Un detallado reporte sobre la extradición del exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Galvarino Apablaza, hizo este martes el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
Apablaza es requerido por la justicia chilena por su presunta participación en el homicidio del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.
El gobierno de Mauricio Macri retiró a Apablaza la condición de refugiado político que le había sido otorgada el 30 de septiembre de 2010, con Cristina Fernández instalada en la Casa Rosada. Apablaza apeló y la causa está pendiente de resolución.
La solicitud de extradición de Apablaza ya había sido aprobada por el máximo tribunal argentino en 2010, pero dicho proceso quedó suspendido debido a la decisión del Ejecutivo de ese entonces de otorgarle la condición de asilo político.
El embajador recordó que el gobierno de Ricardo Lagos contrató un estudio jurídico en Argentina que desde entonces representa los intereses de Chile en el caso y explicó que Argentina negó la extradición Apablaza en un primer momento porque se le otorgó el estatus de refugiado político.
“Acá cuando la Corte Suprema declara la extradición, no queda más que cumplirla. En el caso argentino no es así, sino que declarada la extradición, cualquiera, esto pasa a consideración del Poder Ejecutivo. El cual, por razones de política exterior, de interés del país, en fin, mil cosas, puede no dar curso a la extradición. Y para eso tiene un plazo de diez días. En el caso del gobierno, en esa época, de Cristina Fernández de Kirchner, ella no hizo uso de ese derecho. Porque hubiera sido, tal vez, demasiado confrontacional con Chile. Sino que se usó otro mecanismo, y es que dentro de ese plazo se declaró el estatus de refugiado del señor Apablaza”, explicó el representante diplomático.
“El motivo por el cual se declaró la condición de refugiado, no es porque en Chile no estén las condiciones jurídicas y democráticas para juzgar al señor Apablaza, sino que por haber sido él torturado durante el régimen militar, se consideró de que él no estaba en condiciones psicológicas de ser sometido a un juicio por el mismo Estado que lo había maltratado”, precisó.
Viera-Gallo acotó que el Estado de Chile impugnó esa decisión y se inició “una larga historia” de recursos administrativos y judiciales, hasta que el gobierno de Mauricio Macri, le quitó la calidad de refugiado político.
El embajador planteó que el argumento expuesto entonces fue que “como él recibía la pensión Valech y la iba a cobrar al consulado, o hacía trámite en el consulado, que como él renovaba su pasaporte en el consulado, como él daba poder a familiares en el consulado, no se podía considerar refugiado una persona que hacía trámites ante el Estado que lo perseguía”.
“El señor Apablaza recurrió primero por la vía administrativa y la perdió. Pero recurrió por la vía judicial, y el juez federal, el año pasado, rechazó la petición de Apablaza, o sea, confirmó la condición de que le hubieran quitado el refugio. Pero dijo que como eso era un caso pendiente judicialmente, no podía darse paso a la extradición hasta que no se resolviera en definitiva. Entonces, el señor Apablaza lo que ha hecho es que ahora ha recurrido a lo que en Chile llamamos la Corte de Apelaciones, que allá se llama la Cámara Contencioso-Administrativo. Ya se hicieron los alegatos y todas las cosas, y esa cámara tiene que emitir su sentencia”, detalló.
En mayo, la directiva de la Unión Demócrata Independiente (UDI) viajó a Argentina para sostener una serie de reuniones buscando que la persona sindicada como responsable intelectual del crimen de su fundador enfrente a los tribunales chilenos. A fines de 2017 el juez Mario Carroza dictó una orden de captura internacional en contra del frentista.
José Antonio Viera-Gallo, que abordó el tema en respuesta a una consulta del senador UDI Iván Moreira, acotó que en la etapa actual del proceso, Chile no es parte, porque es un conflicto entre el Estado argentino, o el gobierno argentino y Apablaza.
“Nosotros estamos estudiando la posibilidad de ver si se puede presentar algún escrito, simplemente haciendo ver de que han pasado, no sé exactamente los años, pero llevamos como 14, o en fin, no quiero decir una cifra exacta, y que, por tanto pensamos que ya esto debiera ser resuelto, prontamente”, aseguró.
En línea con las aspiraciones del gobierno, en su visita a Chile en abril, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de Javier Milei (que estaba en el mismo cargo cuando la administración de Macri quitó a Apablaza la calidad de refugiado), aseguró en conversación con CNN Chile que estaban “en conversaciones con la justicia para que esto no sea eterno” y “resolver esto de manera inmediata”.
“Nosotros esperamos para un plazo relativamente breve, una sentencia de la Corte de Apelaciones, Contencioso-Administrativo. Yo estimo que lo más probable sería de que confirmara el criterio del juez, o sea, que se confirmara que él no tiene la calidad de refugiado. Y ahí se abre un debate jurídico, y hay dos opiniones. Si en ese caso, el señor Apablaza puede recurrir a la Corte Suprema, o no. Unos dicen que no podría, porque tratándose de este tipo de discusión, se agota en el debate, según la legislación argentina, en la, llamémoslo en lenguaje chileno, ‘Corte de Apelaciones’. Otros dicen que, como es un tema de refugio, y que está envuelto un tema de derechos humanos, él tendría la posibilidad de ir a la Corte Suprema, como última instancia”, indicó el exministro.
El embajador, señaló que en todo caso, si el exlíder del FMPR recurre a la Corte Suprema trasandina será ese mismo tribunal el que va a “decidir si él tiene o no posibilidad de hacerlo”.
“Esa es la situación en que nos encontramos. Pero tengan ustedes la plena seguridad que nuestro deber es que se cumpla la sentencia que solicita la extradición por parte de la Corte Suprema chilena, no porque se declare la culpabilidad del señor Apablaza, sino para que él pueda ser sometido a juicio por imputaciones que hacen pensar que él tendría responsabilidad en los crímenes que se le imputan”, cerró.
