Bachelet promulga proyecto que modifica la Ley de Control de Armas y sanciona la colocación de bombas
La normativa incorpora la figura de colocación de artefactos explosivos y la explosión de cajeros por saturación de gas en lugares de acceso público, con penas de cárcel que pueden llegar hasta los 15 años.
Esta mañana la Presidenta Michelle Bachelet promulgó el proyecto que modifica la Ley de Control de Armas y el Código Procesal Penal.
Dicha norma restringe la venta de armas, sanciona la fabricación, elaboración, importación, exportación y comercialización de armas sin autorización y castiga con penas que van desde los 3 años en adelante la colocación de artefactos explosivos.
En la ocasión, la jefa de Estado señaló que "hoy promulgamos una normativa que plasma una nueva forma de pensar y de asumir la seguridad. Es un paso más en el compromiso que tenemos como Gobierno para garantizar el derecho de las personas a vivir en un entorno de tranquilidad y de paz. Porque a eso es a lo que aspiramos la mayoría de quienes vivimos en nuestra patria, y no podemos dejar que unos pocos atenten contra esa voluntad mayoritaria".
"En primer lugar, aumentamos los controles para adquirir y para inscribir un arma. No queremos que cualquier persona pueda comprar o portar un arma de fuego. Por eso hemos diseñado un riguroso procedimiento, con evaluaciones físicas, pero también psiquiátricas, para que las autorizaciones sean garantía de que las armas no sean mal usadas", detalló la Mandataria.
Esta nueva normativa sanciona a los responsables de las llamadas "balas locas", y quienes ejecuten disparos en calles o plazas podrán ser condenados con hasta 10 años de cárcel.
"En segundo lugar, aumentan las penas por el porte o tenencia ilegal de armas. Hasta hoy, cuando a alguien lo encontraban con un porte ilegal, lo que se hacía es que se aplicaban multas, pero con esta nueva ley, las penas por portar de manera ilegal un arma, van a ser de hasta 5 años de cárcel", agregó Bachelet.
Además, esta pena se suma a la que se le aplique a un delincuente que haya cometido otro delito. Por ejemplo, en un caso de robo con intimidación la pena puede alcanzar hasta 20 años, a la que se sumará, la condena por porte ilegal -de hasta 5 años-, con lo que podría llegar a 25 años de cárcel.
Asimismo, la Presidenta afirmó que "en tercer lugar, se incorpora la figura de colocación de artefactos explosivos y la explosión de cajeros por saturación de gas en lugares de acceso público, con penas de cárcel que pueden llegar hasta los 15 años".
"Con estas medidas, más aquellas que estamos trabajando a través del Plan Nacional de Seguridad Pública, estamos apuntando a mejorar la seguridad en nuestros barrios, nuestras plazas y nuestras calles. Pero lo más importante, con la participación de ustedes, los vecinos y las vecinas, en conjunto con las autoridades comunales, las policías, el Ministerio Público y nosotros como Gobierno central", concluyó Bachelet.
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