Aldo Valle, vicepresidente del Consejo de Rectores: "El proyecto deja expuesto el sistema a la manipulación política"

Tras un intenso debate la semana pasada, este lunes se votará en sesión especial de la Cámara de Diputados el proyecto de reforma a la educación superior. El vicepresidente del Consejo de Rectores (Cruch) y rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle, conversó con La Tercera sobre los principales lineamientos del proyecto, que ahora pasará al Senado y que, entre otras cosas, asegura el financiamiento de la gratuidad, sanciona el lucro y crea la Subsecretaría de Educación Superior.

¿Le parecen pertinentes las atribuciones que tendrá el Ejecutivo, y por ende el gobierno de turno, en temas como arancel y vacantes?

Siempre hemos afirmado la necesidad de una reforma que fortalezca la institucionalidad pública y establezca un marco regulatorio eficaz para garantizar los fines públicos del sistema de educación superior. Pero no es conveniente que tanto el sistema de admisión, como la fijación de aranceles y vacantes, queden como potestades del Ejecutivo, sin que haya los contrapesos ni participación de otros órganos públicos. Esta condición hace que la reforma sea más bien tecnocrática y menos democrática.

¿Cree que hay demasiada presencia gubernamental en la gratuidad?

Un régimen de gratuidad requiere fijar límites, pero radicar esas definiciones solo en el gobierno, equivale a confundir decisión pública con decisión gubernamental.

¿Están conformes con el trato que recibe el G9 en este proyecto?

El proyecto no reconoce la singularidad y valor de las instituciones tradicionales no estatales (G9) porque las obligará a modificar su estructura y carácter jurídico y patrimonial. Es erróneo y totalitario que la ley no reconozca como legítima la diversidad de la U. de Concepción, Austral de Valdivia o Federico Santa María.

¿Considera que en la gratuidad se garantiza el resguardo de los recursos públicos?

Hemos propuesto que la adscripción a la gratuidad de instituciones privadas requiera de mayores exigencias sobre transparencia activa y pasiva, así como la afectación de un patrimonio para fines exclusivamente educacionales, de modo que los recursos fiscales contribuyan a la consolidación de proyectos educativos de largo plazo y no disponibles para la mera decisión privada de cambio de giro.

¿Están conformes con los límites que se propone establecer para las operaciones con instituciones relacionadas?

Si bien no es conveniente prohibir toda operación con empresas o instituciones relacionadas y se debe regular distinguiendo situaciones, el proyecto de ley opta por una regulación débil.

La mayoría de las indicaciones que ustedes propusieron no fueron incorporadas. ¿Creen que los senadores puedan tener una mejor recepción?

Estamos preparando un conjunto de indicaciones que haremos llegar a la Comisión de Educación del Senado, destinadas a corregir estos graves desequilibrios. Lo que está en juego es estratégico y es nada menos que el carácter de un sistema de educación superior que no debe estar al servicio de proyectos políticos de la contingencia, cualquiera sea el signo del gobierno del momento. El proyecto deja expuesto el sistema de educación superior a la manipulación de la política contingente.