“La situación que viven los niños, niñas y adolescentes estudiantes de los establecimientos que dependen del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama, representan vulneraciones permanentes de sus derechos (...)”.
Esta es la tajante conclusión que entrega la Defensoría de la Niñez en cuanto a las y los alumnos dependientes de los SLEP en la tercera región. Un análisis que llega luego de que los colegios dependientes del servicio local estuvieran paralizados 78 días hacia fines de 2023 y que hoy, incluso, la vuelta a clases para el 5 de marzo esté bajo tensión.
El informe de 25 páginas titulado Misión de Observación resultó de una visita en terreno del propio defensor, Anuar Quesille, quien junto a un grupo de cinco profesionales visitaron cinco establecimientos de la región -dependientes del SLEP- ubicados en Copiapó, Caldera y Tierra Amarilla. El trabajo ejecutado en terreno desde el 8 al 10 de enero de 2024 incluyó entrevistas a profesores, apoderados, estudiantes y autoridades.
El levantamiento de información evidenció una serie de problemas que han incidido hace meses en la crisis educacional de la región, ejemplificado en esos establecimientos. Por ejemplo, se habla de una nula ejecución de obras durante enero de 2024 y la falta de un plan para lograr el avance esperado. Esto ha repercutido que los establecimientos visitados, acorde el informe, no se encuentran en funcionamiento y tampoco tienen señales de próxima intervención.
También la institución evidenció la falta de cumplimiento de una serie de compromisos de las autoridades. El “Plan Atacama”, elaborado por el Ministerio de Educación en conjunto con el Gobierno Regional y municipalidades “no se encuentra al 100%, y que el ministerio estaría sólo dispuesto al 50% de obras, lo que se aleja de lo señalado en la propuesta de acuerdos”.
Todo lo anterior, dice el informe, ha influido en la vulneración de los derechos de las y los estudiantes, el cual se ha visto afectado ante la imposibilidad de ellos y ellas de “acceder a clases, no recibiendo sus procesos de aprendizaje en forma adecuada”. Esta situación, según la Defensoría, se mantiene desde 2015 hasta la actualidad debido a diversas situaciones enfrentadas por los NNA así como sus familias, relacionadas con fenómenos meteorológicos, sociales, pandemia por Covid y problemáticas en la gestión del nuevo SLEP que ha impedido su acceso a la educación de forma continuada y normalizada.
A esto se suma la calidad en la educación entregada. El informe sostiene que desde 2015 se ha mantenido una intermitencia en el acceso a la educación, lo que ha repercutido en una educación de calidad en los niños, niñas y adolescentes “acumulando así un rezago pedagógico por esta inestabilidad en cumplir en condiciones de normalidad de un año escolar, y aumento de inasistencia o abandono escolar.
Ello, según mencionan desde la Defensoría, ha significado en una afectación en los aprendizajes en la Región de Atacama más alta que las del nivel nacional que ha sido evidenciado en los resultados del Simce 2022 que muestran que la región “tuvo una disminución mayor que la constatada a nivel nacional, tanto en cuarto básico como en segundo medio, excepto en lectura de segundo medio”.
Al respecto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló durante una pauta en la Escuela El Chañar de Copiapó, en medio de la visita de la cartera a Atacama, que los resultados del informe, que será analizado por la propia Defensoría en las sesiones especiales de la Comisión de Educación del Senado en la región se abordan “a partir de una mirada específica y parcial de algunos establecimientos educacionales”.
Por tal razón, el secretario de Estado agregó que “no consideraría que es un pronunciamiento respecto de todo el territorio y de todas las escuelas. Sería como pensar que yo vengo a este establecimiento educacional y voy a inferir que todas las escuelas son como esta. Claro, si visito las escuelas que están con mayor dificultad, probablemente voy a tener una opinión que están más inclinadas hacia aquello”. Y cerró: “Lo importante es ser ecuánimes y muy serios respecto al diagnóstico escuela por escuela, porque cada establecimiento educacional representa una realidad distinta”.
En tanto, la senadora Yasna Provoste (DC), calificó en CNN el informe como “muy doloroso”, “preocupante” y “lapidario para el gobierno en materia de garantizar el derecho a la educación de niños y niñas”, añadiendo que “constata que efectivamente hay vulneración de derechos a niños y niñas y hay responsabilidad del Estado”.
