A un año del terremoto alcaldes critican retrasos en reconstrucción

Margarita Campusano vive hace más de 10 años en su casa de Pasaje Santa Rosa. Tras los terremotos del 1 y 2 de abril de 2014, su propiedad resultó con diversos daños estructurales, siendo reparada en enero a través de subsidio. Sin embargo, la semana recién pasada fue notificada que su inmueble sería demolido.

Su caso no es aislado. Como ella existen al menos una decena de familias en la población Raúl Rettig, de Alto Hospicio, que no logran comprender las incongruencias del proceso de reconstrucción.

Hoy, 472 familias de la Región de Tarapacá se mantienen en campamentos de emergencia, emplazados en Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte. Aunque la zona ha vuelto prácticamente a la normalidad, en cada uno de los barrios quedan evidencias de los sismos que golpearon con fuerza al Norte Grande y que reavivan las críticas sobre la lentitud del proceso de reconstrucción.

Los municipios, por ejemplo, afirman haber enfrentado dificultades con el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) debido a la dualidad de informes de daños de casas catastradas, lo que genera una excesiva tramitación.

El alcalde de Pozo Almonte, Fernando Muñoz, asegura que las localidades del interior han estado abandonadas. "De reconstrucción ha habido muy poco (...). No se trata de llorar, sino que de que nos proporcionen soluciones reales y equitativas. Aún mantengo familias damnificadas del terremoto de 2005 y que, actualmente, están en una toma de terrenos con numerosos problemas", dijo.

Similar es la opinión del edil de Alto Hospicio, Ramón Galleguillos. En su comuna más de tres mil viviendas resultaron con algún nivel de daños. "Lo único que queremos es que aquí no pase lo mismo que en Tocopilla, que a más de siete años del terremoto que los afectó, aún hay gente en campamentos", señaló.

El edil detalla los problemas suscitados con la dualidad de informes: "Se han producido abiertas discrepancias. Las direcciones de obras evalúan un inmueble y determinan que están irreparables. En cambio, Serviu establece que es reparable y otorga un beneficio. Eso ha generado muchas dudas de parte de los afectados, demoras y desconfianzas", subrayó Galleguillos.

El municipio de Iquique ha enfrentado el mismo problema. Héctor Varela, director de Obras Municipales, propuso crear un instrumento único de evaluación. "Esto plantea la necesidad de que exista una entidad que sea capaz de aglutinar criterios. Al final, cada uno terminó manejando sus propias opiniones. El caso más patente es el de la población Las Quintas. Nuestro informe determinó que de sus 18 blocks, hay cuatro que están a punto de caerse y todavía están así. El Serviu tiene una posición distinta sobre la materia y creemos que eso no está bien evaluado", señaló.

"Situaciones puntuales"

El delegado presidencial para la Reconstrucción, Julio Ruiz, si bien se hace cargo de las críticas, asegura que los avances han sido sustantivos, logrando un proceso de normalización social. "Ha habido notables avances en el proceso. Sin embargo, uno de los mayores problemas es la falta de interés de empresas privadas para participar en el proceso reconstructivo. De hecho, más del 80% de las empresas que están operando son del sur del país, pues seguramente con el 27/F adquirieron la experiencia necesaria para incorporarse en este proceso. Este ha sido un escollo y hemos hecho un esfuerzo permanente para desplegar con mayor agilidad la reconstrucción", dijo.

Ruiz detalló que otro de los inconvenientes son las ampliaciones de casas que no están regularizadas y "no podemos entregar subsidios ni tampoco iniciar reparaciones en una vivienda que legalmente no existe".

Sobre las discrepancias entre municipios y el Serviu, afirmó que "creo que han sido situaciones muy puntuales, pero claramente en esta reconstrucción han sido más los avances. Rescato el ámbito colaborativo de las distintas entidades".