Atentados explosivos: las falencias de un sistema que no encuentra responsables

Pasada la una de la madrugada de ayer, Carabineros fue alertado de que dos vehículos se estaban quemando en San Miguel. Los policías, al llegar al lugar, constataron que los automóviles habían sido incendiados por desconocidos y que en el lugar, emplazado a menos de tres cuadras de la Fiscalía Sur y de una comisaría, había panfletos que aludían a los condenados por el caso Moyano y a la pareja de chilenos procesados en España por instalar la bomba en una iglesia. Además, anunciaban una "guerra contra la civilización".

Este ataque fue seguido por otros tres de similares características, en que desconocidos quemaron un tercer vehículo en San Miguel, y otros dos en Ñuñoa y en Viña de Mar, Quinta Región.

Estos cinco atentados, sumados a los ataques ocurridos en el Metro y en una iglesia, encendieron las alarmas en el gobierno y las policías, pues en las últimas semanas se han incrementado los ataques de esta índole. El mismo ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, ayer reconoció que en lo que va del año se ha registrado, a nivel país, la instalación de 26 bombas. Sin embargo, y pese al aumento de vigilancia y al trabajo policial para identificar a los autores, aún no hay detenidos. 

Ayer, el gobierno convocó a un Comité Policial Especial para tratar el tema, mejorar la coordinación entre las policías y fiscalía, y focalizar los potenciales blancos de grupos antisistémicos. En la cita participaron el director general de la PDI, Marcos Vásquez; el general director de Carabineros, Gustavo González, y el jefe de la ANI, Gustavo Villalobos.

En la reunión, una de las primeras medidas solicitadas por Peñailillo fue reforzar los patrullajes en el transporte público. "He pedido a las policías aumentar el trabajo preventivo de manera importante y, por otro lado, lo que tenga que ver con el trabajo de inteligencia, fortalecerlo", dijo el ministro. Además, se ordenó a las policías que deben trabajar en conjunto respecto de estas indagaciones. Una de las medidas que se evalúan sería integrar a la PDI a la investigación.

La falta de detenidos y la ineficacia de las investigaciones llevaron a expertos, parlamentarios y fiscales a cuestionar la forma en que se desarrollan las pesquisas. De hecho, desde que comenzaron estos ataques sistemáticos -en enero de 2006- se han registrado cerca de 170 bombazos, y sólo tres personas han sido condenadas. Ninguno de ellos por delito terrorista.

El psicólogo Erik Marín, quien participó en la indagatoria del caso bombas, dijo que la falta de resultados "tiene una base jurídica", centrada en los altos "requisitos de las pruebas y los criterios que se usan para configurar estos delitos". Según el perito, las policías son capaces de identificar a los sospechosos, pero el problema aparece cuando "se tiene que judicializar el caso".

Myrna Villegas, académica de la U. Central y abogada especialista en el tratamiento jurídico del terrorismo, indicó que "me niego a creer que las policías chilenas y el Ministerio Público sean tan ineficaces como para que nunca den con los resultados, o siempre den con personas que salen absueltas. Es sorprendente". Para ella, la falta de condenas radica en que "las políticas de inteligencia están apuntando erradamente". Según la jurista, las labores de inteligencia no deben cerrarse a un solo grupo.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que los principales inconvenientes que han tenido en estos casos se basan en que "las herramientas que nos da la Ley Antiterrorista son muy pocas. Hay más herramientas para investigar al microtraficante de una población que a alguien que coloca bombas". Además, dijeron que los informes policiales son "de baja calidad".

Un punto en que coinciden los investigadores, tanto policiales como fiscales, es en que los autores pertenecen a grupos organizados, usan técnicas de contrachequeo y no son jerarquizados. También, que compartimentan información y que sus blancos son, por lo general, lugares vinculados al Estado, entidades financieras y religiosas.

Para el senador Alberto Espina (RN), "la Ley de Conductas Terroristas tiene graves omisiones, en términos de las facultades investigativas que puedan tener las policías y la fiscalía. Me refiero al agente encubierto y la entrega vigilada, que son instrumentos vitales para infiltrar a los grupos extremistas".

En tanto, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Gabriel Silber (DC), señaló que "la actual institucionalidad de la ANI es demasiado precaria y limitada para responder a fenómenos de esta naturaleza. La mayor cantidad de sus fuentes son fuentes abiertas (internet, medios de comunicación, etc.). Sus miembros tienen escasa preparación y pocas facultades".

Por los cinco autos quemados, Interior presentará hoy, en el 11º Juzgado de Garantía de Santiago, una querella contra quienes resulten responsables por el delito de incendio. Además, el gobierno solicitará a la fiscalía reagrupar en una sola investigación todos los hechos ocurridos en Santiago y Viña del Mar.