Un barrista infiltrado en La Moneda

Pablo Morales Rojas (46) camina impaciente por el hall de acceso de la Intendencia Metropolitana mientras habla por celular. Ese día no llegó a trabajar a su oficina ubicada a pocos metros, en la Subsecretaría del Interior. Su traje negro, camisa blanca y corbata oscura le permiten sortear sin inconvenientes los controles de seguridad y pasar desapercibido frente a las cámaras de televisión que a esa hora se encuentran en el lugar esperando conocer las medidas de seguridad para el superclásico entre la Universidad de Chile y Colo Colo.

Lo acompaña un hombre que viste la camiseta de la U. Se trata del "Loco John", Osvaldo Figueroa Urrutia, un reconocido miembro de "Los de Abajo" y del grupo "Románticos Viajeros", que en 2004 fue vinculado al ataque contra el vehículo de Arnaldo Espínola, ex defensor paraguayo agredido tras la eliminación del equipo del torneo local. Por casi tres horas, Morales y Figueroa esperaron para interceptar a uno de los integrantes del Programa Estadio Seguro.

¿Qué buscaban? Presionar para que se autorizara el ingreso de bombos al estadio, objeto que el gobierno había restringido por medidas de seguridad. "Él quería influir en el permiso de la intendencia. Estuvo haciendo guardia durante toda la reunión, según constata un video en el acceso", relató Diego Sazo, asesor del gabinete de la Subsecretaría del Interior, durante una investigación administrativa abierta contra Morales por faltas a la probidad administrativa.

El incidente registrado en marzo de 2015 es sólo una de las varias polémicas que registra este funcionario público y aguerrido barrista de la Universidad de Chile. Militante del PPD e histórico dirigente sindical de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Servicios del Ministerio del Interior, Pablo Morales ingresó a la subsecretaría el 2006 y desde esa fecha trabaja en el Departamento de Remuneraciones.

Su nombre se ha convertido en un dolor de cabeza para Interior. En abril de 2017 se le aplicó una medida disciplinaria que consistió en la suspensión de su cargo por tres meses, luego de que en 2015 y 2016 enfrentara sumarios administrativos por "realizar gestiones a favor de barristas del equipo de fútbol Universidad de Chile". Además, fue indagado por el mal uso de la credencial del Ministerio del Interior para entrar a los estadios, y en otra ocasión, por intentar influir en Carabineros -invocando su lugar de trabajo en el gobierno- para evitar el arresto de su hijo, luego que éste tratara de ingresar a un partido con la cédula de identidad de un tercero.

Como vicepresidente del grupo "Románticos Viajeros", en septiembre de 2015 reconoció haber convocado "a marchas contra el Plan Estadio Seguro y contra el fútbol de mercado (...), porque es un plan implementado a espaldas de la gente y quienes lo implementaron no saben nada de fútbol". Así lo declaró en la causa administrativa.

Para los equipos a cargo de la seguridad de los estadios, Pablo Morales no es un desconocido. Y así lo hizo saber el directivo de la Universidad de Chile Eduardo Álamos, gerente de Desarrollo y Finanzas del club, quien declaró en la causa por mal uso de credenciales, que "él era de la barra dura de Los de Abajo", razón por la que encargó "a un camarógrafo que lo siguiera para conocer cómo burlaba los controles de seguridad".

Según el sumario, Morales hizo mal uso de la credencial de Interior para hacer ingreso a los partidos de su equipo y, al menos en dos encuentros -contra Emelec por la Copa Libertadores y contra la Universidad Católica en el torneo local- se sorprendió a Morales "realizando gestiones a favor de barristas del equipo Universidad de Chile". En concreto, permitir su ingreso al estadio mostrando su identificación del Ministerio del Interior. También ocupaba sus horas de trabajo para estos efectos. Un testimonio relata que en marzo de 2015 interceptó en La Moneda al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, para hacerle ver sus demandas.

La seguidilla de roces entre el equipo y este barrista tuvo uno de sus momentos más tensos el 13 de febrero de 2015. Felipe de Pablo, subgerente de operaciones y jefe de seguridad del club, relató que "para el partido con Unión Española tuvimos un enfrentamiento. Lo que sucedió fue que en el sector de palco nos llama un guardia de seguridad que avisa que viene una persona de terno a encarar duramente a un hijo de Carlos Heller (presidente de la concesionaria Azul Azul). Una vez finalizado el partido yo me dirijo a esa persona, que se encontraba en el sector de palco y le preguntó cómo había llegado a ese lugar. Esta persona no pudo explicarme razonablemente cómo llegó ahí, ni siquiera me exhibió su entrada".

Según declaró Pablo Morales en el expediente sumarial que abrió el ministerio, "las entradas que recibía me las regalan en la Municipalidad de La Cisterna, donde está el Centro Deportivo Azul (CDA). La U le regala entradas al municipio. También el jefe de gabinete de la Subsecretaría del Deporte me regala entradas y en más en alguna oportunidad las entradas que han llegado a Presidencia, para el palco presidencial, me las regalan las secretarias".

Tras un año de investigación, el 24 de junio de 2016, Aleuy aplicó la medida disciplinaria de destitución contra Morales, tal como lo recomendaba el fiscal administrativo Gabriel Gatica. Sin embargo, el 29 de agosto de 2016, el ministro del Interior, Mario Fernández, optó por rebajar la sanción al dejar "sin efecto la medida disciplinaria de destitución" y aplicar en su reemplazo la "suspensión del empleo por tres meses, con goce de un 50% de remuneración" para el funcionario.

Entre los antecedentes que esboza el ministro Fernández para tomar esta decisión se encuentra un recurso de apelación que presentó el abogado ligado al PPD Samuel Donoso, defensor en el caso SQM del ex gerente general Patricio Contesse. En el texto, el defensor asegura que "los hechos objeto del sumario carecen del mérito suficiente para constituir siquiera una medida disciplinaria". Asimismo, enfatiza que los cargos deben ser rechazados por imprecisos y "porque no guardan relación con la probidad administrativa, en tanto los hechos imputados ocurrieron en un estadio de fútbol en su tiempo libre".

La decisión que tomó el jefe de gabinete sorprendió a funcionarios de Interior y Estadio Seguro, quienes buscaban erradicar una práctica que, según dicen, se expande en todas las regiones del país.

Consultado al respecto, el ministro Fernández declinó referirse al tema, ya que, dijo, sus fundamentos se encuentran plasmados en el expediente.

El caso de Pablo Morales no es un hecho aislado en el gobierno. El mail que el 13 de marzo de 2015 recibió Diego Sazo, asesor de la Subsecretaría del Interior, de parte de un funcionario de Estadio Seguro, encendió las alarmas en Palacio. En el correo se advertía sobre la "serie de notificaciones por parte de la Universidad de Chile y otros equipos respecto de personas con credencial del Ministerio del Interior en los estadios, que hacen uso de éstas para ingresar y circular libremente en los recintos", dice el documento al que accedió La Tercera.

Según la denuncia, el funcionario acusó que "esto se nos está transformando en un problema, ya que somos nosotros quienes debemos dar explicaciones por personas que no son funcionarios de Estadio Seguro. Si bien esta situación toma lugar principalmente en Santiago, también sucede en regiones".

Sobre este tema, el jefe de la División de Prevención y Seguridad en Eventos Masivos del gobierno, José Roa, declaró en una causa administrativa que "somos muy sensibles a esto, porque hay gente que se autodenomina Estadio Seguro y también porque un ex funcionario de la Subsecretaría de Prevención del Delito fue desvinculado de la institución por mal uso de la credencial". En la unidad señalan que, además, habría otro funcionario público investigado por prácticas similares en Valparaíso, tras ser vinculado a incidentes dentro de un recinto deportivo. Interior también conoció el caso de un funcionario de Obras Públicas que habría estado ligado a hechos similares.

Fueron estos antecedentes los que obligaron a La Moneda a tomar medidas. Una de ellas consistió en una circular emitida por Aleuy en 2015, a días del inicio de la Copa América, para recordar que ningún miembro de la Subsecretaría del Interior puede invocar su calidad de funcionario para ingresar a los partidos de fútbol.

El mal uso de credenciales no es lo único que mantiene en alerta a Estadio Seguro. En el organismo advierten sobre la falta de control y excesiva entrega de entradas de cortesía que los equipos hacen llegar a distintas personas, incluidas las intendencias, que son las que aplican sanciones por fallas en la seguridad. Esto genera que en algunos partidos exista un sobrecupo de hinchas en los estadios, como ocurrió en mayo pasado, en la final del campeonato, donde la Universidad de Chile tuvo un sobreaforo cercano a las 1.000 personas. Estadio Seguro deberá definir si abre una causa contra el club.