”, dice.
Pero, además, Arratia expone que el juicio del gobierno es que sí han dado algunas respuestas, como “consistentes avances” en materia de violencia escolar o el compromiso que aún mantiene el Presidente de avanzar en la reparación de la deuda histórica.
