La comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado sesionó la mañana de este miércoles para Iniciar el estudio en particular de la iniciativa que modifica diversos cuerpos legales, en materia de fortalecimiento del Ministerio Público.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, intervino en la sesión, valorando que la propuesta entrega flexibilidad para el trabajo de los persecutores.
“Cuando tuvimos a principios de año los problemas en la Región de Tarapacá y decidimos la destinación de dos fiscales desde la Región Metropolitana, tuvimos que ser creativos. Se dio la circunstancia extraordinaria que dos fiscales habían sido removidos por un procedimiento disciplinario antes de que quien habla asumiera. En consecuencia, había dos vacantes en la Zona Oriente. Entonces, en lugar de proveerlos en la Zona Oriente, decidimos entonces los cargos vacantes trasladarlos a Tarapacá, y proveerlos en Tarapacá”, expuso el jefe del Ministerio Público, explicando maniobras que realizan en la actualidad para reforzar sus equipos.
“En los casos de las permutas, por ejemplo, que es una situación que afecta con bastante frecuencia a los fiscales, para que tengamos permutas internas se necesita no solo el acuerdo entre los dos fiscales que aspiran a la permuta, sino que además los acuerdos entre los propios fiscales regionales. Como tenemos que trasladar fiscales por razones de seguridad, como nos ha ocurrido en el último tiempo, también tenemos que, de alguna manera, aspirar a la buena voluntad de los fiscales regionales, para que estén dispuestos a aceptar recibir a un fiscal en reemplazo de otro. Entonces necesitamos mayor flexibilidad y eso se agradece y se reconoce en el proyecto”, agregó el fiscal nacional.
Construir inmuebles para que residan fiscales
Valencia también destacó la posibilidad de construcción de inmuebles para que residan fiscales.
“Es un asunto que es administrativo, pero que para nosotros es importante, que también agradecemos, celebramos, la indicación que nos permite construir edificios y viviendas para destinarlo a habitación de fiscales. Esta no es una norma que aspiramos a que se aplique generalmente. Pero, por ejemplo, vamos a abrir una fiscalía local en la fiscalía local de Cabo de Hornos, que es la fiscalía local que va a estar en Puerto Williams por razones de interés nacional, tenemos una fiscalía en Porvenir, tenemos la oficina en Colchane, que vamos a abrir este año, estamos también en una oficina en San Pedro de Atacama, que aspiramos a habilitar este año y lo del problema de la vivienda para los funcionarios es un problema significativo”.
“En el diseño original estaba pensando que con la asignación de zona bastaba para que la asignación de zona de alguna manera fuera una motivación para buscar arriendo en algún lugar para vivir. Pues la verdad es que la realidad es bastante más hostil que aquello. Y nos ha mostrado que para poder, que tal como con otros servicios públicos, poder poner a disposición de los funcionarios una vivienda en condiciones adecuadas para que puedan trasladarse puede ser un beneficio o un incentivo adecuado para poder encontrar postulantes a esos cargos”, explicó.
En esa línea, indicó que el Poder Judicial en Puerto Williams construyó un edificio para sus instalaciones y tiene casa para el juez y los funcionarios.
“Aspiramos a poder tener una norma que nos permita. El Poder Judicial puede hacer aquello porque la Corporación Administrativa y el Poder Judicial tienen una norma que les permite construir. Pero el Ministerio Público no la tiene. Entonces, agradecemos aquello porque es lo que nos va a permitir esa norma. Y, por otro lado, eso es lo que nos va a permitir tener mayor éxito, tener menos dificultades al momento de implementar proyectos en zonas alejadas”, aseguró.
Supervisión y probidad
Por otro lado, la autoridad del Ministerio Público resaltó que el proyecto de fortalecimiento institucional considera normas que permiten crear un sistema de supervisión, un tema que él planteó al postular al cargo.
“No era comprensible, no era razonable que la Defensoría tuviese un sistema de fiscalización de la actividad de los defensores con supervisores que no solo revisan el trabajo de los fiscales en sus carpetas, en la actividad de defensa, sino que también revisan el trabajo general de la Oficina de Defensoría, pero que el Ministerio Público no tuviese un sistema instalado de fiscalización de la actividad de los fiscales”, planteó.
“Y relacionado con aquello también, nos parece también especialmente importante, o sea, valoramos, la indicación que permite también repensar o rediseñar nuestra orgánica introduciendo una división de probidad e integridad y de auditoría interna, porque tal como lo planteó en otra oportunidad, el Ministerio Público adolece de una estructura que le permita contar con esquemas de prevención y de corrección de casos de corrupción interna que sea efectivamente eficaz y este proyecto nos va a permitir contar con una mejor orgánica para investigar lo que llamaríamos asuntos internos en nuestra institución y prevenir los casos de corrupción y no solo reaccionar ante ellos”, señaló.
En esa línea dijo que “no cabe más por parte de la institución reconocer el avance significativo e importante que constituiría la aprobación de este proyecto para contar con un Ministerio Público más eficaz”.
