Africa se rebela contra La Haya

Cuando Sudáfrica ignoró en 2015 la orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el Presidente de Sudán del Sur, Omar al Bashir, la Unión Africana salió en defensa del gobierno de Jacob Zuma para evitar el arresto del gobernante, investigado por genocidio y crímenes de guerra. Aquel primer pulso de los líderes africanos a un tribunal al que acusa de actitudes racistas dio pistas sobre el panorama que se ha abierto estos días: Sudáfrica, Burundi y Gambia quieren abandonar el tribunal, y se teme un efecto dominó en el resto del continente.

Este movimiento de retirada, aparentemente espontáneo, se sustenta en un argumento cada vez más repetido: la CPI solo persigue a los africanos. Es una conclusión fácil cuando se ve que nueve de las 10 investigaciones abiertas por el tribunal desde su creación, en 2002, se refieren a países africanos.

Sudáfrica no tiene ningún caso, pero asegura que los estatutos de la corte chocan con sus leyes nacionales de inmunidad diplomática. Inmunidad es también lo que persigue Burundi después de que se anunciara una investigación por las atrocidades cometidas bajo el mandato anticonstitucional de su actual Presidente, Pierre Nkurunziza.

El dictador de Gambia, Yahya Jammeh, cuyo régimen es un habitual en el ranking de violaciones a los DD.HH, tampoco tiene nada que perder si el país abandona el tribunal.

"Quieren asegurarse de que evaden la justicia a un nivel internacional (y doméstico)", explica Ottilia Maunganidze, investigadora del observatorio Institute for Security Studies. Y para ello se ha puesto en marcha una "estrategia" continental liderada por otra de las potencias del continente: Kenia.

Su Presidente, Uhuru Kenyatta, fue el primer mandatario en activo en sentarse en el banquillo de los acusados de La Haya, y también quien arengó por primera vez contra la "caza racial" de este tribunal.

En la cumbre de la Unión Africana celebrada en octubre de 2013, varios mandatarios acogieron este mensaje y animaron a seguir el camino abierto por Kenia, cuyo Parlamento acababa de aprobar la salida de la corte.

Tres años después, el gobierno keniano sigue sin ejecutar la resolución de su Asamblea Nacional y el caso de Kenyatta por su supuesta implicación en la violencia postelectoral de 2007 y 2008 está archivado por falta de pruebas.

"Todavía no hay consenso a nivel continental. Los países están tomando decisiones divididos en dos bandos: los interesados en retirarse y los que se oponen", añade la analista.

Namibia y Uganda han expresado también su deseo de dejar el tribunal, camino que podrían seguir Chad, Djibouti e incluso Costa de Marfil, a pesar de haber colaborado con la CPI para juzgar a su ex Presidente Laurent Gbagbo.

"Inicialmente, la apoyamos pensando que era seria, pero solo es un puñado de personas inútiles", declaró recientemente el Presidente de Uganda, Yoweri Museveni.

En el origen de la CPI, los países africanos se unieron con entusiasmo al único tribunal internacional permanente que juzga estos crímenes y, de hecho, casi todos los casos han sido remitidos por ellos mismos. Hoy, recuerdan que no son los únicos que recelan de la injerencia en sus sistemas judiciales, ya que potencias como EE.UU, China o Rusia ni siquiera lo han ratificado. La consecuencia es que muchos crímenes quedarán sin juzgar o dependerán de las justicias nacionales en países donde cada vez más mandatarios modifican la Constitución para perpetuarse.