Balacera en La Legua pone en duda efectividad de intervención a barrios críticos

Primero fueron las discusiones, luego los gritos, después los golpes y finalmente una balacera entre narcotraficantes que duró 72 horas y que mantuvo a los vecinos de la población La Legua de San Joaquín encerrados en sus casas.

Todo acabó la tarde del jueves, luego de que por orden de la Fiscalía Sur la PDI allanara más de 50 viviendas y detuviera a ocho personas, además de incautar armas, municiones y drogas.

Pero lejos de ser aislada, situaciones como esta se repiten en otras poblaciones, según lo estableció la comisión investigadora de la Cámara que revisó las intervenciones sociales y policiales en barrios críticos entre 2001 y 2015. Este informe fue aprobado por la Cámara el 15 de septiembre. Según detalló ante la instancia el subsecretario de Prevención del Delito, Oscar Carrasco, a la fecha se han implementado 10 programas -como "Barrio en paz" y "Comuna segura"- en sectores de alta complejidad, que en la actualidad llegan a 11 (ver infografía). Pero no solo el tema es la seguridad pública: en el informe de la comisión también las autoridades del gobierno, las policías y el Ministerio Público dieron cuenta de las descoordinaciones en las políticas que aplican distintos ministerios en la zona (ver recuadros). "Ejemplificó el caso del programa de Vivienda Segunda Oportunidad, citando un sector en que se demolieron varios edificios y que ahora parece zona de guerra, porque no había algún programa que se hiciera cargo de lo que ocurriría después. Así, hoy son lugares donde se cometen delitos y se trafica. Faltó, por ello, un trato digno para los vecinos y una política pública que contemplara las consecuencias de su ejecución", señala el documento que relata la intervención del fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes.

El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), quien integró la comisión, advirtió que el principal inconveniente para que estos programas tengan un impacto real ha sido la falta de liderazgo. "En la administación anterior hubo gestión, pero acá ha faltado voluntad política, pero sobre todo recursos", aseguró.

Opinión que en el caso de La Legua, al menos, fue compartida por el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson. "La intensidad con que se ha intervenido la población ha sido variable. Ha habido periodos con gran decisión para invertir en, por ejemplo, viviendas públicas, pero hay otros en que bajó de manera importante", precisó.

El intendente metropolitano, Claudio Orrego, por otra parte, apuntó que es necesario revisar la actuación policial: "Llegó el momento de revisar los protocolos de intervención de Carabineros, especialmente en momentos de mayor tensión y violencia".

El informe de la Comisión Investigadora de Barrios Críticos, elaborado por la Cámara, incluyó las apreciaciones de los invitados respecto al control del armamento en estos sectores. En este sentido, el fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, "advirtió que se ha notado que en los últimos tres años la cantidad de armamento y de municiones disponible en los distintos barrios de Santiago ha crecido exponencialmente" y que este hecho tiene relación con el cambio a la Ley de Armas del año 2015, en que la venta de municiones a personas sin permisos para portar armas pasó de ser un delito a una falta.

Montes también indicó que cada vez resulta más difícil incautar armas de fuego, ya que "ocurre que en la actualidad el sistema es mucho más sofisticado, pues ya no se trata de que cada persona almacene las armas en su casa, sino de la existencia de un sistema de distribución de armas para eventos concretos (delivery). Piden las armas, se las llevan y después las devuelven". En tanto, el intendente Claudio Orrego apuntó en la instancia a que "un organismo del Ejército de Chile regula materias de armas en nuestro país, pero al que no le preocupa que alguien tenga 14 armas en La Legua, inscritas regularmente en un mismo domicilio".

Otro de los puntos que abordaron los parlamentarios fue la escasa o nula coordinación entre los distintos actores del Estado. En esta instancia, el intendente Claudio Orrego dio como ejemplo de esta situación que el Ministerio de Vivienda demolió edificios en Bajos de Mena, lo que se tradujo en tomas de terreno que duraron entre seis y siete años. También "aseveró que un caso emblemático de sobreintervención y descoordinación pública es La Legua. Ejemplificó que el Ministerio de Desarrollo Social detectó a mediados de 2014 que un niño tenía once sicólogos distintos, financiados por diferentes programas públicos", constata el documento de la Cámara. En tanto, Juan Faúndez, subsecretario de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, indicó en la instancia que lugares como La Legua o Bajos de Mena solamente fueron concebidos desde una mirada habitacional, "no con una visión multidimensional". Agregó a los diputados que hasta 2014 "había una oferta sectorizada y no coordinada". Por su parte, el fiscal regional Sur, Raúl Guzmán, criticó que la Defensoría, al momento de establecer suspensiones condicionales del procedimiento, no apoye la realización de acciones comunitarias que ayuden a la reinserción.

Las autoridades invitadas a la instancia señalaron que no existe una real y coordinada evaluación de los planes que se aplican en los barrios críticos. Así, el subsecretario (s) de Prevención del Delito, Rodrigo Asenjo, indicó que hasta el primer semestre del año pasado solamente se hacía una rendición de cuentas de los recursos de los programas, "lo que no constituye una verdadera evaluación de sus resultados". Ante los diputados agregó que "las intervenciones sicosociales son tremendamente importantes, pero difíciles de evaluar porque requieren de un esfuerzo adicional frente a un plan de rescate de un espacio público". Por otro lado, el general inspector Víctor Herrera Pintor, director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, explicó, de acuerdo con el documento de la Cámara, que "se ha participado en varias reuniones para evaluar el eje de los programas en lo social y el eje de los programas en lo situacional (...) Acotó que si bien existe una metodología, considerarla válida es un tema que probablemente requiere discusión y distintas miradas". En tanto, el alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría, señaló, según el informe, que "los avances en desarrollo social y urbano se ven opacados por el terror impuesto por los narcos y los ataques al alumbrado público".