Bombas: aplican ley antiterrorista contra okupa
<p>Gobierno se querelló contra Diego Ríos, presunto distribuidor de pólvora para atentados. También presentó requerimiento por el ataque al Hotel Marriott, ocurrido en Las Condes.</p>
Mientras las policías y los fiscales especiales a cargo de las indagaciones por los atentados explosivos que se han agudizado en los últimos meses prosiguen con las pesquisas, el Ministerio del Interior presentó un requerimiento por ley antiterrorista en contra del joven anarquista Diego Ríos González, sospechoso de ser el distribuidor de la pólvora negra de fabricación casera presente en el ataque a una farmacia de la comuna de Las Condes, en marzo de este año.
Ríos (de 22 años) permanece prófugo desde junio pasado, cuando en el departamento que habitaba junto a su madre, en el centro de Santiago, se encontraron cuatro kilos de pólvora negra, detonadores y otros insumos para la fabricación de bombas.
Desde que pasó a la clandestinidad, la figura del joven okupa ha aparecido regularmente en rayados callejeros y lienzos de tipo antisistémicos, desplegados en algunos planteles universitarios.
El gobierno también presentó otras dos querellas por ley antiterrorista. Ambas relacionadas con los ataques explosivos: una en contra de Cristián Cancino, presunto contacto de Ríos para la colocación del artefacto en la farmacia de Las Condes, y, la segunda, por el ataque en el hall del Hotel Marriott.
Dicho artefacto fue colocado la mañana del miércoles 3 de noviembre por un sujeto caracterizado con barba postiza, abrigo largo y un vistoso sombrero negro. Luego de ser instalado en el baño del hotel, el objeto fue sacado al exterior por los guardias del recinto, pero detonó segundos después, destruyendo los vidrios de una sucursal bancaria, dejando un vigilante herido y varias personas con trauma acústico.
Junto al artefacto, Carabineros encontró un panfleto hecho con letras recortadas: "Los ataques de este tipo continuarán, se incrementarán y agudizarán... cuidado", texto que fue citado en la querella.
Mientras, la Subsecretaría del Interior informó que estudia la presentación de una querella por Ley de Seguridad del Estado en el caso del falso aviso de bomba que el pasado jueves 19 desató el colapso al interior de la estación Baquedano del Metro. Los bombazos han generado fuertes críticas del gobierno contra la Fiscalía Oriente, debido a los escasos resultados obtenidos.
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